El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont confirmó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, no interrumpe las investigaciones en curso de la PGR y la procuraduría estatal, por lo que el tema no está cerrado.
Dijo que hay 17 personas sujetas a procesos penales en el fuero federal y siete más en el local, y aseguró que la PGR revisará la responsabilidad de todos los funcionarios.
En conferencia de prensa, reconoció la importancia del informe Smith revelado por EL UNIVERSAL.
Consideró que un juez tendrá que valorarlo y aceptó que el documento perfila a una investigación “más seria” ante el esfuerzo de los padres para que se despeje o confirme la hipótesis.
Gómez Mont aceptó que antes del fallo acudió a la Corte para evitar que se señalaran responsabilidades de tipo ético y moral, pues actualmente el sistema legal sólo permite enjuiciar conforme lo que marca la ley.
Gómez Mont dijo que tan se entendió su argumento en la Corte que fue considerado y nueve ministros votaron en contra de que se estableciera esta responsabilidad.
Reconoció el derecho de los padres de familia a recurrir a instancias internacionales —como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU— y adelantó que en su momento el gobierno mexicano hará valer sus razones y “asumirá las resoluciones” de los órganos reconocidos jurídicamente
Dijo que hay 17 personas sujetas a procesos penales en el fuero federal y siete más en el local, y aseguró que la PGR revisará la responsabilidad de todos los funcionarios.
En conferencia de prensa, reconoció la importancia del informe Smith revelado por EL UNIVERSAL.
Consideró que un juez tendrá que valorarlo y aceptó que el documento perfila a una investigación “más seria” ante el esfuerzo de los padres para que se despeje o confirme la hipótesis.
Gómez Mont aceptó que antes del fallo acudió a la Corte para evitar que se señalaran responsabilidades de tipo ético y moral, pues actualmente el sistema legal sólo permite enjuiciar conforme lo que marca la ley.
Gómez Mont dijo que tan se entendió su argumento en la Corte que fue considerado y nueve ministros votaron en contra de que se estableciera esta responsabilidad.
Reconoció el derecho de los padres de familia a recurrir a instancias internacionales —como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU— y adelantó que en su momento el gobierno mexicano hará valer sus razones y “asumirá las resoluciones” de los órganos reconocidos jurídicamente
Ricardo Gómez, El Universal, 19 de junio.
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