MONTERREY.- A diferencia de la Ley Electoral federal, en Nuevo León lo diputados acordaron, a última hora, desechar la propuesta de incrementar de 1.5 a 2.5 el porcentaje mínimo de votación para que un partido conserve su registro.
Luego de una jornada maratónica, plagada de protestas de simpatizantes del PRD y PT, la reforma fue respaldada en lo general con 31 votos a favor y 8 en contra.
Después de dicha aprobación, los diputados iniciaron el proceso de discusión y votación artículo por artículo, en el que realizaron modificaciones de fondo al contenido del dictamen.
En lo general, el documento tuvo el apoyo de la mayoría panista y de 12 de 15 diputados del PRI.
Sin embargo, con la reforma, los legisladores otorgaron mayores atribuciones a la Comisión Estatal Electoral (CEE) para fiscalizar a los partidos cuándo y cómo quiera.
Según el decreto autorizado, la Comisión Estatal Electoral, a través de una Dirección de Fiscalización, tendrá la facultad de auditar en cualquier momento a un partido abriendo procesos de análisis extraordinarios aparte de los anuales y de los que se realizan al término de elecciones.
Se prevé que la Dirección de Fiscalización genere su propio reglamento para especificar las sanciones a las que se harían acreedores los partidos o asociaciones que se resistan a las auditorías, no entreguen la información o no lo hagan dentro de los tiempos legales.
En la sección 6 de la ley, que incluye de los artículos 51 bis 1 al bis 7, hasta al artículo 52, se precisa que los partidos tendrán la obligación de someterse a estas auditorías, que podrá hacerlas el órgano electoral directamente o a través de terceros.
Los partidos, a su vez, deberán entregar informes de la aplicación de los recursos públicos, ya no sólo de las campañas y reportes trimestrales, sino también de las precampañas, esto a más tardar 30 días después de concluidas las mismas.
La CEE también tendrá la atribución de vigilar los ingresos y gastos de asociaciones políticas estatales que pretendan obtener registro como partido político a partir del momento en que le notifiquen de tal propósito.
Por ley, el órgano tendrá la posibilidad de solicitar información a las personas físicas o morales que realicen donaciones o tengan algún tipo de operación financiera con los partidos o asociaciones políticas.
Ayer se buscó a Eduardo Guerra, presidente del CEE, para que emitiera una opinión al respecto, pero su jefa de prensa aseguró que estaba fuera del País.
Estas nuevas disposiciones forman parte de las reformas a la Ley Electoral del Estado autorizadas ayer en segunda vuelta con 31 votos a favor y ocho en contra.
El documento tuvo el apoyo de los 19 panistas presentes y de 12 de 15 diputados del PRI.
La sesión, que inició a las 23:44 horas del martes y concluyó a las 8:20 horas del miércoles, estuvo enmarcada por un blindaje policiaco por manifestaciones del PRD y el Partido del Trabajo.
Como complemento a la homologación con la reforma federal electoral y a los cambios en materia de fiscalización, se alcanzaron a establecer otras modificaciones.
Una de éstas es permitir el recuento total o parcial de votos cuando entre el ganador de una elección y el segundo lugar haya una diferencia de 0.5 por ciento o menos.
No obstante, no se incluyeron temas como la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, voto electrónico y segunda vuelta de votaciones, entre otros.
Julián Hernández e Ildefonso Guajardo, coordinadores del PAN y del PRI en el Congreso local, respectivamente, coincidieron en que esperaban una reforma electoral, aunque dijeron estar satisfechos con lo que se logró.
Las nuevas 'armas'
La nueva ley electoral de Nuevo León otorga a la CEE nuevas atribuciones de fiscalización.
· Obliga a los partidos a someterse a las auditorías que determine la CEE.
· Crea la Dirección de Fiscalización de la CEE y el proceso para auditar los recursos de los partidos.
· Ordena a los partidos presentar informes financieros sobre gastos de precampaña.
· Permite a la CEE abrir procesos extraordinarios de fiscalización adicionales a los ya establecidos.
Luego de una jornada maratónica, plagada de protestas de simpatizantes del PRD y PT, la reforma fue respaldada en lo general con 31 votos a favor y 8 en contra.
Después de dicha aprobación, los diputados iniciaron el proceso de discusión y votación artículo por artículo, en el que realizaron modificaciones de fondo al contenido del dictamen.
En lo general, el documento tuvo el apoyo de la mayoría panista y de 12 de 15 diputados del PRI.
Sin embargo, con la reforma, los legisladores otorgaron mayores atribuciones a la Comisión Estatal Electoral (CEE) para fiscalizar a los partidos cuándo y cómo quiera.
Según el decreto autorizado, la Comisión Estatal Electoral, a través de una Dirección de Fiscalización, tendrá la facultad de auditar en cualquier momento a un partido abriendo procesos de análisis extraordinarios aparte de los anuales y de los que se realizan al término de elecciones.
Se prevé que la Dirección de Fiscalización genere su propio reglamento para especificar las sanciones a las que se harían acreedores los partidos o asociaciones que se resistan a las auditorías, no entreguen la información o no lo hagan dentro de los tiempos legales.
En la sección 6 de la ley, que incluye de los artículos 51 bis 1 al bis 7, hasta al artículo 52, se precisa que los partidos tendrán la obligación de someterse a estas auditorías, que podrá hacerlas el órgano electoral directamente o a través de terceros.
Los partidos, a su vez, deberán entregar informes de la aplicación de los recursos públicos, ya no sólo de las campañas y reportes trimestrales, sino también de las precampañas, esto a más tardar 30 días después de concluidas las mismas.
La CEE también tendrá la atribución de vigilar los ingresos y gastos de asociaciones políticas estatales que pretendan obtener registro como partido político a partir del momento en que le notifiquen de tal propósito.
Por ley, el órgano tendrá la posibilidad de solicitar información a las personas físicas o morales que realicen donaciones o tengan algún tipo de operación financiera con los partidos o asociaciones políticas.
Ayer se buscó a Eduardo Guerra, presidente del CEE, para que emitiera una opinión al respecto, pero su jefa de prensa aseguró que estaba fuera del País.
Estas nuevas disposiciones forman parte de las reformas a la Ley Electoral del Estado autorizadas ayer en segunda vuelta con 31 votos a favor y ocho en contra.
El documento tuvo el apoyo de los 19 panistas presentes y de 12 de 15 diputados del PRI.
La sesión, que inició a las 23:44 horas del martes y concluyó a las 8:20 horas del miércoles, estuvo enmarcada por un blindaje policiaco por manifestaciones del PRD y el Partido del Trabajo.
Como complemento a la homologación con la reforma federal electoral y a los cambios en materia de fiscalización, se alcanzaron a establecer otras modificaciones.
Una de éstas es permitir el recuento total o parcial de votos cuando entre el ganador de una elección y el segundo lugar haya una diferencia de 0.5 por ciento o menos.
No obstante, no se incluyeron temas como la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, voto electrónico y segunda vuelta de votaciones, entre otros.
Julián Hernández e Ildefonso Guajardo, coordinadores del PAN y del PRI en el Congreso local, respectivamente, coincidieron en que esperaban una reforma electoral, aunque dijeron estar satisfechos con lo que se logró.
Las nuevas 'armas'
La nueva ley electoral de Nuevo León otorga a la CEE nuevas atribuciones de fiscalización.
· Obliga a los partidos a someterse a las auditorías que determine la CEE.
· Crea la Dirección de Fiscalización de la CEE y el proceso para auditar los recursos de los partidos.
· Ordena a los partidos presentar informes financieros sobre gastos de precampaña.
· Permite a la CEE abrir procesos extraordinarios de fiscalización adicionales a los ya establecidos.
Deyra Guerrero yClaudia García, Reforma, 31 de julio.
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