Aplaza CFC fallo sobre dominancia

La Comisión Federal de Competencia (CFC) aplazó la emisión de la resolución definitiva sobre el expediente de dominancia en el mercado de terminación de llamadas en redes móviles, es decir, el servicio que prestan estos operadores en sus redes a otros concesionarios de telefonía local y de larga distancia para que sus clientes se comuniquen a números celulares. El pleno del órgano antimonopolio tenía programado emitir la resolución definitiva de este asunto en la sesión del 20 de septiembre de este año, sin embargo, la secretaría Ejecutiva de la CFC solicitó llegar a una prórroga. El 6 de junio de 2008, la CFC emitió una resolución preliminar sobre este expediente en la cual declaró a Telcel, Iusacell, Unefon y Telefónica como operadores con poder sustancial en el mercado de servicios de terminación conmutada prestados en sus redes móviles a los demás concesionarios de servicios locales y a los concesionarios de larga distancia. Los argumentos de la CFC fueron que estos operadores tienen capacidad e incentivos para restringir la oferta unilateralmente y fijar precios, pues los servicios de terminación en una red móvil sólo pueden ser prestados por el concesionario de dicha red. De acuerdo con la CFC, los servicios relevantes son el resultado del establecimiento del esquema tarifario “el que llama paga”, modalidad que presenta diversas fallas del mercado, como por ejemplo, como que los usuarios que llaman a una red móvil no tienen opción de elegir al operador que terminará esa llamada en su destino. Además los concesionarios de telefonía local y de larga distancia no tienen la capacidad para reaccionar frente al nivel y los incrementos de las tarifas de estos servicios relevantes. De las seis primeras investigaciones de dominancia iniciadas por la CFC entre 2007 y 2008, ésta es la única pendiente de tener el dictamen definitivo correspondiente. En este expediente Telcel también pidió la recusación del presidente de Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, adicionalmente al de la multa por 12 mil millones de pesos, pero en este caso el pleno no concedió la solicitud de la empresa. Angelina Mejía Guerrero, El Universal, 28 de septiembre.