Diecinueve estados mantienen estancada la implementación de la reforma constitucional penal aprobada en junio de 2008.
Las causas son la falta de acuerdos y de voluntad política, la carencia de recursos económicos y los tiempos electorales.
Así lo revela un diagnóstico de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), órgano administrativo desconcentrado de Gobernación, el cual detectó un grado de avance "poco significativo" o "no sistemático" en las 19 entidades: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, el Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
En contraste, Chihuahua, el Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas registran un avance "alto"; es decir que la entrada en vigor del sistema acusatorio, que se basa en la oralidad y solución alternativa de conflictos, se dio antes de la reforma del 18 de junio de 2008.
Carlos Mendoza, secretario técnico del grupo ciudadano evaluador del Acuerdo Nacional por la Seguridad, y Ana Laura Magaloni, especialista del CIDE, coincidieron en que el principal factor del estancamiento es la falta de liderazgo de la Setec.
Las causas son la falta de acuerdos y de voluntad política, la carencia de recursos económicos y los tiempos electorales.
Así lo revela un diagnóstico de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), órgano administrativo desconcentrado de Gobernación, el cual detectó un grado de avance "poco significativo" o "no sistemático" en las 19 entidades: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, el Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
En contraste, Chihuahua, el Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas registran un avance "alto"; es decir que la entrada en vigor del sistema acusatorio, que se basa en la oralidad y solución alternativa de conflictos, se dio antes de la reforma del 18 de junio de 2008.
Carlos Mendoza, secretario técnico del grupo ciudadano evaluador del Acuerdo Nacional por la Seguridad, y Ana Laura Magaloni, especialista del CIDE, coincidieron en que el principal factor del estancamiento es la falta de liderazgo de la Setec.
Antonio Baranda, Reforma, 1º de junio.
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