IVA local dañaría fiscalización: expertos

La instrumentación de un impuesto a las ventas finales puede llevar a México a una época de jungla fiscal, consideraron diversos expertos. David Colmenares, especialista en temas de federalismo, aseguró que con la propuesta de Hacienda, cada estado puede imponer una tasa diferente, con lo cual se generarían complicaciones en el sistema fiscal del país. Agregó que para que funcione el impuesto, primero debería de ir concertado por todas las entidades federativas, para que se aplique la misma tasa de IVA local. “A poco vamos a dejar que entre el Distrito Federal con una tasa de 5%, el Estado de México con 1%, Puebla con 2% y Oaxaca con 4%, volvemos a la época que ya se había derrotado que es la existencia de una jungla fiscal”, detalló. En la Ley de Ingresos 2012 que entregó la Secretaría de Hacienda al Congreso, la dependencia planteó que las entidades federativas instrumenten impuestos locales a las ventas y servicios al público en general, cuya tasa máxima deberá ser de 5%. En la pasada reunión de funcionarios fiscales con la Secretaría de Hacienda encabezados por su titular José Antonio Meade, se expuso que el nuevo gravamen podría generar un potencial recaudatorio de 120 mil millones de pesos. Colmenares aseguró que la propuesta tiene tintes electorales. “Se podrá decir que los estados, en su mayoría priístas o el importante Distrito Federal que es perredista, aplicaron el impuesto y en un año de elecciones, la gente lo va a tomar como un alza del IVA”, dijo. Agregó que el impuesto local sólo será viable si se compensa contra el IVA y se aplique una misma tasa en todos los estados. IMEF respalda gravamen estatal El presidente del comité de estudios fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Enrique Ramírez Figueroa, dijo ayer que es una buena novedad la iniciativa que prevé facultar a los estados para establecer impuestos locales. Agregó que se viola el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para elevar la recaudación. En conferencia de prensa, dijo que el impuesto se fijaría a una tasa máxima de 5% en operaciones con el público en general respecto de la enajenación, prestación de servicios independientes o arrendamiento de bienes muebles. Aunque se excluyen ciertas actividades, como servicios públicos concesionados, de telecomunicaciones, del sistema financiero, transporte federal, partes sociales y títulos de crédito. José Manuel Arteaga, El Universal, 21 de septiembre.