Salen tuiteros de la prisión

VERACRUZ.- Después de casi un mes de haber estado encarcelados, María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, quienes fueron acusados de terrorismo y sabotaje por escribir mensajes en sus redes sociales, abandonaron ayer el Penal de Pacho Viejo. Su liberación se dio luego de que la Procuraduría General de Justicia del estado se desistiera de la acusación de terrorismo y sabotaje, que les imputó porque presuntamente difundieron en Facebook y Twitter información falsa de un ataque de grupos del crimen organizado a escuelas, que generó una histeria colectiva en el Puerto y su área conurbada. El desistimiento fue anunciado por la mañana por el Gobernador Javier Duarte a través de su Twitter, en el que señaló que esta acción se hacía porque el Congreso del Estado aprobó el martes pasado una nueva figura delictiva que sanciona la conducta que se les atribuyó, pero con una sanción mucho menor a la que establece el terrorismo. Por la tarde, la Procuraduría estatal emitió un boletín de prensa en el que indicó que el desistimiento se hizo como un acto de buena fe del Ministerio Público ante la existencia del nuevo ilícito. "La presentación del oficio PGJ/OP/6340/2011, con fecha 21 de septiembre de este año, se da con fundamento en los principios de buena fe, legalidad, honradez, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, indivisibilidad, jerarquía y autonomía que rigen la actuación del Ministerio Público", justificó. A Bravo Pagola la esperó afuera del penal su hijo Francisco Bravo, ex delantero de los Tiburones Rojos, mientras que a Martínez Vera lo recibió su mamá Anita Vera Marceles. Fidel Ordóñez, abogado de los inculpados, aseguró que fue gracias a la presión nacional e internacional que se hizo sobre el caso, lo que obligó a las autoridades locales a reconocer que se excedieron al acusar a sus clientes de terrorismo y sabotaje. "Debemos de recordar que la presión fue ejercida por Amnistía Internacional, por la asociación Artículo 19 y muchas, muchas, asociaciones de Alemania, de Francia, de Italia, protectoras de los derechos humanos, de África inclusive, de Yugoslavia, de todo el mundo llegaron correos electrónicos pidiendo la liberación de nuestros defendidos", dijo. El abogado indicó que a sus defendidos no se les podrá acusar por el delito de perturbación del orden público, que fue aprobado el martes por el Congreso del Estado, debido a que ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de las personas. "Es imposible que se les puedan fincar cargos por el nuevo delito, porque la conducta que se les atribuye es anterior y la figura jurídica es posterior a los supuestos hechos que se supone se llevaron a cabo por Maruchi y Gilberto", explicó. Rolando Herrera enviado, Reforma, 22 de septiembre.