Cambios menores ‘‘para mejorar su aplicación y operatividad’’

La reforma a la Ley General de Víctimas aprobada ayer en el Senado incluye la mayor parte de las observaciones que formuló a esa legislación el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, al vetarla en julio del año pasado, además de algunos cambios menores formulados por los legisladores a fin de ‘‘mejorar su aplicación y operatividad’’.
De acuerdo con las presidentas de las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos, Cristina Díaz y Angélica de la Peña, respectivamente, los cambios centrales son los siguientes:
Se define, de manera precisa, que sólo accederán a la compensación económica de hasta cerca de 900 mil pesos quienes hayan sido víctimas de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro o lesiones que los incapaciten física y mentalmente.
Otro cambio toral es que para las víctimas de violaciones de derechos humanos no hay límite para la compensación y reparación del daño, que determine una resolución de órganos jurisdiccionales nacional o internacional.
Se agrega la definición de ‘‘víctimas potenciales’’, con el objeto de establecer con precisión que se debe dar protección a los defensores de víctimas cuando su vida y libertad se vean amenazados.
Igualmente, se delimita la competencia de las autoridades federales y locales y se facilita la operación del sistema nacional de atención a víctimas. Se reduce la estructura de la comisión ejecutiva del mismo, que queda en siete comisionados, de los que cuatro deben ser especialistas en alguna disciplina o materia de la ley, y otros tres representarán a los colectivos de víctimas.
Los senadores introdujeron otras seis modificaciones. En comisiones, el pasado miércoles, a propuesta del PAN se adicionó el artículo 4 para incluir como víctimas a comunidades y organizaciones sociales afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos.
Asimismo, fue modificado el artículo 6 de esa legislación, que distingue compensación de responsabilidad directa y compensación subsidiaria, y el 79 para fijar un plazo de un mes a las autoridades para responder a las víctimas.
En total se cambiaron 146 de los 180 artículos que conforman la Ley General de Víctimas promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en enero de este año, aunque buena parte de ellos no son de fondo.

Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 22 de marzo.