Inicialmente se informó que hubo tres detenidos. En realidad fueron seis: Tiburcio López Hidalgo, Santos Díaz Calvo, Gildardo López, Roberto López López, Manuel Gómez López y José Lázaro López López. “Los sacaron a la fuerza de sus domicilios, dándoles fuertes golpes.” Ahora presentan lesiones “en diversas partes de sus cuerpos”.
Según los pobladores, “la mayoría de las mujeres de la comunidad se organizaron y rescataron a los detenidos, a pesar de las amenazas de los policías de dispararles. Josefa Gómez Álvarez fue sujetada del cuello por Fidel Gómez González, persona civil armada que encabezó el operativo, mientras policías y civiles armados amenazaron con destruir las casas, llevarse a todos y que ‘el desmadre será más grande’”.
Como informó La Jornada, centenares de policías preventivos estatales irrumpieron en Cruztón la madrugada del pasado domingo. Los campesinos, adherentes a la otra campaña, precisan ahora: “con armas cortas, en camionetas pick up, en un convoy de 30 a 50 elementos, ingresaron por diversos puntos a la comunidad”.
“El operativo se caracterizó por el exceso de amenazas con armas y el maltrato verbal a los más indefensos de la comunidad. Los agresores fueron guiados por civiles armados, que llevaban los rostros cubiertos, playeras blancas y paliacates rojos, pero fueron plenamente identificados: Fidel Gómez González (que renca de la pierna derecha), Valentín González Jiménez, Pedro González Severino, Francisco Vázquez Jiménez, Marcelino González Pilicastro, Álvaro González Mazariego y Juan Ruiz García.”
La comunidad de Cruztón manifiesta indignación “por la traición del mal gobierno, ya que ha violado los acuerdos de las mesas de trabajo, que habían permanecido vigentes”. Tras el ataque, los campesinos, de origen indígena, aclaran “que en ningún momento confiaremos en sus falsas promesas”, y exigen al gobierno del estado “respeto a nuestro derecho a la tierra. No estamos invadiendo, es un derecho de hace muchos años. Son 308 hectáreas y las seguiremos defendiendo”.
Demandan respeto a su resistencia y que las autoridades “den solución a la gente invasora de Teopisca y ejido Nuevo León”. Exigen la cancelación de órdenes de aprehensión, que se ha girado injustamente, y rechazan la “criminalización de la pobreza”.
La versión simplificada de los medios oficialistas fue que la policía “desalojó a un grupo de invasores”, sin agregar información de fuentes policiacas. Los campesinos de Cruztón reiteran que defenderán las 308 hectáreas que les “corresponden”.
Nota de Hermann Bellinghausen, La Jornada, 29 de abril.
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