La CNDH va contra la reforma al Código Penal de Veracruz; analiza su legalidad

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estudia la promoción de una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Código Penal de Veracruz en la que se tipificó el delito de “perturbación del orden público”. El organismo argumentó que ya analiza la legalidad del precepto, principalmente en lo relativo a la libertad de expresión. La adición se oficializó el pasado 20 de septiembre, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del gobierno estatal. La iniciativa del gobernador Javier Duarte se derivó de lo ocurrido el pasado 25 de agosto, cuando dos personas divulgaron en las redes sociales mensajes sobre supuestos ataques del crimen organizado en centros escolares, lo que originó psicosis entre la población de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera, los involucrados, fueron acusados en principio por la procuraduría estatal de los delitos de terrorismo equiparado y sabotaje, y se les recluyó en el penal de Pacho Viejo, a la espera de una sentencia que pudo haber sido de hasta 30 años. Sin embargo, hace unos días, casi a la par de las modificaciones en el Código Penal, el Ministerio Público se desistió de las acusaciones. No obstante, la reforma que establece el ilícito de “perturbación del orden público” ya estaba consumada… El artículo 373 aprobado por la legislatura local quedó en los siguientes términos: “A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”. Ante esto, la CNDH indicó que verifica la constitucionalidad de la norma. El organismo tiene un plazo de 30 días naturales para resolver si procede ejercer la acción de inconstitucionalidad, en los términos que establece el artículo 105 de la Constitución. Señaló que “el Estado tiene la obligación de prevenir actos que violenten derechos como la libertad de expresión e impulsar reformas legales que la garanticen”. Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 23 de septiembre.