Acusan ahora a tuiteros de perturbación social

El gobierno de Javier Duarte pidió al Congreso de Veracruz incorporar la "perturbación del orden social" como nuevo delito del Código Penal para que los tuiteros que están en prisión acusados por terrorismo y sabotaje por la difusión en redes sociales de informes sobre violencia en escuelas de Veracruz, pasen de ser delincuentes peligrosos a malhechores con derecho a fianza.

El mandatario presentó esta iniciativa para diferenciar el nuevo delito de otros considerados graves, como el terrorismo, del que acusó en agosto pasado a los dos cibernautas veracruzanos.

"Bueno, este es un caso claro acerca de perfeccionar la legislación (...) No teníamos un ordenamiento legal adecuado en donde pudiéramos tipificar esta conducta y fue por ello que buscamos el artículo que tipificara de manera más puntual esta acción, que fue el artículo 311 y 313 del Código Penal, que es el que habla de terrorismo y sabotaje", explicó en entrevista horas después de presentar la iniciativa.

Reconoció que el terrorismo fue un cargo sobredimensionado porque de acuerdo con expertos en legislación sobre el tema, implica muertes, personas heridas, daños mayores y otras agravantes que no ocurrieron.

"Aunque estas personas cometieron daños a la sociedad, evidentemente que no llegaron a causar muertes, como es el caso de terrorismo, por lo cual he venido haciendo una serie de investigaciones, inclusive me reuní con los jueces internacionales de la corte penal, y ellos me dieron la razón, me dijeron: efectivamente es correcta la acción del gobierno, del estado, de sancionar este tipo de conductas", aseguró en Boca del Río.

De ahí su idea de establecer en Veracruz la perturbación del orden público como un delito, tema que será analizado en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local el próximo miércoles.

"Haz de cuenta que es como un terrorismo atenuado, en donde no llega a haber muertos, no llega a haber heridos, sino es una perturbación del orden, un agravio a la sociedad (...) Espero que los diputados la puedan legislar lo más pronto posible a efecto de tener un ordenamiento legal que encuadre precisamente en una dimensión justa y proporcional este tipo de conductas", manifestó.

Con los reflectores encima por considerar que reprimió el ejercicio de la libertad de expresión, el priista aclaró que no se limita ningún derecho, sino que se vela por el bien común y la tranquilidad de los veracruzanos.

"En ningún momento estamos restringiendo la libertad de expresión, cada quien puede hacer y decir lo que corresponda, lo que quiera hacer, lo que quiera decir, es más puede decir cosas verdaderas o falsas, (pero) si esta comunicación falsa deriva en un daño a un tercero, entonces sí hay una consecuencia legal, lo que estamos tutelando, en este caso, es la armonía, es la tranquilidad, la paz, la seguridad de la sociedad", reiteró.

Con este cambio legal, tanto la priista y ex funcionaria fidelista, María de Jesús Bravo Pagola, como Gilberto Martínez, dejarían de ser considerados delincuentes peligrosos merecedores de penas de hasta 30 años de prisión y podría quedar en libertad bajo fianza.

La defensa de los acusados ha señalado que la cosignación se debe a una venganza política del Gobierno del estado.







La propuesta



Duarte presentó una iniciativa para modificar el código penal y poder juzgar a dos detenidos por perturbación del orden social en vez de por terrorismo.



PROYECTO



ARTICULO 373



A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud; ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente







LA LEY ACTUAL



ARTÍCULO 313



Se considera terrorista y se sancionará como tal a quien haga señales, dé voces de alarma o provoque estruendos por los medios idóneos, simulando la posible existencia de alguno de los actos considerados por el delito de terrorismo, con el fin de suscitar tumultos, desórdenes, alarma o zozobra aun cuando estos no se produzcan.

Lev García corresponsal, Reforma, 13 de septiembre.

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