Luis Javier Garrido, maestro de la facultad y colaborador de La Jornada, lamentó que la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, estén en manos de grandes empresarios y no dependan de los periodistas, lo que se refleja en que “la gran prensa continúa respondiendo a los intereses políticos y económicos”.
Indicó que, salvo algunas excepciones, los medios mantienen muchos vicios y no gozan de total libertad. “Hay pocos espacios que ostentan esa libertad, a los cuales hay que defender”.
La militarización –señaló–, el poder de bandas del crimen organizado y la imperante violencia en territorio nacional es el escenario en el que los periodistas ejercen su trabajo. “Somos el país de América donde hay mayor número de reporteros muertos. Aunado a ello, este gremio no tiene garantizados ni tutelados sus derechos fundamentales, en particular los laborales”.
Refirió que en la globalización, los periódicos cada vez están en mayor riesgo, además de que gran parte de la sociedad es cautiva de la televisión y la radio. “Es la manipulación más grande del pueblo de México”. Uno de los mecanismos de control de la prensa –dijo– es la limitación de publicidad oficial y privada.
Durante el foro se informó que cerca de 90 por ciento de los comunicadores del país no están sindicalizados, la mayoría son contratados por honorarios, carecen de prestaciones y a veces tienen que renunciar a sus derechos para que su trabajo sea publicado; inclusive, no hay estadísticas oficiales sobre el número de periodistas que hay en el país.
En su turno, Mylai Burgos, también profesora de la Facultad de Derecho, aseveró que los medios masivos “no informan, sólo incomunican y dominan”.
Recordó que México es el país más peligroso del continente para el ejercicio periodístico, pues de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2000 a la fecha han sido asesinados 65 reporteros.
“Algunas estadísticas de organizaciones defensoras de los periodistas revelan que 70 por ciento de las agresiones contra el gremio son responsabilidad de funcionarios públicos, y 7 por ciento de grupos paramilitares relacionados con algún partido político.”
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