Denuncian 200 casos de arraigo con tortura en cuarteles militares en 2010

Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expresó que el año pasado se documentaron 200 casos de arraigo en cuarteles militares, en los que ha habido tortura. Al presentar el foro sobre reforma penitenciaria y arraigo, que organizará el Senado, Gutiérrez expresó que en Tabasco, Baja California e Hidalgo se han dado estos casos. “Nos preocupa muchísimo dentro de las condiciones de detención, que haya personas que se arraigan en cuarteles e instalaciones militares, una situación que afecta al Estado democrático de derecho. “La figura del arraigo afecta derechos fundamentales, afecta la Constitución, el Estado mexicano lo ha defendido por ser una figura necesaria en el combate a la delincuencia organizada; sin embargo, hay más de diez iniciativas en estos momentos que algunos senadores están impulsando, entre ellos el senador Zalvidea, y creemos que el foro va a dar muchos insumos para abrir el debate legislativo”. de lo que tiene que suceder a más tardar, tarde o temprano, la eliminación de la figura del arraigo de la Constitución, porque contradice el artículo primero constitucional”. Refirió que debido a la opacidad en la información respecto a los arraigos, es muy difícil determinar cuántas personas han estado arraigadas en cuarteles militares. En tanto, Ricardo Sepúlveda, director del Centro Jurídico de Derechos Humanos, expresó que es urgente una reforma penitenciaria de fondo. Indicó que se tiene que poner especial atención a temas como los jueces de ejecución y la prisión preventiva. “La prisión preventiva, tal como se maneja en México, es una violación a la presunción de inocencia, porque se maneja como regla, es decir, dada la legislación y dada la discrecionalidad que tienen los jueces es que proceda la prisión preventiva y esto no solamente conlleva violación a derechos humanos, sino que genera una serie de problemáticas dentro de las cárceles, porque de la misma manera se trata a procesados como a sentenciados, porque genera un gran hacinamiento y es por lo tanto momento de revisar nuevamente algo que también está en la reforma constitucional en materia penal, que es la racionalidad con la que se debe aplicar la prisión preventiva por parte de los legisladores y por parte de los jueces”. Blanca Estela Botello, La Crónica, 22 de septiembre.

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