Se divide Corte en debate por aborto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila una cerrada votación para decidir si inválida o no la reforma de 2008 a la Constitución de Baja California, que protege la vida desde la concepción y reconoce todos los derechos de una persona al no nacido. La definición podría darse en la sesión de hoy, en que se conmemora el Día Internacional de lucha por la Despenalización del Aborto, pues ya cinco de los 11 ministros se han pronunciado por la inconstitucionalidad de la reforma y tres por su validez. Al tratarse de una acción de inconstitucionalidad se requieren ocho votos para anular la reforma, por lo que si otro ministro se pronuncia en contra del proyecto se desestimaría la impugnación al artículo 7 de la Constitución de Baja California y éste seguiría vigente. Las dos únicas mujeres que integran el pleno de la Corte, Margarita Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero, expresaron ayer posturas opuestas sobre el proyecto del ministro Fernando Franco González Salas, que propone invalidar la reforma, por ser contraria a la Constitución federal y vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres. Luna Ramos —que votó a favor de la despenalización del aborto en el DF en 2008— se pronunció contra el proyecto, con el argumento de que el precepto que protege la vida desde la concepción es una norma optativa, o de libre configuración. Esto implica, explicó, que las entidades federativas pueden o no legislar sobre este tipo de normas, según lo consideren conveniente, pues la Constitución federal no lo prohíbe y tampoco define en qué momento comienza la vida o quién posee o no el carácter de persona. La ministra cuestionó por qué no se puede establecer la protección al no nacido, y, de hacerlo, cuál es el derecho de las mujeres que se vulnera. Sostuvo que el derecho a interrumpir el embarazo no está contenido en la Constitución, ni en tratado internacional alguno, pues el artículo 4 constitucional únicamente establece a la planificación familiar, de manera responsable e informada. “Si nosotros entendemos que aquí se encuentra el derecho de las mujeres para interrumpir el embarazo, pues entonces creo que también está establecido el derecho al infanticidio. ¿Por qué? Pues porque dice que en todo caso tiene derecho a espaciar a sus hijos. No, creo que no, aquí lo único que se nos está estableciendo como derecho es la planificación familiar”, manifestó. En el extremo opuesto, y con un tono de voz inusualmente alto, la ministra Sánchez Cordero se pronunció en favor del proyecto. Aseguró que la reforma sí viola los derechos de las mujeres y vulnera el principio de supremacía constitucional y la unidad del régimen de protección de derechos, “que debe protegernos por igual a todas y a todos a lo largo y ancho del territorio”. “Las entidades federativas pueden expandir sus derechos fundamentales, pueden profundizarlos, siempre que no impacten horizontalmente el régimen de derechos humanos en su conjunto”, sostuvo. Aseguró que la reforma de Baja California genera incertidumbre, por ejemplo, en el uso de métodos anticonceptivos como el DIU o la píldora del día siguiente, en los que se puede concretar la fecundación, pero se impide la implantación del óvulo fecundado, y las usuarias no tienen posibilidad de saber cuándo ocurre una cosa y cuándo la otra. “Habrá ocasiones en que inhiban la fecundación, habrá otras en que inhiban la implantación, y en consecuencia puede llegar a considerarse que privan de la vida a otro”, dijo. Esa falta de certeza, advirtió, generará un efecto inhibitorio en las mujeres, que optarán por no ejercer su derecho a la anticoncepción ante la incertidumbre de estar incurriendo en un ilícito, señaló. El otro ministro que intervino en la sesión fue Guillermo Ortiz Mayagoitia —quien era presidente de la Corte en 2008, cuando el pleno aprobó la despenalización del aborto en el DF—, y se pronunció en contra. En su exposición, recordó que el precepto impugnado es casi idéntico al artículo 22 del Código Civil federal vigente desde 1928, que también protegía la vida desde la concepción, y aseguró que esa protección es por igual, para los nacidos que para los no nacidos. “Toda persona comenzó su vida propia e individual con la concepción, no hay un solo ser humano que no haya sido concebido. Muere el embrión sin que muera la madre, evidencia de una vida independiente a la que el derecho mexicano le ha reconocido protección desde el siglo XIX”, dijo. Rechazó además que la protección a la vida desde la concepción signifique por sí misma un atentado contra el libre ejercicio de la sexualidad y las capacidades reproductivas. Las voces que faltan De los tres ministros que faltan por intervenir en los debates, el voto decisivo en este caso será muy probablemente el de Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien llegó a la Corte en febrero pasado y cuya opinión sobre el tema se desconoce, pues nunca se ha pronunciado al respecto. En el caso de Juan Silva Meza y Arturo Zaldívar, se prevé que votarán por la invalidez de la reforma, aunque, como ha ocurrido con los otros cinco que han apoyado el proyecto, es probable que lo hagan con argumentos diferentes. Silva Meza fue uno de los ocho ministros que en 2008 apoyó la despenalización del aborto y, aunque en este caso la norma impugnada se refiere a la protección de la vida, sus posturas en temas de derechos humanos son más cercanas a las de los integrantes del pleno que han respaldado el proyecto del ministro Fernando Franco González. En el caso de Arturo Zaldívar, aunque en 2008 todavía no se integraba a la Corte, es probable que comparta el sentido sobre la restricción de derechos. Sergio Valls y José Ramón Cossío se manifestaron ayer por la invalidez de la reforma, aunque con argumentos diferentes a los del proyecto, al cual formularon fuertes críticas, sobre todo en las consideraciones de que el no nacido no puede ser considerado persona jurídica. María de la Luz González, El Universal, 28 de septiembre.