Al cabo de tres intentos, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, tiene listas las nuevas normas de funcionamiento de las 48 estaciones en el país para poner orden en su estructura y operación ante el previsible incremento de los flujos migratorios.
En el nuevo reglamento, que incluye 19 propuestas de organizaciones civiles y no gubernamentales que rechazaron los anteriores ordenamientos por ser presuntamente violatorios de los derechos humanos, están previstos operativos sorpresa de revisión y de control de motines, agresión o disturbios, como si fueran reclusorios, con el aislamiento de los instigadores.
También dispone prácticamente “fichar” a los ciudadanos foráneos, con su fotografía y huella digital en los expedientes administrativos. Habrá “aduana” en las estaciones, como en los penales: serán revisados alimentos o enseres de los visitantes, con autorización previa del personal de seguridad, con el fin de evitar la introducción de sustancias y objetos prohibidos.
Se respetarán los derechos humanos
El proyecto, avalado por el funcionario, busca regular las estaciones migratorias de conformidad con los tratados y convenios internacionales; garantiza el acceso a la protección consular, la representación legal y asistencia de organizaciones de la sociedad civil y religiosas que atienden el fenómeno migratorio de todos los extranjeros alojados. Una parte importante del nuevo ordenamiento pretende acercar el procedimiento de solicitud de refugio a los indocumentados, a la vez que pone especial atención al tratamiento que recibirán los menores no acompañados, “con una política y visión de género”.
Acota los márgenes de discrecionalidad de la autoridad migratoria, con el fin de garantizar el pleno respeto al Estado de Derecho y hace explícitas las obligaciones oficiales para mantener informados a los foráneos sobre sus derechos y obligaciones en el transcurso del proceso administrativo que se les sigue.
Las normas superan a las anteriores publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 26 de noviembre del 2001, cuyo único objetivo fue regular a la estación migratoria de la ciudad de México y por ello desconoce las características específicas de otras instalaciones.
En el nuevo reglamento, que incluye 19 propuestas de organizaciones civiles y no gubernamentales que rechazaron los anteriores ordenamientos por ser presuntamente violatorios de los derechos humanos, están previstos operativos sorpresa de revisión y de control de motines, agresión o disturbios, como si fueran reclusorios, con el aislamiento de los instigadores.
También dispone prácticamente “fichar” a los ciudadanos foráneos, con su fotografía y huella digital en los expedientes administrativos. Habrá “aduana” en las estaciones, como en los penales: serán revisados alimentos o enseres de los visitantes, con autorización previa del personal de seguridad, con el fin de evitar la introducción de sustancias y objetos prohibidos.
Se respetarán los derechos humanos
El proyecto, avalado por el funcionario, busca regular las estaciones migratorias de conformidad con los tratados y convenios internacionales; garantiza el acceso a la protección consular, la representación legal y asistencia de organizaciones de la sociedad civil y religiosas que atienden el fenómeno migratorio de todos los extranjeros alojados. Una parte importante del nuevo ordenamiento pretende acercar el procedimiento de solicitud de refugio a los indocumentados, a la vez que pone especial atención al tratamiento que recibirán los menores no acompañados, “con una política y visión de género”.
Acota los márgenes de discrecionalidad de la autoridad migratoria, con el fin de garantizar el pleno respeto al Estado de Derecho y hace explícitas las obligaciones oficiales para mantener informados a los foráneos sobre sus derechos y obligaciones en el transcurso del proceso administrativo que se les sigue.
Las normas superan a las anteriores publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 26 de noviembre del 2001, cuyo único objetivo fue regular a la estación migratoria de la ciudad de México y por ello desconoce las características específicas de otras instalaciones.
Humberto Ortiz, El Economista, 30 de julio.
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