El Senado rechaza injerencia de Calderón

El pleno del Senado dio entrada ayer a la propuesta del presidente Felipe Calderón para anular la declaración interpretativa de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José) que habla de la protección de la vida a partir del momento de la concepción, y que se inscribe en el debate sobre la despenalización del aborto. De inmediato, legisladores de PRI, PRD y PT advirtieron que no aprobarán que se retire esa declaración interpretativa, aprobada en 1980, ya que ello reabriría un debate que va a fracturar más a la sociedad. Los priístas Francisco Labastida, Pedro Joaquín Coldwell y María de los Ángeles Moreno; la perredista Yeidckol Polevnsky, y el petista Ricardo Monreal advirtieron que se trata de una trampa del presidente Felipe Calderón para beneficiar electoralmente a su partido, el PAN. La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, fue cuestionada sobre ese tema por Monreal durante su comparecencia ayer en el Senado, y sostuvo que la solicitud para que ese órgano legislativo retire las reservas al Pacto de San José “se debe al hecho de que con la reciente reforma a la Constitución promulgada el 10 de junio de 2011 se reconocen los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que México es parte, con el mismo nivel de protección que los contenidos en nuestra Carta Magna y (…) el Ejecutivo ha estimado que no tiene sentido mantener esa declaración interpretativa”. Espinosa aseveró en la tribuna del Senado: “el retiro de esta declaración interpretativa no implica obligaciones adicionales a las que adoptó nuestro país al suscribir el Pacto de San José, ni tendría como consecuencia la modificación de las restricciones que actualmente establece la legislación penal mexicana en materia de delitos contra la vida. “Y en particular la regulación en materia de aborto, ya que la expresión ‘en general’ permite que la legislación civil y penal pueda preservar en concreto agravantes, atenuantes o excluyentes de responsabilidad respecto de los tipos penales con los que se tutele el derecho a la vida con plena soberanía, de los estados de la Federación, expresada en sus constituciones, leyes y disposiciones de los congresos”. Monreal le señaló: Si esta propuesta del gobierno federal busca allanar el camino de las entidades federativas que buscan aprobar legislaciones antiaborto, concretamente ¿es ése el propósito? ¿Éste es el fondo de la discusión? Es gravísima la afirmación de la canciller y la intención del gobierno, y el Senado no lo puede admitir, desde ahora le decimos, lo rechazaremos. En entrevista aparte, el priísta Labastida Ochoa recalcó que Calderón tiene un gran sentido de la oportunidad para meterse en problemas que no le tocan. La decisión en torno a penalizar o despenalizar el aborto está en el Poder Judicial, y ahí debe seguir. A su vez, el senador Joaquín Coldwell insistió que su partido, el tricolor, mantuvo esa declaración interpretativa, porque de lo contrario se propiciaría penalizar la interrupción del embarazo, ya que ello a lo que lleva es a criminalizar la pobreza y generar problemas dramáticos de salud pública para las mujeres. Agregó que lo que el Ejecutivo federal busca es ganar el voto de segmentos afines a su partido. Igualmente, la senadora Moreno Uriegas previno que el Presidente de la República no debe tener sesgos en favor de ningún grupo, y menos cuando la discusión es en torno a derechos de las mujeres. Consideró que congruente con sus principios laicos, el PRI no puede avalar la propuesta de Calderón. Igualmente la senadora perredista Yeidckol Polevnsky dijo que su bancada va a rechazar la propuesta de Calderón, quien, en lugar de meterse en líos e interferir en problemas que no le corresponden, debería resolver los asuntos fundamentales del país. El presidente de la Comisión de Salud, el senador panista Ernesto Saro, señaló que el blanquiazul está en favor de que se penalice el aborto. En la Constitución está muy claro, hay condiciones en las cuales el aborto no se penaliza, pero éste siempre seguirá siendo delito. Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, 28 de septiembre.