El nuevo sistema de justicia penal muestra avances palpables, aunque con fallas, en apenas el 25% de las entidades federativas debido a la falta de voluntad de los gobiernos para acelerar el paso en lo que es considerado el como el reto más grande en los últimos 100 años de historia judicial.
A pesar del crecimiento exponencial en los delitos y, sobre todo, en el contexto de violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico que ha dejado una estela de 28 mil muertos y un crecimiento de 200% en plagios en 4 años, los gobernadores se tomaron en serio el plazo otorgado para que el nuevo esquema judicial esté listo al 100% en 2016, según contempla la reforma aprobada en 2008.
“La percepción del avance en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Federal no es coincidente con lo que llevamos en algunos de los estados. Si bien es cierto que tenemos algunos años por delante, también es cierto que comienzan a prendérsenos algunos focos”, dijo el senador Ricardo Fidel Pacheco.
En 2005 Chihuahua comenzó la ruta de viaje. En octubre de 2008 se publicó la reforma constitucional que obliga a todas las entidades a modernizarse.
El nuevo sistema de justicia penal creó nuevas figuras jurídicas que intervienen en un juicio: los jueces de control; la policía científica; conciliadores y mediadores; el tribunal de juicio oral, y el juez de ejecución de sentencia.
La justicia alternativa prevé garantizar que los conflictos se resuelvan de manera expedita –excepto delitos graves o delincuencia organizada- a través de la conciliación, mediación, arbitraje, negociación y la suspensión provisional del proceso. Se trata de un esquema acusatorio fundamentado en la presunción de inocencia y en la oralidad del desahogo de procesos, que deja atrás el tradicional inquisitorio.
A paso de tortuga
El 25% de las entidades federativas cuentan ya con un nuevo Código de Procedimientos Penales aprobado y en ejecución: Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas, por lo que representan la evolución más concreta en la materia, según el Informe de Avances 2009-2010, elaborado por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
El consejo es un organismo con representación de los gobiernos estatales y federal (secretario de Gobernación), además del Poder Legislativo (un senador y un diputado) y Judicial (un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), cuyo secretario técnico es el zacatecano Felipe Borrego, ex diputado federal del PAN y ex magistrado.
El documento de 61 páginas de agosto de 2010 fue entregado al presidente Felipe Calderón, gobernadores e integrantes de los poderes Judicial y Legislativo durante los Diálogos por la Seguridad a los que convocó Calderón en agosto.
Otro 25% de entidades cuenta con proyectos o iniciativas en discusión o bien en proceso de aprobación: Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Sonora, Tabasco y Yucatán.
Los estados de Coahuila, Nayarit y Baja California Sur “no presentan avances relevantes”, refiere el documento.
De acuerdo con el Informe, 87.5% de las entidades federativas cuentan con un “acuerdo político interinstitucional” para realizar el proceso de implementación. Es decir, 28 de las 32 entidades –incluyendo al DF- “han sentado las bases” para el nuevo sistema de justicia penal. Coahuila, Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa, no cuenta siquiera con dicho acuerdo político.
Fuentes federales y de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), explicaron que algunos mandatarios estatales dejaron para su sucesor todo el paquete de la aplicación de la reforma, principalmente en estados donde se renovó gobernador el 4 de julio, es decir, 12 estados.
“Yo ya me voy”, dijo un gobernador a autoridades federales consultadas. La integración del Consejo de Coordinación se retrasó un año su puesta en marcha, por la reticencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la molestia del senador del PRI Manlio Fabio Beltrones, por la forma como Calderón instrumentó su creación a través de un decreto.
Según el texto, hasta el momento el 75% de las entidades cuentan con una instancia técnica para implementar la reforma constitucional a nivel local, pero que no es convocada periódicamente, como han admitido funcionarios consultados, por ejemplo, en el Distrito Federal. Es decir, 24 de las 32 entidades han instalado oficialmente un órgano coordinador.
Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no han conformado instancia técnica. No obstante lo anterior, en el Estado de México ha iniciado la aplicación del nuevo esquema judicial en algunos municipios.
En el 56% de las entidades que cuentan con instancia técnica para la implementación, es decir, 13 de 24 entidades, se optó por definir un calendario de gradualidad para implementar el nuevo sistema.
En su mayoría, evaluó el Consejo de Coordinación, 85% (11 de las 13 entidades citadas), optaron por la gradualidad geográfica como mecanismo para planear y ordenar la utilización de recursos y entrada en vigor del nuevo esquema.
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz no presentaron proyectos este año para recibir subsidio federal, por lo que no recibirán un peso federal.
Será exitosa... en años
Renato Sales Heredia es académico. Ha sido subprocurador en el Distrito Federal, con un gobierno perredista, y hoy es procurador en Campeche, con un gobernador del PRI. “La reforma avanza, quizá no al ritmo que quisiéramos, no a la velocidad que quisiéramos, pero sí consistentemente”, asegura en entrevista.
Juan Velásquez, penalista con 40 años como litigante y académico universitario, opina que el sistema de justicia penal será un fracaso por una simple razón: dinero.
En opinión del abogado, el DF requeriría un presupuesto de 7 u 8 mil millones de pesos para multiplicar por tres los 300 jueces con los que cuenta si quiere hacer frente a la avalancha de casos que les llegarán, y el Poder Judicial Federal al menos 18 mil millones de pesos y no hay recursos. Sólo este año hubo una afectación de 50 mil millones de pesos para los estados en este renglón.
Sales Heredia es mucho más optimista y confía en que habrá los recursos para llevar a cabo la reforma y que la sociedad notará que es mejor tener un sistema judicial transparente que uno opaco; uno ágil que uno tortuoso.
El procurador de Campeche utiliza una metáfora: “Un árbol no lo siembras hoy y mañana ya es grande”.
Pero y qué sucede si el árbol crece torcido, se le pregunta: “Pues le pones un palito y ese palito para que se enderece es la supervisión de la sociedad”, responde.
Velásquez compara el sistema de justicia penal con un Rolls Royce. “Qué maravilla”, dice, pero el problema es que el volante está en el lado derecho y aquí manejamos en el lado izquierdo, además de que no hay dinero para pagarlo.
Técnicamente, asegura Juan Velásquez, la reforma es correcta, digna para un país de primer mundo y garantista de los derechos del individuo, pero difícil de aplicar si no hay tampoco policías verdaderamente científicas y, como predicción, aseveró que llegará el momento en que esos ministerios públicos busquen “convencer” a un presunto delincuente para que se declare culpable para ahorrarse tiempo.
“¿Es un problema cultural? Sí, pero también lo fue en Chile, en Colombia y Costa Rica. Pero ya funciona”, replica el procurador Sales Heredia.
Más que recursos, hace falta voluntad suficiente para implementar el nuevo esquema, “hace falta paciencia y voluntad”, agrega el funcionario.
El reto más grande en 100 años
El año 2009 significó un esfuerzo y conjunción de acciones con quienes tienen la misión de implementar la reforma constitucional para lograr que el país adopte un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, moderno, efectivo, con juicios orales y procesos simplificados, establece el documento entregado al Ejecutivo federal.
Para el Consejo de Coordinación de la reforma, “es innegable que el proceso mexicano de tránsito de un sistema mixto inquisitivo a uno acusatorio adversarial es el más complejo de América Latina”. Desde los puntos de vista político, económico y técnico “México enfrenta el reto más grande en los últimos 100 años de historia en justicia penal”, agrega.
Alejandro Etienne Llano, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas así lo expresó en agosto en los diálogos organizados por el gobierno federal.
“Difícilmente podemos asumir cabalmente estas importantes reformas que se están haciendo, especialmente en materia de narcomenudeo. También las derivadas de la oralidad en materia mercantil, las derivadas de justicia para adolescentes, en fin”, declaró entonces Etienne Llano.
“Hay un sin número de ordenamientos que se han ido modificando, que nosotros tenemos que tener cambios administrativos y legales hacia dentro de los Poderes Judiciales, pero que sin los recursos necesarios para ellos, difícilmente podríamos abordarlos cabalmente”, expresó el magistrado originario de Tamaualipas.
El texto advierte que “sólo con la confluencia y voluntad de todos los actores, las instituciones, organizaciones y ciudadanía, la reforma prosperará. Esta voluntad no es sustituible por ningún órgano o institución. Lo que estas últimas pueden y deben hacer es generar los espacios, el intercambio, conocimiento, información y herramientas para que esa fuerza social se materialice”. Cambiar el sistema de justicia penal “es una forma de incidir directamente en el tema de seguridad pública, tan crucial en el contexto en que vivimos. No obstante, lograrlo es un objetivo de mediano y largo plazo”.
Contar con cuerpos de policía más profesionales y con mejores herramientas permitirá enfrentar mejor a la criminalidad; contar con investigaciones criminalísticas eficaces y de alta calidad es la base para abatir la impunidad y la delincuencia; conforme los jueces puedan cerciorarse de que las evidencias frente a ellos incriminan a los supuestos delincuentes se facilitará sancionar más y mejor, evaluó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
El éxito de la reforma de justicia requiere cambios profundos, más allá de las normas, además de que se necesitan largos procesos de selección, profesionalización y evaluación continua, dice el texto.
La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación “apuesta por la generación de herramientas, modelos y soluciones técnicas como estrategia clave ante un sistema de justicia penal cambiante y amenazada por múltiples factores externos”.
Óscar Vázquez Marín, representante del Poder Judicial de la Federación ante el Consejo de Coordinación, asegura que “el cambio cultural y la difusión son las bases del éxito del nuevo sistema”.
Si no se socializa el cambio por parte de jueces, ministerios públicos y autoridades, pero también en la sociedad, “es imposible el funcionamiento de un nuevo paradigma de justicia”, agrega.
Las fallas
Durante los Diálogos por la Seguridad quedó en evidencia el fracaso de la Ley de Extinción de Dominio y las fallas en el nuevo sistema de justicia penal, a tal grado que apenas con un año de aplicación decidió reformar dicha Ley de Extinción.
El 11 de agosto pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) en voz de su titular, Arturo Chávez, admitió que el nuevo sistema de justicia penal presenta “fallas” en aquellas entidaes federativas donde ha comenzado a aplicarse.
El procurador federal comentó durante la reunión con el presidente Calderón que “sí es importante el profundizar y el seguir profundizando en este análisis porque, efectivamente, hay entidades en donde, no solamente no ayudó a que la justicia fuera accesible al ciudadano en una forma más ágil, sino que la percepción ciudadana es completamente adversa al nuevo Sistema de Justicia Penal”.
A pesar del crecimiento exponencial en los delitos y, sobre todo, en el contexto de violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico que ha dejado una estela de 28 mil muertos y un crecimiento de 200% en plagios en 4 años, los gobernadores se tomaron en serio el plazo otorgado para que el nuevo esquema judicial esté listo al 100% en 2016, según contempla la reforma aprobada en 2008.
“La percepción del avance en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Federal no es coincidente con lo que llevamos en algunos de los estados. Si bien es cierto que tenemos algunos años por delante, también es cierto que comienzan a prendérsenos algunos focos”, dijo el senador Ricardo Fidel Pacheco.
En 2005 Chihuahua comenzó la ruta de viaje. En octubre de 2008 se publicó la reforma constitucional que obliga a todas las entidades a modernizarse.
El nuevo sistema de justicia penal creó nuevas figuras jurídicas que intervienen en un juicio: los jueces de control; la policía científica; conciliadores y mediadores; el tribunal de juicio oral, y el juez de ejecución de sentencia.
La justicia alternativa prevé garantizar que los conflictos se resuelvan de manera expedita –excepto delitos graves o delincuencia organizada- a través de la conciliación, mediación, arbitraje, negociación y la suspensión provisional del proceso. Se trata de un esquema acusatorio fundamentado en la presunción de inocencia y en la oralidad del desahogo de procesos, que deja atrás el tradicional inquisitorio.
A paso de tortuga
El 25% de las entidades federativas cuentan ya con un nuevo Código de Procedimientos Penales aprobado y en ejecución: Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas, por lo que representan la evolución más concreta en la materia, según el Informe de Avances 2009-2010, elaborado por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
El consejo es un organismo con representación de los gobiernos estatales y federal (secretario de Gobernación), además del Poder Legislativo (un senador y un diputado) y Judicial (un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), cuyo secretario técnico es el zacatecano Felipe Borrego, ex diputado federal del PAN y ex magistrado.
El documento de 61 páginas de agosto de 2010 fue entregado al presidente Felipe Calderón, gobernadores e integrantes de los poderes Judicial y Legislativo durante los Diálogos por la Seguridad a los que convocó Calderón en agosto.
Otro 25% de entidades cuenta con proyectos o iniciativas en discusión o bien en proceso de aprobación: Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Sonora, Tabasco y Yucatán.
Los estados de Coahuila, Nayarit y Baja California Sur “no presentan avances relevantes”, refiere el documento.
De acuerdo con el Informe, 87.5% de las entidades federativas cuentan con un “acuerdo político interinstitucional” para realizar el proceso de implementación. Es decir, 28 de las 32 entidades –incluyendo al DF- “han sentado las bases” para el nuevo sistema de justicia penal. Coahuila, Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa, no cuenta siquiera con dicho acuerdo político.
Fuentes federales y de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), explicaron que algunos mandatarios estatales dejaron para su sucesor todo el paquete de la aplicación de la reforma, principalmente en estados donde se renovó gobernador el 4 de julio, es decir, 12 estados.
“Yo ya me voy”, dijo un gobernador a autoridades federales consultadas. La integración del Consejo de Coordinación se retrasó un año su puesta en marcha, por la reticencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la molestia del senador del PRI Manlio Fabio Beltrones, por la forma como Calderón instrumentó su creación a través de un decreto.
Según el texto, hasta el momento el 75% de las entidades cuentan con una instancia técnica para implementar la reforma constitucional a nivel local, pero que no es convocada periódicamente, como han admitido funcionarios consultados, por ejemplo, en el Distrito Federal. Es decir, 24 de las 32 entidades han instalado oficialmente un órgano coordinador.
Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no han conformado instancia técnica. No obstante lo anterior, en el Estado de México ha iniciado la aplicación del nuevo esquema judicial en algunos municipios.
En el 56% de las entidades que cuentan con instancia técnica para la implementación, es decir, 13 de 24 entidades, se optó por definir un calendario de gradualidad para implementar el nuevo sistema.
En su mayoría, evaluó el Consejo de Coordinación, 85% (11 de las 13 entidades citadas), optaron por la gradualidad geográfica como mecanismo para planear y ordenar la utilización de recursos y entrada en vigor del nuevo esquema.
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz no presentaron proyectos este año para recibir subsidio federal, por lo que no recibirán un peso federal.
Será exitosa... en años
Renato Sales Heredia es académico. Ha sido subprocurador en el Distrito Federal, con un gobierno perredista, y hoy es procurador en Campeche, con un gobernador del PRI. “La reforma avanza, quizá no al ritmo que quisiéramos, no a la velocidad que quisiéramos, pero sí consistentemente”, asegura en entrevista.
Juan Velásquez, penalista con 40 años como litigante y académico universitario, opina que el sistema de justicia penal será un fracaso por una simple razón: dinero.
En opinión del abogado, el DF requeriría un presupuesto de 7 u 8 mil millones de pesos para multiplicar por tres los 300 jueces con los que cuenta si quiere hacer frente a la avalancha de casos que les llegarán, y el Poder Judicial Federal al menos 18 mil millones de pesos y no hay recursos. Sólo este año hubo una afectación de 50 mil millones de pesos para los estados en este renglón.
Sales Heredia es mucho más optimista y confía en que habrá los recursos para llevar a cabo la reforma y que la sociedad notará que es mejor tener un sistema judicial transparente que uno opaco; uno ágil que uno tortuoso.
El procurador de Campeche utiliza una metáfora: “Un árbol no lo siembras hoy y mañana ya es grande”.
Pero y qué sucede si el árbol crece torcido, se le pregunta: “Pues le pones un palito y ese palito para que se enderece es la supervisión de la sociedad”, responde.
Velásquez compara el sistema de justicia penal con un Rolls Royce. “Qué maravilla”, dice, pero el problema es que el volante está en el lado derecho y aquí manejamos en el lado izquierdo, además de que no hay dinero para pagarlo.
Técnicamente, asegura Juan Velásquez, la reforma es correcta, digna para un país de primer mundo y garantista de los derechos del individuo, pero difícil de aplicar si no hay tampoco policías verdaderamente científicas y, como predicción, aseveró que llegará el momento en que esos ministerios públicos busquen “convencer” a un presunto delincuente para que se declare culpable para ahorrarse tiempo.
“¿Es un problema cultural? Sí, pero también lo fue en Chile, en Colombia y Costa Rica. Pero ya funciona”, replica el procurador Sales Heredia.
Más que recursos, hace falta voluntad suficiente para implementar el nuevo esquema, “hace falta paciencia y voluntad”, agrega el funcionario.
El reto más grande en 100 años
El año 2009 significó un esfuerzo y conjunción de acciones con quienes tienen la misión de implementar la reforma constitucional para lograr que el país adopte un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, moderno, efectivo, con juicios orales y procesos simplificados, establece el documento entregado al Ejecutivo federal.
Para el Consejo de Coordinación de la reforma, “es innegable que el proceso mexicano de tránsito de un sistema mixto inquisitivo a uno acusatorio adversarial es el más complejo de América Latina”. Desde los puntos de vista político, económico y técnico “México enfrenta el reto más grande en los últimos 100 años de historia en justicia penal”, agrega.
Alejandro Etienne Llano, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas así lo expresó en agosto en los diálogos organizados por el gobierno federal.
“Difícilmente podemos asumir cabalmente estas importantes reformas que se están haciendo, especialmente en materia de narcomenudeo. También las derivadas de la oralidad en materia mercantil, las derivadas de justicia para adolescentes, en fin”, declaró entonces Etienne Llano.
“Hay un sin número de ordenamientos que se han ido modificando, que nosotros tenemos que tener cambios administrativos y legales hacia dentro de los Poderes Judiciales, pero que sin los recursos necesarios para ellos, difícilmente podríamos abordarlos cabalmente”, expresó el magistrado originario de Tamaualipas.
El texto advierte que “sólo con la confluencia y voluntad de todos los actores, las instituciones, organizaciones y ciudadanía, la reforma prosperará. Esta voluntad no es sustituible por ningún órgano o institución. Lo que estas últimas pueden y deben hacer es generar los espacios, el intercambio, conocimiento, información y herramientas para que esa fuerza social se materialice”. Cambiar el sistema de justicia penal “es una forma de incidir directamente en el tema de seguridad pública, tan crucial en el contexto en que vivimos. No obstante, lograrlo es un objetivo de mediano y largo plazo”.
Contar con cuerpos de policía más profesionales y con mejores herramientas permitirá enfrentar mejor a la criminalidad; contar con investigaciones criminalísticas eficaces y de alta calidad es la base para abatir la impunidad y la delincuencia; conforme los jueces puedan cerciorarse de que las evidencias frente a ellos incriminan a los supuestos delincuentes se facilitará sancionar más y mejor, evaluó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
El éxito de la reforma de justicia requiere cambios profundos, más allá de las normas, además de que se necesitan largos procesos de selección, profesionalización y evaluación continua, dice el texto.
La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación “apuesta por la generación de herramientas, modelos y soluciones técnicas como estrategia clave ante un sistema de justicia penal cambiante y amenazada por múltiples factores externos”.
Óscar Vázquez Marín, representante del Poder Judicial de la Federación ante el Consejo de Coordinación, asegura que “el cambio cultural y la difusión son las bases del éxito del nuevo sistema”.
Si no se socializa el cambio por parte de jueces, ministerios públicos y autoridades, pero también en la sociedad, “es imposible el funcionamiento de un nuevo paradigma de justicia”, agrega.
Las fallas
Durante los Diálogos por la Seguridad quedó en evidencia el fracaso de la Ley de Extinción de Dominio y las fallas en el nuevo sistema de justicia penal, a tal grado que apenas con un año de aplicación decidió reformar dicha Ley de Extinción.
El 11 de agosto pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) en voz de su titular, Arturo Chávez, admitió que el nuevo sistema de justicia penal presenta “fallas” en aquellas entidaes federativas donde ha comenzado a aplicarse.
El procurador federal comentó durante la reunión con el presidente Calderón que “sí es importante el profundizar y el seguir profundizando en este análisis porque, efectivamente, hay entidades en donde, no solamente no ayudó a que la justicia fuera accesible al ciudadano en una forma más ágil, sino que la percepción ciudadana es completamente adversa al nuevo Sistema de Justicia Penal”.
Jorge Ramos y Elena Michel, El Universal, 29 de septiembre.
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