Crean línea de emergencia para asesorar a migrantes

El endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos obligó a agrupaciones a aplicar estrategias de defensa. Ese es el caso de un grupo de jaliscienses que creó una línea telefónica gratuita de ayuda jurídica en cuatro idiomas, para brindar un servicio de 24 horas a indocumentados —de cualquier país— que teman ser deportados o requieran información. Para Sergio Suárez Ramírez, originario de Juanacatlán y presidente del Consejo Nacional de Federaciones Jaliscienses de Estados Unidos, las actuales políticas migratorias han motivado la violación de los derechos humanos de los indocumentados. “Antes los focos rojos eran Arizona y California, pero ya es en todos lados, porque cuando un programa federal incentiva con apoyos económicos como el de Comunidades Seguras, fomenta la violación de las garantías”. De visita en Guadalajara, el empresario radicado en Illinois, también presidente de la Federación Jalisciense del Medio Oeste de Estados Unidos, reprochó el programa conocido como S-Comm, creado hace poco más de tres años por la administración del presidente Barack Obama. “Con esto el gobierno federal daba incentivos a las personas que apresaran a indocumentados y que las pasaran al departamento de migración. La idea era sacar a lo peor de lo peor, a los criminales del país, pero fue un programa fallido, porque no tomaron en cuenta a la ciudadanía y en lugar de crear comunidades seguras aterrorizó a la gente. Por eso estamos muy disgustados con esa falta de compromiso del presidente (Obama)”. Casos de deportaciones Suárez Ramírez señaló que en 2008 había 14 condados con ese programa, y que a la fecha son poco más de mil 500 jurisdicciones en más de 40 estados que aplican Comunidades Seguras. En Estados Unidos existen alrededor de 11 millones de indocumentados. Organizaciones civiles advierten que tres de cada cuatro de ellos viven en zonas donde se aplica el programa S-Comm. “Hay casos, tal vez miles, de personas que están a punto o que ya fueron deportadas por el simple hecho de estar allá sin papeles. Es el caso de una mujer que fue detenida en la calle por conducir sin licencia. Ella era enviada ante autoridades migratorias mientras sus hijos pequeños se encontraban solos en casa”, recordó. “Tener la piel café era suficiente justificación para que te pararan y te investigaran, y se creó un embudo que hizo que dejara de funcionar el programa. Hay 300 mil personas en proceso de deportación y 44 jueces para determinar esos casos”. Y agregó: “Los ponen en proceso y no les dan la información adecuada. Una vez que los arrestan les dicen que van a estar un año y medio o dos años en la cárcel, pero que si firman su salida voluntaria se van con su familia para que gocen México. Entonces, es cárcel por dos años o irte con tu familia y no hay bronca, pues muchos eligen la última opción. Están malinformando a las personas y no les están leyendo sus derechos”. Así, con el esfuerzo de inmigrantes, iglesias y organizaciones civiles, nació la Family Support Line (1 855 435 7693), la cual funciona desde hace dos semanas, y que será lanzada a nivel internacional el 19 de septiembre. Acciones con apego a la ley “El objetivo es que el indocumentado no se intimide, que no se autoincrimine, que sepa que hay alguien con él, que tiene derecho a no decir nada y que cuando lo detengan entregue la tarjeta. Si el migrante es de África, Afganistán o Somalia, o de América del sur, esta línea es para los que necesiten representación legal”, puntualizó Sergio Suárez Ramírez. “Esta línea es totalmente gratuita y se atiende las 24 horas durante todo el año, tenemos la infraestructura telefónica, 100 personas capacitadas legalmente para contestar esas llamadas, ya sea para la persona o la familia que necesita información. Tenemos un grupo de 18 abogados y sumando, que dan asesoría legal gratuita. Tenemos esto en cuatro idiomas, árabe, polaco, español e inglés”. Para el líder de los migrantes jaliscienses, sin violar las leyes, se pueden frenar deportaciones que no deben ser consideradas criminales. “Que los delincuentes se vayan de Estados Unidos estoy de acuerdo y lo entiendo y hasta lo aplaudo, porque quien quiere un criminal de vecino. Pero no es delincuente todo el que cruza la frontera”, concluyó. Ulises Zamarroni corresponsal, El Universal, 1º de septiembre.