Propone FCH nuevo modelo de justicia penal

El presidente Felipe Calderón Hinojosa propuso al Congreso un nuevo sistema de justicia penal que instaura el juicio oral público y videograbado, derechos de las víctimas, detenciones urgentes sin orden de un juez, y facultades a policías que hoy son exclusivas de los Ministerios Públicos. La iniciativa de Código Federal de Procedimientos Penales que envió el Ejecutivo a los Diputados incluye candados a difusión de los juicios en caso de que la víctima corra riesgo, o en delitos como el secuestro. El Presidente también propone resguardar y respetar la decisión de los inculpados o señalados de un delito para ser presentados públicamente. Incluye la figura de recompensa y medidas cautelares a favor de las víctimas, así como la facultad a policías para obtener información que le ayude a indagar un caso. Los particulares inconformes con una inacción del Ministerio Público podrán abrir un proceso penal, una capacidad que estaba reservada al fiscal, y plantea un esquema para resolver procesos mediante acuerdos. El proyecto que cambia desde los cimientos la investigación de delitos y la forma de llevar los juicios penales llegó a San Lázaro junto con una propuesta de impacto presupuestal, en el que tan sólo la Procuraduría General de la República (PGR) da cuenta de que requerirá de una ampliación de dos mil 24 millones de pesos y el Poder Judicial de la Federación estima que en los próximos cinco gastos anuales necesitará incrementos de 18% a 42%, respecto del gasto programado en 2010. Rediseño Calderón Hinojosa afirma que ese rediseño de los procedimientos de la justicia penal incluye las reflexiones de los Diálogos por la Seguridad, en los que las víctimas plantearon requerimientos que garantizan sus derechos como parte ofendida, y facilitan y aseguran la reparación del daño sufrido. Hay una actualización tecnológica en los procedimientos, que toman en cuenta las formas digitales de documentación e información, así como los recursos multimedia, para, por ejemplo, registrar escenas en las que se cometieron delitos, y que tengan validez en los juicios. El cambio a 595 artículos de la legislación, asegura, modificará el ánimo de la sociedad, “porque en la medida en que se reestructuren las instituciones, mejorará el desempeño” de las autoridades que intervienen en un caso penal. Afirma que disminuirán los márgenes de arbitrariedad y que es posible con el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, un sistema de justicia “eficaz, que satisfaga la necesidad social de resolver los conflictos jurídicos penales con certeza, transparencia y con respeto a los derechos humanos”. Crea los juicios orales, con jueces especializados en esta modalidad y los provee de herramientas para actuar con equidad y transparencia. Una de las partes más detalladas contiene los derechos de las víctimas, un compendio de más de 40 puntos. Destaca: el ser iguales ante la ley, el respeto a la dignidad de su persona, a su intimidad, a ser escuchados. Una víctima menor de edad debe gozar de la protección de los derechos constitucionales. Se reconocen sus derechos a la reparación del daño sufrido, a que se le proporcionen atención médica, sicológica, y a identificar al victimario (imputado) sin riesgo para quien fue ofendido, y deberá ser protegido de riesgos de ataques en su contra. Juan Arvizu, El Universal, 23 de septiembre.