La Suprema Corte de Justicia aceptó ayer revisar si existieron vicios de procedimiento en la reforma constitucional en materia electoral del año pasado.
En una decisión histórica, por 6 votos contra 5, la Corte decidió admitir a trámite dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Convergencia y Nueva Alianza, que impugnaron el procedimiento para la polémica reforma que impuso restricciones a la contratación de propaganda electoral y resultó en el relevo de los consejeros del IFE.
Es la primera vez en su historia que la Corte acepta revisar demandas promovidas por partidos políticos para cuestionar cambios a la Constitución.
Las demandas fueron desechadas en diciembre por la Comisión de Receso de la Corte, por ser notoriamente improcedentes.
Pero dicha comisión, integrada por los ministros Genaro Góngora y José de Jesús Gudiño, se limitó a aplicar jurisprudencia aprobada en 2002, según la cual no procede recurso alguno para impugnar una reforma a la Constitución.
Al revisar ayer esa decisión, el pleno consideró que las demandas no son "notoriamente" improcedentes y deben admitirse, para instruir el juicio y determinar si el Congreso y las legislaturas estatales respetaron el procedimiento que la Carta Magna señala para su modificación.
La votación podría ser un adelanto de lo que sucederá con decenas de amparos promovidos por cámaras empresariales y por un grupo de intelectuales, que impugnaron la reforma al artículo 41 de la Constitución porque prohibe a los particulares la contratación de propaganda electoral en radio y televisión.
La Corte estudia si ejercerá su facultad de atracción para revisar fallos de jueces de primera instancia, que en su mayoría desecharon estos amparos por notoria improcedencia, con base en la jurisprudencia de 2002.
"Sería muy grave que el consenso básico de los mexicanos fuera reformado sin cumplir con los requisitos constitucionales, sería más grave aún que esta violación pudiera realizarse sin posibilidades de control alguno", dijo Góngora.
Salvador Aguirre votó con Góngora, pero también detalló sus cambios de opinión sobre el tema. En 1997, con argumentos similares a los de hoy, Góngora votó en favor de admitir el amparo promovido por el ex regente Manuel Camacho, quien cuestionó una reforma que le prohibía aspirar de nuevo a ese cargo.
En esa ocasión la votación fue de 6 contra 5. Pero en 2002, ante la reforma constitucional en materia indígena, la Corte desechó cientos de controversias promovidas por municipios, al considerar por 8 votos contra 3 que los cambios a la Carta Magna no pueden ser objeto de ningún control judicial.
En una decisión histórica, por 6 votos contra 5, la Corte decidió admitir a trámite dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Convergencia y Nueva Alianza, que impugnaron el procedimiento para la polémica reforma que impuso restricciones a la contratación de propaganda electoral y resultó en el relevo de los consejeros del IFE.
Es la primera vez en su historia que la Corte acepta revisar demandas promovidas por partidos políticos para cuestionar cambios a la Constitución.
Las demandas fueron desechadas en diciembre por la Comisión de Receso de la Corte, por ser notoriamente improcedentes.
Pero dicha comisión, integrada por los ministros Genaro Góngora y José de Jesús Gudiño, se limitó a aplicar jurisprudencia aprobada en 2002, según la cual no procede recurso alguno para impugnar una reforma a la Constitución.
Al revisar ayer esa decisión, el pleno consideró que las demandas no son "notoriamente" improcedentes y deben admitirse, para instruir el juicio y determinar si el Congreso y las legislaturas estatales respetaron el procedimiento que la Carta Magna señala para su modificación.
La votación podría ser un adelanto de lo que sucederá con decenas de amparos promovidos por cámaras empresariales y por un grupo de intelectuales, que impugnaron la reforma al artículo 41 de la Constitución porque prohibe a los particulares la contratación de propaganda electoral en radio y televisión.
La Corte estudia si ejercerá su facultad de atracción para revisar fallos de jueces de primera instancia, que en su mayoría desecharon estos amparos por notoria improcedencia, con base en la jurisprudencia de 2002.
"Sería muy grave que el consenso básico de los mexicanos fuera reformado sin cumplir con los requisitos constitucionales, sería más grave aún que esta violación pudiera realizarse sin posibilidades de control alguno", dijo Góngora.
Salvador Aguirre votó con Góngora, pero también detalló sus cambios de opinión sobre el tema. En 1997, con argumentos similares a los de hoy, Góngora votó en favor de admitir el amparo promovido por el ex regente Manuel Camacho, quien cuestionó una reforma que le prohibía aspirar de nuevo a ese cargo.
En esa ocasión la votación fue de 6 contra 5. Pero en 2002, ante la reforma constitucional en materia indígena, la Corte desechó cientos de controversias promovidas por municipios, al considerar por 8 votos contra 3 que los cambios a la Carta Magna no pueden ser objeto de ningún control judicial.
Nota de Víctor Fuentes, Reforma, 29 de abril.
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