La Corte dejó intacta ley antiaborto de BC

Con el esperado voto de Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el sentido de que los concebidos no nacidos tienen derecho a vivir, la Suprema Corte de Justicia dio libertad a las legislaturas estatales para decretar normas antiaborto. El de Pardo fue el cuarto sufragio en contra del proyecto del ministro Fernando Franco, quien propuso declarar ilegal la reforma constitucional en Baja California que protege la vida desde la concepción, por encima de los derechos reproductivos de las mujeres, la cual fue catalogada por el ministro Arturo Zaldívar como “profundamente inmoral e injusta”, porque criminaliza a las mujeres, sobre todo a las más pobres, “y las condena a la cárcel, a la clandestinidad y a poner en riesgo su salud y su vida”. Este precepto fue respaldado, además de Pardo, por los tradicionalistas Salvador Aguirre, Guillermo Ortiz y Margarita Luna Ramos, quien volvió a pedir la palabra no para reforzar sus argumentos jurídicos, sino para ofrecer aclaraciones a quienes la han criticado en horario estelar de televisión, después de haber votado en 2008 a favor de la tarea legislativa que despenalizó el aborto en el DF… Los cuatro votos fueron suficientes para dejar intacta la reforma bajacaliforniana, pues de acuerdo con la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Carta Magna —el que aborda las tareas de la Corte—, para decretar la invalidez de normas impugnadas se requiere al menos el respaldo de ocho de los once ministros del Pleno. Así, la mayoría simple de 7-3 por la inconstitucionalidad, resultó inoperante para la protección de los derechos reproductivos de las mujeres, el argumento más repetido entre los ministros que respaldaron la conclusión de Franco: Zaldívar, el presidente Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Luis María Aguilar y Sergio Valls. Aunque hoy comenzará a discutirse otro caso, el de San Luis Potosí, y podrían presentarse otros a mediano plazo, lo resuelto ayer por la Corte avaló desde una perspectiva práctica las modificaciones constitucionales en 18 entidades del país que ya han establecido la protección absoluta a la vida prenatal, desde la concepción e incluso desde la fecundación. Además, con el argumento de la libre configuración, se facultó a los Congresos locales para decidir, conforme a sus ideologías partidistas, religiosas o morales, en qué momento comienza la vida. El sentido del dictamen también evidenció que, con el ingreso de Pardo Rebolledo en lugar del fallecido José de Jesús Gudiño Pelayo —consumado desde el mes de febrero, aunque este fue el primer caso de gran impacto social desde entonces—, la Corte entró en una nueva etapa de conservadurismo en cuanto al análisis de leyes refutadas. Pardo cantinfleó: “Se dice en el estudio (de Franco) que en el momento en que se reconocen derechos a un grupo, de manera automática se le están restringiendo a otro grupo con derechos distintos… Tal vez sea así, pero el hecho de ampliar el ámbito de protección para un grupo, no restringe el derecho de los demás”. Y: “Como está redactado el precepto de Baja California, pareciera que no admite excepción alguna, y que está establecido como un derecho que debe sobreponerse a cualquier otro. Sin embargo, es muy difícil que la Constitución establezca excepciones en su propio texto”. En cambio, Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que los derechos humanos establecidos a nivel de la constitución federal y de los tratados internacionales y el concepto de persona “no son disponibles para los estados…, que sí pueden ampliar derechos, siempre y cuando no afecten otros”. Pugnó porque las mujeres no sean consideradas un simple instrumento reproductivo y por el derecho de éstas a interrumpir el embarazo, para frenar el “círculo de marginación y discriminación… El aborto no es un hobby para ellas, sino un drama al cual llegan en situaciones que ni siquiera podemos imaginar”. El ministro presidente Silva Meza alertó que “en la exposición de motivos se revela la intención del constituyente local de reprimir, en el ámbito penal, cualquier conducta que atente contra la vida del concebido no nacido”, pero su advertencia fue insuficiente para sensibilizar a los “duros”. Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 29 de septiembre.