"No comparto esta decisión que se me endilga porque se está criminalizando la labor humanitaria, la tarea de la paz", dijo Córdoba un día después de que la Procuraduría General, encargada de vigilar a los funcionarios del Gobierno, anunciara su destitución e inhabilitación por 18 años para ocupar cargos públicos.
Córdoba fue acusada de promocionar y cooperar con la guerrilla y de haberse extralimitado en su labor mediadora.
Sin embargo, hasta que no se produzca un fallo disciplinario en firme de la Procuraduría, tras oír los descargos, Córdoba sigue siendo senadora. Además, como congresista, su juez natural es la Corte Suprema de Justicia, a la que corresponde sancionarla o eximirla penalmente.
En Colombia, el fuero parlamentario no impide que un congresista que haya cometido algún delito sea procesado por la justicia. Los legisladores pueden ser juzgados incluso mientras ejercen su cargo en el Congreso.
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