Bogotá, 28 de septiembre. La senadora colombiana Piedad Córdoba, quien enfrenta un proceso de inhabilitación por 18 años para ejercer cargos públicos, reiteró este martes su rechazo a las acusaciones de la Procuraduría General sobre presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Consideró que con su decisión de sancionarla la procuraduría “está criminalizando la labor humanitaria”, y dijo que no se dejará “intimidar” porque “éste es el precio que tenemos que pagar muchos por luchar por la paz, la libertad de los cautivos, por los secuestrados y las secuestradas”.
Señaló que a los familiares de los 20 policías y militares que continúan secuestrados por la guerrilla les prometió seguir trabajando por su liberación, por lo que no los dejará solos.
Córdoba, quien desde 2008 logró la liberación de 14 rehenes que estaban en manos de las FARC, indicó que llevará adelante “las acciones necesarias que puedan ser admitidas por la justicia colombiana para demostrar mi inocencia”. Además, dijo, acudirá en los próximos días a la CIDH, a la Unión Interparlamentaria Mundial y a la Unión Europea.
Frente a las acusaciones del procurador Alejandro Ordóñez, que se basó en una “certeza” de las computadoras halladas en el campamento donde en marzo de 2008 fue abatido Raúl Reyes, el entonces número dos de las FARC, la legisladora dijo que ese fallo “afectará mucho el trabajo por la paz en Colombia” y agregó que seguirá empeñada en buscar la libertad de rehenes aun “desde la cárcel”.
Piedad Córdoba agradeció al presidente venezolano Hugo Chávez por su “apoyo permanente a la paz de Colombia”, después de que el pasado lunes el mandatario calificó como “una infamia” las acusaciones que se le hacen al declararse “absolutamente seguro de que es inocente”.
Según Ordóñez, la senadora se “extralimitó” en sus funciones de mediadora en el pasado gobierno de Álvaro Uribe y en la autorización dada por aquel gobierno para gestionar el intercambio humanitario, y afirmó que ella “aconsejó” a la guerrilla sobre estrategias en el manejo de los rehenes, y que además utilizaba el seudónimo de Teodora de Bolívar.
“Nunca he tenido actuaciones de espaldas al país”, dijo Córdoba al negar todas las imputaciones que, informó, apelará. Apuntó que la persecución en su contra comenzó con Uribe (2002-2010) cuando fue espiada en forma ilegal por el servicio secreto, que depende directamente de la presidencia, y citó que las disculpas públicas presentadas por el ex funcionario que la espiaba, ahora en prisión, prueban su inocencia.
La senadora pidió la semana pasada privilegiar el diálogo sobre la guerra al comentar la muerte por el ejército de Víctor Julio Suárez Rojas (Mono Jojoy), jefe militar de esa guerrilla.
El pasado 18 de septiembre el presidente Juan Manuel Santos la criticó, al rechazar expresiones que “legitiman al terrorismo” por haber denunciado en Europa que su país parecía “una fosa común”. Córdoba respondió entonces que “los únicos que legitiman al terrorismo y a las FARC son los que piden bala y muerte para acabar la guerra” y que la solución al conflicto debe ser pacífica.
El ex presidente Ernesto Samper (1994-1998) se declaró preocupado por el fallo de la Procuraduría General, al estimar que en adelante las gestiones humanitarias serán considerados actos criminales por la autoridad.
En otro orden, socorristas seguían buscando a unas 30 personas que quedaron sepultadas por un alud de tierra en una carretera.
Consideró que con su decisión de sancionarla la procuraduría “está criminalizando la labor humanitaria”, y dijo que no se dejará “intimidar” porque “éste es el precio que tenemos que pagar muchos por luchar por la paz, la libertad de los cautivos, por los secuestrados y las secuestradas”.
Señaló que a los familiares de los 20 policías y militares que continúan secuestrados por la guerrilla les prometió seguir trabajando por su liberación, por lo que no los dejará solos.
Córdoba, quien desde 2008 logró la liberación de 14 rehenes que estaban en manos de las FARC, indicó que llevará adelante “las acciones necesarias que puedan ser admitidas por la justicia colombiana para demostrar mi inocencia”. Además, dijo, acudirá en los próximos días a la CIDH, a la Unión Interparlamentaria Mundial y a la Unión Europea.
Frente a las acusaciones del procurador Alejandro Ordóñez, que se basó en una “certeza” de las computadoras halladas en el campamento donde en marzo de 2008 fue abatido Raúl Reyes, el entonces número dos de las FARC, la legisladora dijo que ese fallo “afectará mucho el trabajo por la paz en Colombia” y agregó que seguirá empeñada en buscar la libertad de rehenes aun “desde la cárcel”.
Piedad Córdoba agradeció al presidente venezolano Hugo Chávez por su “apoyo permanente a la paz de Colombia”, después de que el pasado lunes el mandatario calificó como “una infamia” las acusaciones que se le hacen al declararse “absolutamente seguro de que es inocente”.
Según Ordóñez, la senadora se “extralimitó” en sus funciones de mediadora en el pasado gobierno de Álvaro Uribe y en la autorización dada por aquel gobierno para gestionar el intercambio humanitario, y afirmó que ella “aconsejó” a la guerrilla sobre estrategias en el manejo de los rehenes, y que además utilizaba el seudónimo de Teodora de Bolívar.
“Nunca he tenido actuaciones de espaldas al país”, dijo Córdoba al negar todas las imputaciones que, informó, apelará. Apuntó que la persecución en su contra comenzó con Uribe (2002-2010) cuando fue espiada en forma ilegal por el servicio secreto, que depende directamente de la presidencia, y citó que las disculpas públicas presentadas por el ex funcionario que la espiaba, ahora en prisión, prueban su inocencia.
La senadora pidió la semana pasada privilegiar el diálogo sobre la guerra al comentar la muerte por el ejército de Víctor Julio Suárez Rojas (Mono Jojoy), jefe militar de esa guerrilla.
El pasado 18 de septiembre el presidente Juan Manuel Santos la criticó, al rechazar expresiones que “legitiman al terrorismo” por haber denunciado en Europa que su país parecía “una fosa común”. Córdoba respondió entonces que “los únicos que legitiman al terrorismo y a las FARC son los que piden bala y muerte para acabar la guerra” y que la solución al conflicto debe ser pacífica.
El ex presidente Ernesto Samper (1994-1998) se declaró preocupado por el fallo de la Procuraduría General, al estimar que en adelante las gestiones humanitarias serán considerados actos criminales por la autoridad.
En otro orden, socorristas seguían buscando a unas 30 personas que quedaron sepultadas por un alud de tierra en una carretera.
La Jornada, 29 de septiembre.
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