El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, presentó anoche una solicitud de juicio político en contra del Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, por el presunto uso y desvío de recursos públicos a favor de los candidatos del PRI.
La solicitud fue registrada ante la Mesa Directiva, para ser llevada hoy miércoles ante el pleno de la Comisión Permanente, donde se prevé sea turnada a la Cámara de Diputados.
En el documento, del que REFORMA tiene copia, Madero refiere como pruebas las conversaciones telefónicas en las que se reveló el apoyo de Herrera a los candidatos del Revolucionario Institucional en Veracruz.
De acuerdo con el proyecto panista, el Mandatario viola los preceptos establecidos en la ley, en materia penal y electoral, y en la Constitución.
"La conversación sostenida entre el Gobernador de Veracruz con los personajes precitados, se debió al creciente e incondicional apoyo a favor de la campaña de los candidatos del PRI, utilizando recursos del Gobierno del estado y de la Federación.
"Si se considera como ilegal la conducta de un particular que desobedezca la norma constitucional, el hecho de que una autoridad con alta investidura, como lo es el de un Gobernador, se agrava en perjuicio del interés público y de la trayectoria republicana de las entidades federales", dijo.
Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, es inadmisible suponer que un funcionario público puede actuar al margen de la ley sólo por el cargo que ocupa.
Sostiene que la Cámara baja debe pronunciarse a favor del juicio político contra Herrera, para que sea separado del cargo y enfrente las responsabilidades legales que correspondan.
El panista refiere que la conducta del Gobernador priista es violatoria de la ley, en perjuicio de la Hacienda Pública y, por lo tanto, de los intereses ciudadanos.
Recuerda que esos actos son sancionados por los artículos 401, fracción primera, y 407 del Código Penal Federal.
"El Gobernador Fidel Herrera Beltrán debe ser sujeto a Juicio Político toda vez que su conducta está sancionada en los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos", agrega.
Madero señala que cuando Herrera desvía recursos del erario atenta contra una de las instituciones democráticas de los mexicanos, como es el Instituto Federal Electoral, el cual ha pugnado por la transparencia en el financiamiento de los partidos, así como por difundir los valores democráticos entre los ciudadanos.
"Los actos del Gobernador constituyen un claro ataque al IFE al contravenir las disposiciones que en la materia la legislación electoral establece", dice.
En el documento, el panista afirma que, de acuerdo con la técnica, la lógica y el sentido común, existen los elementos suficientes para suponer que Herrera ha tomado parte en la concepción, preparación y ejecución de un hecho considerado delictuoso y contrario a derecho.
"Por tal motivo su permanencia en el cargo resulta ser insostenible, tal como lo robustece el siguiente criterio de jurisprudencia", señala en referencia a la tesis P./J. 1/2000, en la que se establece que los gobernadores son responsables de responsabilidad oficial.
Madero recuerda que el PAN ya ha interpuesto denuncias sobre lo que ocurre en Veracruz ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, sin que haya avances.
La solicitud fue registrada ante la Mesa Directiva, para ser llevada hoy miércoles ante el pleno de la Comisión Permanente, donde se prevé sea turnada a la Cámara de Diputados.
En el documento, del que REFORMA tiene copia, Madero refiere como pruebas las conversaciones telefónicas en las que se reveló el apoyo de Herrera a los candidatos del Revolucionario Institucional en Veracruz.
De acuerdo con el proyecto panista, el Mandatario viola los preceptos establecidos en la ley, en materia penal y electoral, y en la Constitución.
"La conversación sostenida entre el Gobernador de Veracruz con los personajes precitados, se debió al creciente e incondicional apoyo a favor de la campaña de los candidatos del PRI, utilizando recursos del Gobierno del estado y de la Federación.
"Si se considera como ilegal la conducta de un particular que desobedezca la norma constitucional, el hecho de que una autoridad con alta investidura, como lo es el de un Gobernador, se agrava en perjuicio del interés público y de la trayectoria republicana de las entidades federales", dijo.
Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, es inadmisible suponer que un funcionario público puede actuar al margen de la ley sólo por el cargo que ocupa.
Sostiene que la Cámara baja debe pronunciarse a favor del juicio político contra Herrera, para que sea separado del cargo y enfrente las responsabilidades legales que correspondan.
El panista refiere que la conducta del Gobernador priista es violatoria de la ley, en perjuicio de la Hacienda Pública y, por lo tanto, de los intereses ciudadanos.
Recuerda que esos actos son sancionados por los artículos 401, fracción primera, y 407 del Código Penal Federal.
"El Gobernador Fidel Herrera Beltrán debe ser sujeto a Juicio Político toda vez que su conducta está sancionada en los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos", agrega.
Madero señala que cuando Herrera desvía recursos del erario atenta contra una de las instituciones democráticas de los mexicanos, como es el Instituto Federal Electoral, el cual ha pugnado por la transparencia en el financiamiento de los partidos, así como por difundir los valores democráticos entre los ciudadanos.
"Los actos del Gobernador constituyen un claro ataque al IFE al contravenir las disposiciones que en la materia la legislación electoral establece", dice.
En el documento, el panista afirma que, de acuerdo con la técnica, la lógica y el sentido común, existen los elementos suficientes para suponer que Herrera ha tomado parte en la concepción, preparación y ejecución de un hecho considerado delictuoso y contrario a derecho.
"Por tal motivo su permanencia en el cargo resulta ser insostenible, tal como lo robustece el siguiente criterio de jurisprudencia", señala en referencia a la tesis P./J. 1/2000, en la que se establece que los gobernadores son responsables de responsabilidad oficial.
Madero recuerda que el PAN ya ha interpuesto denuncias sobre lo que ocurre en Veracruz ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, sin que haya avances.
Claudia Guerrero y Carole SImonnet, Reforma, 23 de junio.
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