El plan prevé además el resguardo de las estaciones migratorias; la realización de operativos contra el crimen organizado, y el intercambio de información entre ambos organismos.
"El control migratorio y las garantías individuales no representan una disyuntiva, en México son partes complementarias de una política migratoria integral que responde a las circunstancias del país", indicó Genaro Luna García, Secretario de Seguridad Pública Federal.
El convenio fue suscrito en la Secretaría de Gobernación por su titular, Juan Camilo Mouriño, y la comisionada del INM, Cecilia Romero.
"El fenómeno migratorio enfrenta fenómenos nuevos más complejos. Por ejemplo, el crimen organizado ha encontrado en el migrante que va de paso por nuestro territorio, nuevas víctimas para realizar sus actos delincuenciales. Los migrantes son víctimas de secuestros, robos, contrabando, extorsiones, tráfico de órganos y abusos innumerables.
"Alrededor de los flujos migratorios existen bandas que lucran con el dolor humano, que se aprovechan de sus planes y expectativas para hacer negocios ilícitos", dijo Mouriño.
El funcionario instruyó a la titular de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Ana Teresa Aranda, así como a Romero, a que aceleren la transformación del INM y a que cumplan de inmediato los alcances del acuerdo.
También reconoció la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para procurar el trato que se merecen los migrantes por parte de las autoridades.
"El compromiso de este Gobierno es que el paso por México no se convierta en un mal recuerdo para nadie, ni siquiera para aquellos que sean conducidos a su país de origen tras una estancia en alguna estación migratoria.
"El INM es el rostro de entrada a nuestro país, por tanto, debe recibir turistas, visitantes de negocios y migrantes con un amplio sentido de amistad y de respeto a su dignidad", destacó.
García Luna consideró que México acumula una sensibilidad política en el rubro migratorio, no sólo legal, sino humanitario.
"Nos corresponde la responsabilidad de atender, tanto el control fronterizo y migratorio, como el cumplimiento de un imperativo ético que salvaguarda los derechos humanos plasmados en nuestros ordenamientos legales.
"Estoy cierto que con estas acciones seremos capaces de estar a la altura de esta responsabilidad y de construir una política migratoria segura, cada vez más eficaz, pero también cada vez más humana", aseguró García Luna.
De inicio, la Policía Federal participará con 400 efectivos, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública federal, y después, la cifra se irá incrementando de manera gradual.
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