ONG albergará a guatemaltecos

TENOSIQUE. El grupo de campesinos expulsado por las autoridades guatemaltecas hace una semana de su pueblo Nueva Esperanza, en Petén, Guatemala, será alojado en el Hogar Refugio para Personas Migrantes La 72, de esta cabecera municipal, que coordina el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta. Así lo confirmó el director de esa ONG defensora de los derechos de migrantes, Ezequiel Serafín Esteban, quien señaló que esperaban ayer la llegada de los guatemaltecos. El pasado martes 23 de agosto fueron destrozadas las viviendas de cerca de 400 personas, entre niños y adultos, que conformaban la aldea Nueva Esperanza, municipio de La Libertad, departamento de Petén. Desde esa fecha, ese grupo se refugió en la brecha que forma la línea divisoria internacional entre México y Guatemala, donde sobrevivían de la ayuda humanitaria proporcionada por campesinos tabasqueños. También desde hace cuatro días el Centro de Derechos Humanos les entregaba víveres y medicinas. Serafín Esteban señaló que serán los propios campesinos guatemaltecos quienes decidirán las acciones a realizar, pero mientras se les proporcionará techo y alimentos, pues se tiene el espacio para atenderlos mejor, que en la condiciones infrahumanas en que vivían a la intemperie. Representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional, así como de otras organizaciones no gubernamentales llegaron a esta cabecera municipal para conocer el problema. “Estado de sitio” Este pueblo de la aldea Nueva Esperanza, conformado por cerca de 90 familias, que prácticamente fue expulsado de su país, huyó hacia la línea fronteriza en el punto ubicado entre una zona serrana y selvática de México y Guatemala. El departamento de Petén fue declarado en “estado de sitio” por las autoridades guatemaltecas, desde hace tres meses, luego de que miembros del grupo criminal de Los Zetas masacraron a 27 campesinos. La medida decretada el 15 de mayo incluyó el envío de cientos de policías y soldados, a quienes en ese país les permiten “investigar” en cualquier comunidad para realizar arrestos sin necesidad de una orden legal, disolver reuniones públicas y prohibir posesión de armas. Roberto Barboza corresponsal, El Universal, 1º de septiembre.