Los partidos que forman la coalición Todos por Quintana Roo señalaron que van a mantener a Gregorio Sánchez Martínez como candidato al gobierno estatal, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le suspendió sus derechos políticos.
“Acataremos el veredicto del TEPJF, pero vamos a mantener a Gregorio como candidato aunque no aparezca en la boleta electoral y encararemos las consecuencias legales de no registrar candidato”, declaró Rubén Darío Rodríguez García, líder estatal de Convergencia.
Afirmó que “obviamente” se acatará la resolución del tribunal que, entre otras cosas, ordena registrar un candidato sustituto en un plazo de 48 horas, pero “esencialmente la condenamos y rechazamos”.
En rueda de prensa y en un comunicado difundido ayer, el PRD, PT y Convergencia insistieron en que llevarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso del perredista preso por delitos federales en un penal de Nayarit, con el objeto de salvaguardar sus derechos políticos.
Gerardo Mora Vallejo, aún coordinador de campaña del perredista; Emiliano Ramos Hernández, directivo estatal del PRD, y los líderes del PT y Convergencia, Hernán Villatoro Barrios y Rubén Darío Rodríguez García, respectivamente, criticaron que cinco magistrados decidieran “por quién votarán un millón de quintanarroenses”.
“El tribunal pensó que le podía ganar a los ciudadanos su derecho de determinar quiénes deben ganar”, indicó Adolfo Uribe, coordinador del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa.
Lo sucedido con Sánchez Martínez es similar a lo ocurrido en la delegación capitalina Iztapalapa, en Michoacán y otras entidades, donde el tribunal federal “nos hace una trastada”, acusó.
Jaime Castañeda, abogado de la coalición, señaló que los magistrados violentaron el artículo 20 constitucional por no considerar la presunción de inocencia y no existir sentencia condenatoria contra Gregorio Sánchez.
En su oportunidad, Villatoro Barrios refirió que “la resolución del TEPJF suspendió los derechos políticos de Gregorio sin suprimirlos, por lo que nuestro candidato a gobernador sigue siendo el mismo. El sistema se metió en una trampa”.
Según Castañeda, no están corriendo las 48 horas para nombrar candidato suplente, pues la resolución cuarta “dice muy claro” que se instruye al Consejo Electoral de Quintana Roo para que en 24 horas emita un acuerdo y les otorgue las 48 horas para ese trámite, “por lo que primero hay que esperar que el órgano sea notificado”.
Ramos Hernández, por su parte, se deslindó de las declaraciones de su padre, el ex dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Salvador Ramos, en el sentido de que Sánchez Martínez estaría involucrado en el narcotráfico.
“Acataremos el veredicto del TEPJF, pero vamos a mantener a Gregorio como candidato aunque no aparezca en la boleta electoral y encararemos las consecuencias legales de no registrar candidato”, declaró Rubén Darío Rodríguez García, líder estatal de Convergencia.
Afirmó que “obviamente” se acatará la resolución del tribunal que, entre otras cosas, ordena registrar un candidato sustituto en un plazo de 48 horas, pero “esencialmente la condenamos y rechazamos”.
En rueda de prensa y en un comunicado difundido ayer, el PRD, PT y Convergencia insistieron en que llevarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso del perredista preso por delitos federales en un penal de Nayarit, con el objeto de salvaguardar sus derechos políticos.
Gerardo Mora Vallejo, aún coordinador de campaña del perredista; Emiliano Ramos Hernández, directivo estatal del PRD, y los líderes del PT y Convergencia, Hernán Villatoro Barrios y Rubén Darío Rodríguez García, respectivamente, criticaron que cinco magistrados decidieran “por quién votarán un millón de quintanarroenses”.
“El tribunal pensó que le podía ganar a los ciudadanos su derecho de determinar quiénes deben ganar”, indicó Adolfo Uribe, coordinador del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa.
Lo sucedido con Sánchez Martínez es similar a lo ocurrido en la delegación capitalina Iztapalapa, en Michoacán y otras entidades, donde el tribunal federal “nos hace una trastada”, acusó.
Jaime Castañeda, abogado de la coalición, señaló que los magistrados violentaron el artículo 20 constitucional por no considerar la presunción de inocencia y no existir sentencia condenatoria contra Gregorio Sánchez.
En su oportunidad, Villatoro Barrios refirió que “la resolución del TEPJF suspendió los derechos políticos de Gregorio sin suprimirlos, por lo que nuestro candidato a gobernador sigue siendo el mismo. El sistema se metió en una trampa”.
Según Castañeda, no están corriendo las 48 horas para nombrar candidato suplente, pues la resolución cuarta “dice muy claro” que se instruye al Consejo Electoral de Quintana Roo para que en 24 horas emita un acuerdo y les otorgue las 48 horas para ese trámite, “por lo que primero hay que esperar que el órgano sea notificado”.
Ramos Hernández, por su parte, se deslindó de las declaraciones de su padre, el ex dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Salvador Ramos, en el sentido de que Sánchez Martínez estaría involucrado en el narcotráfico.
La Crónica 13 de junio.
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