Los 33 ombudsman del país manifestaron su “absoluto rechazo e indignación” al discurso del secretario de Gobernación, quien afirmó que las comisiones pueden ser “tontos útiles de la delincuencia”, y exigieron al responsable de la política interior del país respetar su el trabajo de los organismos.
Detallaron que al desacreditarlos, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, “pone en riesgo la salud de la República y la integridad de nuestro sistema democrático”.
Explicaron que en estos momentos “críticos” que vive México en el tema de la seguridad pública, lo que se necesita es que las instituciones trabajen en un clima de respeto y de responsabilidad, de acuerdo con sus atribuciones y competencias.
“La confrontación y descalificación sólo abona a la incertidumbre”, coincidieron los ombudsman en un pronunciamiento firmado por la Federación Mexicana de Organismo de Derechos Humanos.
Detallaron que en un Estado democrático, quien deslegitima y debilita la acción de la autoridad, es la autoridad misma, cuando, con el pretexto de brindar seguridad pública, actúa al margen de los ordenamientos jurídicos y de los compromisos asumidos en el contexto internacional en materia de defensa de derechos humanos.
Externaron su preocupación de que en el marco de la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, “por un lado reconozca categóricamente la existencia en México de este delito, y por el otro, descalifique a los organismos públicos de derechos humanos que la han documentado”.
Agregaron que es paradójico que, a pesar de ello, los resultados de las instituciones de procuración de justicia en la nación sean mínimos en comparación con los casos acreditados en las recomendaciones.
“Las consignaciones que se han realizado por esta práctica ilícita son escasas, lo que, indiscutiblemente, genera impunidad y pone en riesgo la convivencia social”, dijo la Federación Mexicana de Organismo de Derechos Humanos.
Detallaron que las comisiones y procuradurías defensoras no actúan por “suspicacia”, como afirmó el responsable de la política interior del país.
Sus investigaciones, agregaron los ombudsman, son efectuadas con ética, profesionalismo, estricto rigor jurídico y metodología científica.
Detallaron que al desacreditarlos, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, “pone en riesgo la salud de la República y la integridad de nuestro sistema democrático”.
Explicaron que en estos momentos “críticos” que vive México en el tema de la seguridad pública, lo que se necesita es que las instituciones trabajen en un clima de respeto y de responsabilidad, de acuerdo con sus atribuciones y competencias.
“La confrontación y descalificación sólo abona a la incertidumbre”, coincidieron los ombudsman en un pronunciamiento firmado por la Federación Mexicana de Organismo de Derechos Humanos.
Detallaron que en un Estado democrático, quien deslegitima y debilita la acción de la autoridad, es la autoridad misma, cuando, con el pretexto de brindar seguridad pública, actúa al margen de los ordenamientos jurídicos y de los compromisos asumidos en el contexto internacional en materia de defensa de derechos humanos.
Externaron su preocupación de que en el marco de la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, “por un lado reconozca categóricamente la existencia en México de este delito, y por el otro, descalifique a los organismos públicos de derechos humanos que la han documentado”.
Agregaron que es paradójico que, a pesar de ello, los resultados de las instituciones de procuración de justicia en la nación sean mínimos en comparación con los casos acreditados en las recomendaciones.
“Las consignaciones que se han realizado por esta práctica ilícita son escasas, lo que, indiscutiblemente, genera impunidad y pone en riesgo la convivencia social”, dijo la Federación Mexicana de Organismo de Derechos Humanos.
Detallaron que las comisiones y procuradurías defensoras no actúan por “suspicacia”, como afirmó el responsable de la política interior del país.
Sus investigaciones, agregaron los ombudsman, son efectuadas con ética, profesionalismo, estricto rigor jurídico y metodología científica.
Miguel Ángel Sosa, El Universal, 29 de junio.
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