Ante legisladores, la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, informó que desde 2007 y lo que va de este año se ha destituido a 196 integrantes de ese organismo involucrados en redes de corrupción y extorsión de migrantes, y de manera preventiva se reubicó a otros 247 servidores públicos, a fin de evitar ese tipo de irregularidades.
La funcionaria respondió así a las críticas y cuestionamientos de senadores y diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, sobre “la vieja y renovada red de corrupción” que existe en el INM, la que, le recalcaron los perredistas Cuauhtémoc Sandoval y Yeidckol Polevnsky, provocó un caso como el de los cubanos interceptados antes de llegar a una estación migratoria y que fueron trasladados a Estados Unidos.
Al respecto, Romero dijo que además del delegado de Quintana Roo, al que se separó del cargo, hay nueve arraigados por el caso de los cubanos, siete de ellos personal del INM y dos choferes. No quiso dar mayores datos al respecto, ya que, argumentó, hay averiguaciones previas en curso.
El diputado Sandoval le preguntó por dos funcionarios involucrados en el caso de los cubanos, que se dice, son allegados a ella. La comisionada lo negó y explicó que uno de ellos, renunció al INM el 7 de junio, antes del secuestro de los inmigrantes de Cuba y el otro, “al que tampoco conozco”, está arraigado por la Procuraduría General de la República y retirado del instituto por órdenes de la Secretaría de Gobernación”.
Explicó luego que el nuevo tratado de migración con Cuba va por buen camino, sobre el reconocimiento de “nuestras respectivas especificidades”.
Coincidió con el diputado del PT, Joaquín Vela, que el problema del tráfico de migrantes “es un asunto de mucho dinero”; sin embargo, aseguró que trabajan empeñosamente para solucionarlo.
Inclusive, dijo, antes de que se destapara “la caja de Pandora” por ese caso del grupo de cubanos que fueron liberados y trasladados a Texas, “ya sabíamos del problema, con datos y cifras”.
Diputados y senadores de oposición criticaron también que se haya criminalizado a los migrantes de Centroamérica, los que sufren todo tipo de atropellos y vejaciones al cruzar hacia Estados Unidos.
Romero les reviró: “Yo sólo tengo que cumplir la ley que ustedes aprobaron”, la Ley de Población, en la que “se especifican multas” para quien cruce de manera ilegal el territorio mexicano.
La funcionaria respondió así a las críticas y cuestionamientos de senadores y diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, sobre “la vieja y renovada red de corrupción” que existe en el INM, la que, le recalcaron los perredistas Cuauhtémoc Sandoval y Yeidckol Polevnsky, provocó un caso como el de los cubanos interceptados antes de llegar a una estación migratoria y que fueron trasladados a Estados Unidos.
Al respecto, Romero dijo que además del delegado de Quintana Roo, al que se separó del cargo, hay nueve arraigados por el caso de los cubanos, siete de ellos personal del INM y dos choferes. No quiso dar mayores datos al respecto, ya que, argumentó, hay averiguaciones previas en curso.
El diputado Sandoval le preguntó por dos funcionarios involucrados en el caso de los cubanos, que se dice, son allegados a ella. La comisionada lo negó y explicó que uno de ellos, renunció al INM el 7 de junio, antes del secuestro de los inmigrantes de Cuba y el otro, “al que tampoco conozco”, está arraigado por la Procuraduría General de la República y retirado del instituto por órdenes de la Secretaría de Gobernación”.
Explicó luego que el nuevo tratado de migración con Cuba va por buen camino, sobre el reconocimiento de “nuestras respectivas especificidades”.
Coincidió con el diputado del PT, Joaquín Vela, que el problema del tráfico de migrantes “es un asunto de mucho dinero”; sin embargo, aseguró que trabajan empeñosamente para solucionarlo.
Inclusive, dijo, antes de que se destapara “la caja de Pandora” por ese caso del grupo de cubanos que fueron liberados y trasladados a Texas, “ya sabíamos del problema, con datos y cifras”.
Diputados y senadores de oposición criticaron también que se haya criminalizado a los migrantes de Centroamérica, los que sufren todo tipo de atropellos y vejaciones al cruzar hacia Estados Unidos.
Romero les reviró: “Yo sólo tengo que cumplir la ley que ustedes aprobaron”, la Ley de Población, en la que “se especifican multas” para quien cruce de manera ilegal el territorio mexicano.
Andrea Becerril, La Jornada, 30 de julio.
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