La propuesta del PRD, presentada por el presidente de ese partido, Jesús Ortega, tiene como propósito que el Estado cuente con más fondos presupuestales en aras de dotar de más recursos a los gobiernos municipales.
Ebrard apoya el proyecto
La propuesta fiscal del PRD, presentada en el Encuentro Nacional con Gobiernos Locales y Legisladores, celebrado en la Cámara de Diputados, fue apoyada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien participó como orador:
“Se acaba de presentar la postura del PRD. Yo coincido. Hay que revisar los regímenes fiscales. La minería, la extracción en México no tiene impuesto; hay que revisar las consolidaciones fiscales y el no pago en transacciones financieras y costos.”
Ebrard dijo que el proyecto del PRD le pareció “muy sensato, porque no se trata nada más de decir que bajen un impuesto sin proponer cómo se va a reponer”.
La propuesta perredista incluye, además de disminuir la tasa del IVA, reducir el impuesto sobre la renta (ISR) a 28 por ciento, “pero hacerlo más progresivo, y dejar el impuesto especial a tasa única (IETU) sólo para grandes contribuyentes”; gravar todas las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores e incrementar las contribuciones de los concesionarios que explotan minas en el país.
Plantea incluir en la Ley de Ingresos un mandato para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice, inmediatamente después del ejercicio de los recursos, la administración de los regímenes fiscales especiales y una evaluación que mida su impacto en la actividad económica.
Propone incrementar las facultades fiscales de los estados, otorgándoles la administración del régimen para personas físicas del ISR y de los municipios, con un fondo para financiar reformas a los sistemas de cobro del predial.
Además, incluir al Distrito Federal en el fondo de aportaciones para la infraestructura social y municipal; crear un nuevo fondo en el ramo 33 e impulsar una reforma constitucional para otorgar al Congreso federal la facultad de legislar en materia de armonización fiscal y de evaluación del gasto entre gobierno federal, entidades federativas y municipios.
También modificar la Ley de Responsabilidad Hacendaria con la finalidad de que la Cámara de Diputados esté obligada a considerar los indicadores de desempeño y las evaluaciones de programas en las reasignaciones del paquete presupuestal.
Por último, ampliar la cobertura del Programa 70 y más para ofrecer apoyo de al menos un salario mínimo a todas las personas en ese nivel de edad que carezcan de pensión, e incluir en el presupuesto un programa nacional para financiar proyectos de prevención de delincuencia y reconstrucción del tejido social.
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