Amnistía Internacional (AI) respaldó los resultados de las indagatorias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las muertes de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, de nueve y cinco años, respectivamente, el 3 de abril en un retén militar en la carretera al sur de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y sostuvo que “es esencial que el gobierno no debilite la investigación, sino que apoye una indagatoria penal civil completa e imparcial”.
“Este es un duro recordatorio de que todos los casos de violaciones de derechos humanos en los que se implica a personal militar deben ser investigados de manera minuciosa, transparente e imparcial, y juzgados por el sistema de justicia civil”, dijo Kerrie Howard, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización criticó al secretario Fernando Gómez Mont por su postura en torno al caso y subrayó que “ha llegado el momento de terminar con la protección ilimitada que otorga el sistema de justicia militar a los soldados y oficiales involucrados en violaciones de derechos humanos y que evita que rindan cuentas.”
Mencionó que la investigación de la CNDH concluyó que se había alterado la evidencia para apoyar la declaración no fundamentada por parte de los investigadores militares de que los niños Martín y Bryan Almanza Salazar fueron asesinados por narcotraficantes.
“La fabricación de la evidencia, señalada por esta investigación de la CNDH ilustra las graves fallas de las indagatorias militares y quizá explica por qué tan pocos casos son procesados, a pesar del incremento de acusaciones de abusos militares desde diciembre de 2006”, añadió la organización.
Fustigan declaración
Para Amnistía Internacional son preocupantes los comentarios del secretario de Gobernación ante los medios, al cuestionar la investigación de la CNDH. “Es esencial que el gobierno no debilite la investigación de la CNDH, sino que apoye una indagatoria penal civil completa e imparcial”, consideró la representante.
Afirmó que casi todos los presuntos abusos por parte de militares en México son investigados y juzgados por la jurisdicción militar, dejando a las víctimas y sus familiares sin acceso a la justicia.
Howard insistió en que la fabricación de la evidencia señalada por la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ilustra las fallas de las investigaciones militares y explica el escaso número de procesados, a pesar del incremento de acusaciones de abusos militares.
“La evidencia presentada por el reporte de la CNDH muestra que los investigadores militares ignoraron el hecho de que la evidencia fue alterada, y que las autoridades y oficiales militares de la Procuraduría General de la República (PGR) se negaron a cooperar con la investigación de la CNDH".
“Este es un duro recordatorio de que todos los casos de violaciones de derechos humanos en los que se implica a personal militar deben ser investigados de manera minuciosa, transparente e imparcial, y juzgados por el sistema de justicia civil”, dijo Kerrie Howard, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización criticó al secretario Fernando Gómez Mont por su postura en torno al caso y subrayó que “ha llegado el momento de terminar con la protección ilimitada que otorga el sistema de justicia militar a los soldados y oficiales involucrados en violaciones de derechos humanos y que evita que rindan cuentas.”
Mencionó que la investigación de la CNDH concluyó que se había alterado la evidencia para apoyar la declaración no fundamentada por parte de los investigadores militares de que los niños Martín y Bryan Almanza Salazar fueron asesinados por narcotraficantes.
“La fabricación de la evidencia, señalada por esta investigación de la CNDH ilustra las graves fallas de las indagatorias militares y quizá explica por qué tan pocos casos son procesados, a pesar del incremento de acusaciones de abusos militares desde diciembre de 2006”, añadió la organización.
Fustigan declaración
Para Amnistía Internacional son preocupantes los comentarios del secretario de Gobernación ante los medios, al cuestionar la investigación de la CNDH. “Es esencial que el gobierno no debilite la investigación de la CNDH, sino que apoye una indagatoria penal civil completa e imparcial”, consideró la representante.
Afirmó que casi todos los presuntos abusos por parte de militares en México son investigados y juzgados por la jurisdicción militar, dejando a las víctimas y sus familiares sin acceso a la justicia.
Howard insistió en que la fabricación de la evidencia señalada por la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ilustra las fallas de las investigaciones militares y explica el escaso número de procesados, a pesar del incremento de acusaciones de abusos militares.
“La evidencia presentada por el reporte de la CNDH muestra que los investigadores militares ignoraron el hecho de que la evidencia fue alterada, y que las autoridades y oficiales militares de la Procuraduría General de la República (PGR) se negaron a cooperar con la investigación de la CNDH".
Julián Sánchez, El Universal, 19 de junio.
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