La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Colombia a indemnizar a la familia del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 por agentes del Estado, y a “conducir eficazmente” las investigaciones para identificar, juzgar y sancionar a los responsables.
La Corte, cuya sede se encuentra en la capital costarricense, atribuyó al estado colombiano la responsabilidad del crimen, así como “la falta de debida diligencia de las autoridades para llevar a cabo las investigaciones”.
Por estas razones, los jueces reconocieron que tanto la víctima como sus familiares sufrieron cuantiosos daños materiales e inmateriales, en compensación de los cuales el gobierno de Bogotá deberá entregar a los parientes 340 mil dólares en un plazo máximo de un año.
La cifra total incluye 60 mil dólares por daños materiales; 245 mil por los “daños inmateriales” que sufrieron el senador, sus hijos biológicos y políticos, así como sus hermanos, y 35 mil dólares por gastos en que incurrieron los demandantes durante el litigio.
La sentencia también obliga al gobierno de Colombia “a adoptar medidas para garantizar la seguridad de los familiares del senador Manuel Cepeda Vargas, y a prevenir que deban desplazarse o salir del país nuevamente como consecuencia de actos de amenazas, hostigamiento o de persecución”, agrega el fallo.
Al momento de su asesinato, Cepeda era el único representante en el Senado de la izquierdista Unión Patriótica (UP), organización política ligada al Partido Comunista de Colombia.
El senador, comunicador social de profesión, fue ejecutado el 9 de agosto de 1994 en Bogotá, presuntamente en una operación coordinada entre el ejército y escuadrones paramilitares de derecha.
Según las investigaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, el asesinato de Cepeda se enmarcó en un “patrón de persecución y represión estatal” contra los miembros de esa agrupación política.
La Corte, cuya sede se encuentra en la capital costarricense, atribuyó al estado colombiano la responsabilidad del crimen, así como “la falta de debida diligencia de las autoridades para llevar a cabo las investigaciones”.
Por estas razones, los jueces reconocieron que tanto la víctima como sus familiares sufrieron cuantiosos daños materiales e inmateriales, en compensación de los cuales el gobierno de Bogotá deberá entregar a los parientes 340 mil dólares en un plazo máximo de un año.
La cifra total incluye 60 mil dólares por daños materiales; 245 mil por los “daños inmateriales” que sufrieron el senador, sus hijos biológicos y políticos, así como sus hermanos, y 35 mil dólares por gastos en que incurrieron los demandantes durante el litigio.
La sentencia también obliga al gobierno de Colombia “a adoptar medidas para garantizar la seguridad de los familiares del senador Manuel Cepeda Vargas, y a prevenir que deban desplazarse o salir del país nuevamente como consecuencia de actos de amenazas, hostigamiento o de persecución”, agrega el fallo.
Al momento de su asesinato, Cepeda era el único representante en el Senado de la izquierdista Unión Patriótica (UP), organización política ligada al Partido Comunista de Colombia.
El senador, comunicador social de profesión, fue ejecutado el 9 de agosto de 1994 en Bogotá, presuntamente en una operación coordinada entre el ejército y escuadrones paramilitares de derecha.
Según las investigaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, el asesinato de Cepeda se enmarcó en un “patrón de persecución y represión estatal” contra los miembros de esa agrupación política.
Milenio, 24 de junio.
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