El PRI en la Cámara de Diputados exigió al IFE y a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) "actuar de manera tajante contra las campañas de desprestigio y difamación" desatadas en su contra por el gobierno federal y el PAN.
En un documento, la bancada tricolor demandó, también, que la Secretaría de Gobernación denuncie cualquier indicio de que algún candidato esté relacionado con la delincuencia organizada, a fin de evitar con ello "filtraciones" que dañen el proceso electoral.
De igual forma, el diputado Arturo Zamora, de Jalisco, advirtió que en la Cámara baja se analiza una reforma para sancionar con seis meses a seis años de prisión "a quienes calumnien y difamen a partidos, candidatos o precandidatos a puestos de elección popular".
Zamora Jiménez aseguró que el tricolor observa una reedición de la "guerra sucia" electoral que se dio en 2006, por lo que adelantó que su bancada aprobará dicha reforma, pero sostuvo que aun sin ella, las autoridades electorales y judiciales "tienen la obligación de sancionar cualquier acto ilícito en materia de difamación o de nexos con la delincuencia", indicó.
El integrante de la Comisión de Gobernación en San Lázaro señaló que la iniciativa que él mismo presentó busca cerrar el paso a organismos empresariales, funcionarios y particulares, que usan la difamación para atacar candidatos y favorecer a determinados partidos.
Como se recordará, la semana anterior el PAN dio a conocer grabaciones en las que el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, instruye a miembros de su gabinete que entreguen recursos en favor de los candidatos a varios cargos, incluido el aspirante a sucederlo, Javier Duarte.
En días pasados también se divulgó un video con el que se presume la participación del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en apoyo a los abanderados priistas.
El diputado Zamora Jiménez aseguró que su iniciativa busca 'blindar' los procesos electorales ante el vacío que existe en materia de financiamiento a partidos.
En un documento, la bancada tricolor demandó, también, que la Secretaría de Gobernación denuncie cualquier indicio de que algún candidato esté relacionado con la delincuencia organizada, a fin de evitar con ello "filtraciones" que dañen el proceso electoral.
De igual forma, el diputado Arturo Zamora, de Jalisco, advirtió que en la Cámara baja se analiza una reforma para sancionar con seis meses a seis años de prisión "a quienes calumnien y difamen a partidos, candidatos o precandidatos a puestos de elección popular".
Zamora Jiménez aseguró que el tricolor observa una reedición de la "guerra sucia" electoral que se dio en 2006, por lo que adelantó que su bancada aprobará dicha reforma, pero sostuvo que aun sin ella, las autoridades electorales y judiciales "tienen la obligación de sancionar cualquier acto ilícito en materia de difamación o de nexos con la delincuencia", indicó.
El integrante de la Comisión de Gobernación en San Lázaro señaló que la iniciativa que él mismo presentó busca cerrar el paso a organismos empresariales, funcionarios y particulares, que usan la difamación para atacar candidatos y favorecer a determinados partidos.
Como se recordará, la semana anterior el PAN dio a conocer grabaciones en las que el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, instruye a miembros de su gabinete que entreguen recursos en favor de los candidatos a varios cargos, incluido el aspirante a sucederlo, Javier Duarte.
En días pasados también se divulgó un video con el que se presume la participación del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en apoyo a los abanderados priistas.
El diputado Zamora Jiménez aseguró que su iniciativa busca 'blindar' los procesos electorales ante el vacío que existe en materia de financiamiento a partidos.
Luciano Franco, La Crónica, 21 de junio.
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