El futuro político del candidato a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, también conocido como "Greg", se definirá este martes cuando el Juez Segundo de Distrito en Tepic, Nayarit, resuelva si le dicta auto de formal prisión por su presunta relación con el narcotráfico.
De acuerdo con el artículo 38 de la Constitución, un ciudadano pierde sus derechos políticos cuando está sujeto a un proceso criminal que merece pena corporal, contada a partir de la fecha del auto de formal prisión.
De concretarse la acusación en su contra, por delincuencia organizada, delitos contra la salud, en su modalidad de fomento, y lavado de dinero, Sánchez no podría representar a la coalición del PRD, PT y Convergencia en la elección del próximo 4 de julio.
Una vez que el juez anuncie su decisión, la Comisión Política del sol azteca se reunirá para analizar quiénes podrían sustituirlo.
El responsable de definir la situación jurídica del candidato a la gubernatura, es Carlos Alberto Elorza Amores, quien fue nombrado juez federal el 4 de junio de 2008, es decir, se trata de un impartidor de justicia que tiene menos de dos años de experiencia en el ámbito judicial.
El Juez Segundo de Distrito de Tepic ha tramitado, entre otros, el proceso contra 27 alcaldes y funcionarios acusados en 2009 de colaborar con "La Familia Michoacana", varios de ellos hoy libres; también lleva el juicio de los ex directores de Interpol, Ricardo Gutiérrez Vargas y Rodolfo de la Guardia García.
Otros de los casos relevantes de su juzgado son los procesos contra Gerardo Garay Cadena, ex jefe de la Policía Federal, acusado de colaborar con los Beltrán; el ex delegado y ex subdelegado de la PGR en Quintana Roo, Nicolás Hernández y Jesús Vega, y al secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Rocha, sospechosos de proteger a "Los Zetas". A ninguno le libró del juicio.
"Vamos a acompañar a Greg hasta donde los instrumentos jurídicos nos lo permitan, porque no podemos cometer el error de dejar a Quintana Roo sin candidato; sin embargo, creemos que eso no pasará", dijo ayer Miguel Barbosa, comisionado nacional del PRD.
Jesús Ortega, dirigente nacional del partido, afirmó que el sol azteca no ve como escenario otro candidato, pues confió en que el juez otorgue el auto de libertad.
"Al juez le presentamos evidencias suficientes para que pueda Gregorio salir en libertad. Estos testigos protegidos no hacen referencia de involucrar directamente a Gregorio como posiblemente involucrado en alguna actividad ilícita, ni siquiera los testigos hacen referencia a ello.
"Los abogados están hablando con las autoridades judiciales en Tepic, que tienen el caso, para demostrar que todo esto es una maniobra política, es una trampa para evitar que Greg gane las elecciones en Quintana Roo", indicó.
Ortega aseguró que conforme pasan los días hay más acusaciones contra Sánchez, sin que estén confirmadas, aunque consideró que es parte del mismo juego político contra el aspirante.
De acuerdo con el artículo 38 de la Constitución, un ciudadano pierde sus derechos políticos cuando está sujeto a un proceso criminal que merece pena corporal, contada a partir de la fecha del auto de formal prisión.
De concretarse la acusación en su contra, por delincuencia organizada, delitos contra la salud, en su modalidad de fomento, y lavado de dinero, Sánchez no podría representar a la coalición del PRD, PT y Convergencia en la elección del próximo 4 de julio.
Una vez que el juez anuncie su decisión, la Comisión Política del sol azteca se reunirá para analizar quiénes podrían sustituirlo.
El responsable de definir la situación jurídica del candidato a la gubernatura, es Carlos Alberto Elorza Amores, quien fue nombrado juez federal el 4 de junio de 2008, es decir, se trata de un impartidor de justicia que tiene menos de dos años de experiencia en el ámbito judicial.
El Juez Segundo de Distrito de Tepic ha tramitado, entre otros, el proceso contra 27 alcaldes y funcionarios acusados en 2009 de colaborar con "La Familia Michoacana", varios de ellos hoy libres; también lleva el juicio de los ex directores de Interpol, Ricardo Gutiérrez Vargas y Rodolfo de la Guardia García.
Otros de los casos relevantes de su juzgado son los procesos contra Gerardo Garay Cadena, ex jefe de la Policía Federal, acusado de colaborar con los Beltrán; el ex delegado y ex subdelegado de la PGR en Quintana Roo, Nicolás Hernández y Jesús Vega, y al secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Rocha, sospechosos de proteger a "Los Zetas". A ninguno le libró del juicio.
"Vamos a acompañar a Greg hasta donde los instrumentos jurídicos nos lo permitan, porque no podemos cometer el error de dejar a Quintana Roo sin candidato; sin embargo, creemos que eso no pasará", dijo ayer Miguel Barbosa, comisionado nacional del PRD.
Jesús Ortega, dirigente nacional del partido, afirmó que el sol azteca no ve como escenario otro candidato, pues confió en que el juez otorgue el auto de libertad.
"Al juez le presentamos evidencias suficientes para que pueda Gregorio salir en libertad. Estos testigos protegidos no hacen referencia de involucrar directamente a Gregorio como posiblemente involucrado en alguna actividad ilícita, ni siquiera los testigos hacen referencia a ello.
"Los abogados están hablando con las autoridades judiciales en Tepic, que tienen el caso, para demostrar que todo esto es una maniobra política, es una trampa para evitar que Greg gane las elecciones en Quintana Roo", indicó.
Ortega aseguró que conforme pasan los días hay más acusaciones contra Sánchez, sin que estén confirmadas, aunque consideró que es parte del mismo juego político contra el aspirante.
Érika Hernández, Reforma, 1º de junio.
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