Bogotá, 27 de septiembre. La senadora liberal Piedad Córdoba, quien participó como mediadora para lograr la liberación de 14 rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue destituida e inhabilitada hoy un periodo de 18 años por la Procuraduría General de Colombia, que la acusó de estar vinculada con ese grupo guerrillero. Los cargos no tienen “respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético”, replicó Córdoba al asegurar que es inocente.
El comandante de las fuerzas militares, almirante Edgar Cely, y el director de la policía nacional, general Óscar Naranjo, rechazaron, por separado, que el máximo dirigente militar y segundo mando en las FARC, Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño o Mono Jojoy, haya caído en un bombardeo el jueves pasado gracias a que fue localizado por un dispositivo satelital GPS, colocado en una de sus botas, como reportó la Radio RCN el viernes.
Pastor Alape, relevo de Jorge Briceño: rebeldes
Las FARC anunciaron que el Mono Jojoy será relevado en el secretariado del grupo por Pastor Alape, cuyo nombre verdadero es Félix Muñoz y era uno de los dos suplentes de la jefatura en el Bloque Oriental de la insurgencia.
Agregaron que el Bloque Oriental, que por años dirigió el Mono Jojoy, se llamará Bloque Comandante Jorge Briceño y estará bajo el mando de Wilson Valderrama, conocido como Mauricio Jaramillo o El Médico, quien también es miembro del secretariado.
De acuerdo con el procurador general, Alejandro Ordóñez, los presuntos nexos entre la legisladora Piedad Córdoba y las FARC quedaron de manifiesto en la información hallada en las computadoras incautadas en el campamento donde fue abatido el comandante de las FARC, Raúl Reyes, en marzo de 2008, durante un bombardeo en territorio de Ecuador.
Ordóñez determinó que la senadora se extralimitó en sus funciones al entrar en contacto con los guerrilleros, así como en la autorización dada por el gobierno para gestionar el intercambio humanitario.
“El Ministerio Público estableció con certeza que la senadora –que se identificaba con los alias de Teodora, Teodora de Bolívar, La Negra y La Negrita, de acuerdo con el cruce de documentos entre los insurgentes y la parlamentaria– emitió consejos a las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos”, aseveró Ordóñez.
La procuraduría, que se encarga de vigilar a los funcionarios públicos, aseguró que en la investigación se constató que Córdoba instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países.
En su primera reacción a través de su cuenta de Twitter, la legisladora se declaró “inocente”, y más tarde anunció que estudia con sus abogados la determinación de la procuraduría, ya que la acusación no tiene “respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético”.
“Quien temerariamente me acusa y me sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones contra los derechos de la mujer, las operaciones ilegales del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, la policía política)” y es “investigado por la Corte Suprema de Justicia”, señaló en un comunicado. Añadió que la sanción “es una muestra más de la persecución política” en su contra en los últimos 12 años.
La senadora, que integró Colombianos por la Paz, formado en 2008 por políticos, intelectuales, artistas, periodistas y ex rehenes de los rebeldes, entre otros, para buscar soluciones al conflicto armado en el país, tiene derecho a interponer un recurso de reposición ante el mismo procurador, lo que deja en suspenso su destitución e inhabilitación política, explicó una fuente del organismo, de acuerdo con Afp.
Si la procuraduría decide mantener la sanción, ésta tendría que ser ratificada por el Consejo de Estado, la máxima autoridad de justicia contencioso-administrativa y la que puede realmente decretar la pérdida de investidura de los congresistas, de acuerdo con la Constitución, señaló la fuente.
El representante de la cámara y líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, Iván Cepeda, aseguró que la sanción contra Córdoba es una persecución política a una congresista.
Más detalles de la cacería
Los oficiales que planearon el ataque aéreo que costó la vida al Mono Jojoy negaron que la precisión con que fueron lanzadas las bombas se haya logrado gracias a un chip GPS colocado en una bota del que fue líder de las FARC.
Mono Jojoy, cuyo nombre real era Víctor Julio Suárez y que integraba el secretariado (mando central) de las FARC, murió el jueves pasado junto con siete guerrilleros durante un bombardeo de las fuerzas militares lanzado contra un campamento de la guerrilla en la zona de La Macarena, en el central departamento de Meta.
La prensa colombiana y agencias mundiales de prensa recogieron el reporte de RCN dado a conocer el viernes pasado, el cual señalaba que esta emisora “pudo establecer que gracias a un dispositivo electrónico camuflado en un calzado especial que necesitaba utilizar Jorge Briceño Suárez, alias El Mono Jojoy, fue que la fuerza pública logró ubicar y dar muerte al jefe militar de las FARC en La Macarena, Meta...
“Los organismos de seguridad que adelantaron el operativo interceptaron una comunicación de los rebeldes en la que se pedían unos zapatos especiales, los cuales fueron enviados con un localizador GPS que permitió establecer la plena ubicación del Mono Jojoy en La Macarena, donde fue abatido, se afirmó en el sitio de Internet www.rcnradio.com/noticias/judicial/24-09-10/un-chip-permiti-localizar-al-mono-jojoy
El comandante de las fuerzas militares, almirante Édgar Cely, y el director de la policía, general Óscar Naranjo, aseguraron por separado que esa versión sólo corresponde a las “novelas” que habitualmente rodean este tipo de acontecimientos.
“No hubo chip en la bota, eso lo puedo asegurar”, dijo Naranjo, mientras Cely explicó que la ubicación de Jojoy se obtuvo por informaciones de inteligencia y que la precisión de las bombas se debió a los datos aportados por “fuentes humanas”.
Cely precisó que un militar se infiltró desde hace dos años en las FARC y logró armar una relación con una guerrillera de los anillos de seguridad del jefe rebelde; además, entre diez y 20 rebeldes aportaron datos, por lo que “sí había información de la ubicación geográfica” de Briceño.
El director de la policía precisó que el ex líder insurgente perdió la vida por aplastamiento al caerle encima el búnker en el que se refugiaba tras ser alcanzado por siete bombas, y negó que tuviera un tiro en la cabeza, como informaron El Tiempo y el Espectador, entre otros medios colombianos, poco después del bombardeo.
El ministro de Defensa Rodrigo Vera informó el viernes pasado que tras la identificación del cadáver del Mono Jojoy quedaron sorprendidos porque tenía un uniforme “camuflado pixelado”, uno de los últimos modelos de los que usan las fuerzas militares.
El comandante de las fuerzas militares, almirante Edgar Cely, y el director de la policía nacional, general Óscar Naranjo, rechazaron, por separado, que el máximo dirigente militar y segundo mando en las FARC, Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño o Mono Jojoy, haya caído en un bombardeo el jueves pasado gracias a que fue localizado por un dispositivo satelital GPS, colocado en una de sus botas, como reportó la Radio RCN el viernes.
Pastor Alape, relevo de Jorge Briceño: rebeldes
Las FARC anunciaron que el Mono Jojoy será relevado en el secretariado del grupo por Pastor Alape, cuyo nombre verdadero es Félix Muñoz y era uno de los dos suplentes de la jefatura en el Bloque Oriental de la insurgencia.
Agregaron que el Bloque Oriental, que por años dirigió el Mono Jojoy, se llamará Bloque Comandante Jorge Briceño y estará bajo el mando de Wilson Valderrama, conocido como Mauricio Jaramillo o El Médico, quien también es miembro del secretariado.
De acuerdo con el procurador general, Alejandro Ordóñez, los presuntos nexos entre la legisladora Piedad Córdoba y las FARC quedaron de manifiesto en la información hallada en las computadoras incautadas en el campamento donde fue abatido el comandante de las FARC, Raúl Reyes, en marzo de 2008, durante un bombardeo en territorio de Ecuador.
Ordóñez determinó que la senadora se extralimitó en sus funciones al entrar en contacto con los guerrilleros, así como en la autorización dada por el gobierno para gestionar el intercambio humanitario.
“El Ministerio Público estableció con certeza que la senadora –que se identificaba con los alias de Teodora, Teodora de Bolívar, La Negra y La Negrita, de acuerdo con el cruce de documentos entre los insurgentes y la parlamentaria– emitió consejos a las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos”, aseveró Ordóñez.
La procuraduría, que se encarga de vigilar a los funcionarios públicos, aseguró que en la investigación se constató que Córdoba instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países.
En su primera reacción a través de su cuenta de Twitter, la legisladora se declaró “inocente”, y más tarde anunció que estudia con sus abogados la determinación de la procuraduría, ya que la acusación no tiene “respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético”.
“Quien temerariamente me acusa y me sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones contra los derechos de la mujer, las operaciones ilegales del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, la policía política)” y es “investigado por la Corte Suprema de Justicia”, señaló en un comunicado. Añadió que la sanción “es una muestra más de la persecución política” en su contra en los últimos 12 años.
La senadora, que integró Colombianos por la Paz, formado en 2008 por políticos, intelectuales, artistas, periodistas y ex rehenes de los rebeldes, entre otros, para buscar soluciones al conflicto armado en el país, tiene derecho a interponer un recurso de reposición ante el mismo procurador, lo que deja en suspenso su destitución e inhabilitación política, explicó una fuente del organismo, de acuerdo con Afp.
Si la procuraduría decide mantener la sanción, ésta tendría que ser ratificada por el Consejo de Estado, la máxima autoridad de justicia contencioso-administrativa y la que puede realmente decretar la pérdida de investidura de los congresistas, de acuerdo con la Constitución, señaló la fuente.
El representante de la cámara y líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, Iván Cepeda, aseguró que la sanción contra Córdoba es una persecución política a una congresista.
Más detalles de la cacería
Los oficiales que planearon el ataque aéreo que costó la vida al Mono Jojoy negaron que la precisión con que fueron lanzadas las bombas se haya logrado gracias a un chip GPS colocado en una bota del que fue líder de las FARC.
Mono Jojoy, cuyo nombre real era Víctor Julio Suárez y que integraba el secretariado (mando central) de las FARC, murió el jueves pasado junto con siete guerrilleros durante un bombardeo de las fuerzas militares lanzado contra un campamento de la guerrilla en la zona de La Macarena, en el central departamento de Meta.
La prensa colombiana y agencias mundiales de prensa recogieron el reporte de RCN dado a conocer el viernes pasado, el cual señalaba que esta emisora “pudo establecer que gracias a un dispositivo electrónico camuflado en un calzado especial que necesitaba utilizar Jorge Briceño Suárez, alias El Mono Jojoy, fue que la fuerza pública logró ubicar y dar muerte al jefe militar de las FARC en La Macarena, Meta...
“Los organismos de seguridad que adelantaron el operativo interceptaron una comunicación de los rebeldes en la que se pedían unos zapatos especiales, los cuales fueron enviados con un localizador GPS que permitió establecer la plena ubicación del Mono Jojoy en La Macarena, donde fue abatido, se afirmó en el sitio de Internet www.rcnradio.com/noticias/judicial/24-09-10/un-chip-permiti-localizar-al-mono-jojoy
El comandante de las fuerzas militares, almirante Édgar Cely, y el director de la policía, general Óscar Naranjo, aseguraron por separado que esa versión sólo corresponde a las “novelas” que habitualmente rodean este tipo de acontecimientos.
“No hubo chip en la bota, eso lo puedo asegurar”, dijo Naranjo, mientras Cely explicó que la ubicación de Jojoy se obtuvo por informaciones de inteligencia y que la precisión de las bombas se debió a los datos aportados por “fuentes humanas”.
Cely precisó que un militar se infiltró desde hace dos años en las FARC y logró armar una relación con una guerrillera de los anillos de seguridad del jefe rebelde; además, entre diez y 20 rebeldes aportaron datos, por lo que “sí había información de la ubicación geográfica” de Briceño.
El director de la policía precisó que el ex líder insurgente perdió la vida por aplastamiento al caerle encima el búnker en el que se refugiaba tras ser alcanzado por siete bombas, y negó que tuviera un tiro en la cabeza, como informaron El Tiempo y el Espectador, entre otros medios colombianos, poco después del bombardeo.
El ministro de Defensa Rodrigo Vera informó el viernes pasado que tras la identificación del cadáver del Mono Jojoy quedaron sorprendidos porque tenía un uniforme “camuflado pixelado”, uno de los últimos modelos de los que usan las fuerzas militares.
La Jornada, 28 de septiembre.
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