El Gobierno federal ha carecido de liderazgo para impulsar un plan integral de implementación del nuevo sistema de justicia, lo que ha provocado que las entidades apliquen modelos distintos o ni siquiera hayan iniciado el proceso de cambio, acusaron especialistas.
Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE, indicó que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia penal (Setec), encabezada por Felipe Borrego, nunca trazó una ruta crítica basada en la experiencia.
"Este órgano es muy débil. No nos tenemos que alarmar porque haya 19 estados que no han empezado a implementar la reforma, lo que nos debe alarmar es que cada uno esté empezando a su aire, es decir, sin que haya un proceso colectivo de aprendizaje.
"Lo más deseable es que se hubiera impulsado un plan de implementación integral donde se empezara con algunas entidades, poner a prueba esa reforma, afianzarla, y con ese aprendizaje ir a otros estados", comentó.
La especialista en sistemas judiciales recordó que una de las experiencias más exitosas en esta materia se registró en Chile, donde primero se instauró la reforma en las regiones "menos conflictivas", y cinco años después concluyó en Santiago, la capital.
Advirtió que si continúa la falta de liderazgo de la Setec y los procesos de implementación se siguen haciendo por separado, en un futuro será necesaria una segunda reforma que homologue los procedimientos de aplicación y actuación.
"Si cada uno experimenta por su cuenta no vamos a aprender de los errores, no vamos a ir domesticando la reforma que es muy complicada; esta reforma ya tiene grandes atorones en el proceso de implementación.
"No basta con que estén discutiendo los códigos, eso es solamente un 10 por ciento de la reforma. El resto es cómo cambias las conductas de los actores y eso requiere de políticas de reingeniería, de gestión, de capacitación, que no están siendo uniformes en el País", dijo.
Elías Huerta Psihas, Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, expuso que la Setec va caminando "lenta y sin eficacia", por lo que sus trabajos deben ser rediseñados.
De lo contrario, dijo, sus resultados estarán supeditados a los tiempos políticos o electorales y no a la planificación.
"En el último foro sobre la reforma penal hubo seis gobernadores que criticaron los trabajos de esta comisión; hablaron de que mientras estemos en tiempos electorales esto parece que no camina, me parece lamentable".
Carlos Mendoza, secretario técnico del grupo ciudadano evaluador del Acuerdo Nacional por la Seguridad, mencionó que la Setec no está cumpliendo con la encomienda de encabezar la articulación -en los estados- del andamiaje jurídico, programático y operacional de la reforma.
Explicó que este órgano de la Secretaría de Gobernación por lo menos debería facilitar a las entidades los modelos "tipo" de reglamentaciones secundarias, programas de estudio y códigos de procedimientos penales.
"Tiene que acercarse a los estados, no viceversa, tiene que haber un esfuerzo, este liderazgo moral se tiene que ir revalidando permanentemente al acercarse a las entidades y que puedan éstas sentir el apoyo de una instancia de orden nacional.
"Las entidades que no han implementado la reforma están con el tiempo muy corto, porque les quedan seis años como tiempo límite, pero este tipo de reformas requieren de más tiempo para madurarse", añadió.
Según un informe de la Setec, 19 entidades tienen un grado de avance "poco significativo" o "no sistemático" en la implementación de la reforma penal que se aprobó en junio de 2008.
Aprobados y reprobados
Relación de avances que sobre la implementación de la reforma penal presentan las distintas entidades:
Grupo I
Estados con grado de avance alto, cuya fecha de entrada en vigor del nuevo sistema fue antes de la reforma constitucional de 2008.
Grupo II
Estados con grado de avance medio, cuya fecha para iniciar los trabajos de implementación se da después de la reforma constitucional.
Grupo III
Estados con grado de avance incipiente que han realizado acciones que permiten suponer voluntad política de al menos uno de los poderes involucrados en el proceso.
Grupo IV
Estados con avance poco significativo o no sistemático.
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Coahuila
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Querétaro
- DF
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
- Campeche
- Quintana Roo
Grupo I:
Chihuahua
· Es el estado pionero en la reforma de justicia.
· Realiza programas que promueven la participación social para ayudar a la consolidación del nuevo esquema.
Estado de México
· Su instauración es gradual. 1 de octubre de 2009 en Tenango, Toluca, Lerma y Tenancingo; 1 de abril de 2010 en Chalco, Otumba y Texcoco; 1 de octubre de 2010 en Neza, El oro, Ixtlahuaca, Sutepec y Temascaltepec. 1 de abril de 2011 en Tlalnepantla, Cuautitlán y Zumpango. 1 de octubre de 2011 en Ecatepec, Jilotepec y Valle de Bravo.
Morelos
· Actualmente el proceso penal de corte acusatorio se encuentra vigente en 17 municipios.
Nuevo León
· Universidades, colegios y barras de abogados ya trabajan en la difusión de información sobre la oralidad y la justicia alternativa.
Oaxaca
· Su instauración ha sido gradual y terminará después de seis etapas. La última concluirá el 9 de septiembre de 2012 en la Cañada y la Sierra.
· El Poder Judicial capacita a la tercera generación de jueces.
Zacatecas
· Desde junio de 2008 se inició el proceso de selección de conciliadores, mediadores y facilitadores de salidas alternas de conflictos.
Grupo II:
Baja California
· Su implementación es gradual. El nuevo sistema ya se aplica en Mexicali, aunque el calendario para el resto de la entidad es 1 de febrero de 2011 en Ensenada; y 1 de febrero de 2012 en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.
· Cada dependencia que participa en el esquema mide sus indicadores.
Durango
· Tiene definido que la implementación será por distritos judiciales, empezando por aquellos con mayor número de expedientes. Empezó con el Distrito de Durango, y seguirá con el de Gómez Palacio.
Hidalgo
· Planea llevarla a cabo en cuatro etapas en sus 17 distritos judiciales.
· La primera se contempla para julio de 2010 en Pachuca; la segunda en julio de 2011 en Actopan, Atotonilco, Tula y Tulancingo; la tercera en julio de 2012 en Apan, Huichapan, Ixmiquilpan, Mextitlán, Mixquiahuala y Tizayuca; la cuarta en julio de 2013 en Huejutla, Jacala, Molango, Tenango, Zacuiltipan y Zimapan.
Grupo III:
Guanajuato
· Analiza una propuesta para que el nuevo sistema entre en vigor de forma simultánea en los 23 partidos judiciales que comprende el estado.
· Firmaron ayer la Ley Penal para el Estado de Guanajuato, que contempla la instauración del proceso acusatorio y oral.
Tabasco
· Aún no hay una estrategia definida de gradualidad, sin embargo, existe consenso para implementar la reforma en etapas.
· Se creó un Manual Básico de Operación Policial.
Tlaxcala
· Se plantea la posibilidad de que la implementación sea en dos etapas: primero en el Municipio de Apizaco, y después en Tlaxcala tomando en cuenta la incidencia delictiva.
Yucatán
· Se esboza un esquema de gradualidad dividido en dos etapas que comience en mayo de 2011 en los distritos judiciales de Tekax y Valladolid, y concluya en Mérida.
Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE, indicó que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia penal (Setec), encabezada por Felipe Borrego, nunca trazó una ruta crítica basada en la experiencia.
"Este órgano es muy débil. No nos tenemos que alarmar porque haya 19 estados que no han empezado a implementar la reforma, lo que nos debe alarmar es que cada uno esté empezando a su aire, es decir, sin que haya un proceso colectivo de aprendizaje.
"Lo más deseable es que se hubiera impulsado un plan de implementación integral donde se empezara con algunas entidades, poner a prueba esa reforma, afianzarla, y con ese aprendizaje ir a otros estados", comentó.
La especialista en sistemas judiciales recordó que una de las experiencias más exitosas en esta materia se registró en Chile, donde primero se instauró la reforma en las regiones "menos conflictivas", y cinco años después concluyó en Santiago, la capital.
Advirtió que si continúa la falta de liderazgo de la Setec y los procesos de implementación se siguen haciendo por separado, en un futuro será necesaria una segunda reforma que homologue los procedimientos de aplicación y actuación.
"Si cada uno experimenta por su cuenta no vamos a aprender de los errores, no vamos a ir domesticando la reforma que es muy complicada; esta reforma ya tiene grandes atorones en el proceso de implementación.
"No basta con que estén discutiendo los códigos, eso es solamente un 10 por ciento de la reforma. El resto es cómo cambias las conductas de los actores y eso requiere de políticas de reingeniería, de gestión, de capacitación, que no están siendo uniformes en el País", dijo.
Elías Huerta Psihas, Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, expuso que la Setec va caminando "lenta y sin eficacia", por lo que sus trabajos deben ser rediseñados.
De lo contrario, dijo, sus resultados estarán supeditados a los tiempos políticos o electorales y no a la planificación.
"En el último foro sobre la reforma penal hubo seis gobernadores que criticaron los trabajos de esta comisión; hablaron de que mientras estemos en tiempos electorales esto parece que no camina, me parece lamentable".
Carlos Mendoza, secretario técnico del grupo ciudadano evaluador del Acuerdo Nacional por la Seguridad, mencionó que la Setec no está cumpliendo con la encomienda de encabezar la articulación -en los estados- del andamiaje jurídico, programático y operacional de la reforma.
Explicó que este órgano de la Secretaría de Gobernación por lo menos debería facilitar a las entidades los modelos "tipo" de reglamentaciones secundarias, programas de estudio y códigos de procedimientos penales.
"Tiene que acercarse a los estados, no viceversa, tiene que haber un esfuerzo, este liderazgo moral se tiene que ir revalidando permanentemente al acercarse a las entidades y que puedan éstas sentir el apoyo de una instancia de orden nacional.
"Las entidades que no han implementado la reforma están con el tiempo muy corto, porque les quedan seis años como tiempo límite, pero este tipo de reformas requieren de más tiempo para madurarse", añadió.
Según un informe de la Setec, 19 entidades tienen un grado de avance "poco significativo" o "no sistemático" en la implementación de la reforma penal que se aprobó en junio de 2008.
Aprobados y reprobados
Relación de avances que sobre la implementación de la reforma penal presentan las distintas entidades:
Grupo I
Estados con grado de avance alto, cuya fecha de entrada en vigor del nuevo sistema fue antes de la reforma constitucional de 2008.
Grupo II
Estados con grado de avance medio, cuya fecha para iniciar los trabajos de implementación se da después de la reforma constitucional.
Grupo III
Estados con grado de avance incipiente que han realizado acciones que permiten suponer voluntad política de al menos uno de los poderes involucrados en el proceso.
Grupo IV
Estados con avance poco significativo o no sistemático.
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Coahuila
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Querétaro
- DF
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
- Campeche
- Quintana Roo
Grupo I:
Chihuahua
· Es el estado pionero en la reforma de justicia.
· Realiza programas que promueven la participación social para ayudar a la consolidación del nuevo esquema.
Estado de México
· Su instauración es gradual. 1 de octubre de 2009 en Tenango, Toluca, Lerma y Tenancingo; 1 de abril de 2010 en Chalco, Otumba y Texcoco; 1 de octubre de 2010 en Neza, El oro, Ixtlahuaca, Sutepec y Temascaltepec. 1 de abril de 2011 en Tlalnepantla, Cuautitlán y Zumpango. 1 de octubre de 2011 en Ecatepec, Jilotepec y Valle de Bravo.
Morelos
· Actualmente el proceso penal de corte acusatorio se encuentra vigente en 17 municipios.
Nuevo León
· Universidades, colegios y barras de abogados ya trabajan en la difusión de información sobre la oralidad y la justicia alternativa.
Oaxaca
· Su instauración ha sido gradual y terminará después de seis etapas. La última concluirá el 9 de septiembre de 2012 en la Cañada y la Sierra.
· El Poder Judicial capacita a la tercera generación de jueces.
Zacatecas
· Desde junio de 2008 se inició el proceso de selección de conciliadores, mediadores y facilitadores de salidas alternas de conflictos.
Grupo II:
Baja California
· Su implementación es gradual. El nuevo sistema ya se aplica en Mexicali, aunque el calendario para el resto de la entidad es 1 de febrero de 2011 en Ensenada; y 1 de febrero de 2012 en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.
· Cada dependencia que participa en el esquema mide sus indicadores.
Durango
· Tiene definido que la implementación será por distritos judiciales, empezando por aquellos con mayor número de expedientes. Empezó con el Distrito de Durango, y seguirá con el de Gómez Palacio.
Hidalgo
· Planea llevarla a cabo en cuatro etapas en sus 17 distritos judiciales.
· La primera se contempla para julio de 2010 en Pachuca; la segunda en julio de 2011 en Actopan, Atotonilco, Tula y Tulancingo; la tercera en julio de 2012 en Apan, Huichapan, Ixmiquilpan, Mextitlán, Mixquiahuala y Tizayuca; la cuarta en julio de 2013 en Huejutla, Jacala, Molango, Tenango, Zacuiltipan y Zimapan.
Grupo III:
Guanajuato
· Analiza una propuesta para que el nuevo sistema entre en vigor de forma simultánea en los 23 partidos judiciales que comprende el estado.
· Firmaron ayer la Ley Penal para el Estado de Guanajuato, que contempla la instauración del proceso acusatorio y oral.
Tabasco
· Aún no hay una estrategia definida de gradualidad, sin embargo, existe consenso para implementar la reforma en etapas.
· Se creó un Manual Básico de Operación Policial.
Tlaxcala
· Se plantea la posibilidad de que la implementación sea en dos etapas: primero en el Municipio de Apizaco, y después en Tlaxcala tomando en cuenta la incidencia delictiva.
Yucatán
· Se esboza un esquema de gradualidad dividido en dos etapas que comience en mayo de 2011 en los distritos judiciales de Tekax y Valladolid, y concluya en Mérida.
Antonio Baranda, Reforma, 1º de junio.
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