Diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, que integran el Frente Amplio Progresista (FAP), denunciaron que el gobierno federal, a través de Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), ha asegurado ya el número de votos suficientes para “mayoritear” en el proceso legislativo de análisis, discusión y aprobación de la iniciativa de reforma energética en materia de ley de derechos.
En tanto, Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda, anunció que “el verdadero plazo límite” para aprobar la reforma energética será el 15 de octubre. El legislador priísta argumentó que tal hecho debe concretarse en esa fecha, porque para entonces deberá aprobarse la Ley de Ingresos.
La intervención de la Cámara de Diputados en el proceso de aprobación de la reforma energética está relacionada con la Ley Federal de Derechos de Pemex (régimen fiscal) y la autonomía financiera de la paraestatal, temas vinculados con la Ley de Ingresos del gobierno federal.
“La reforma energética tiene que estar antes de que se apruebe la Ley de Ingresos. El año pasado, el paquete económico llegó y después se hizo la reforma hacendaria, por lo cual luego tuvimos que modificar el paquete económico en función de la misma reforma.”
En medio de la negociación y los acuerdos entre PAN y PRI para sacar avante su iniciativa de reforma a Petróleos Mexicanos, legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) consideraron un costoso error pretender la aprobación de dichos cambios legales entre el partido gubernamental y el priísmo.
Humberto Zazueta, Emilio Ulloa, José Manuel del Río Virgen y Silvano Garay coincidieron, por separado, en que el Frente Amplio “no aceptará las decisiones de la burocracia partidista, en especial la del Partido de la Revolución Democrática. Nosotros acataremos la determinación del pueblo y si es necesario no tomaremos la tribuna de la Cámara, cerraremos, junto al pueblo, el Palacio Legislativo de San Lázaro y el Senado”.
Para el perredista Zazueta, la campaña mediática promovida contra el sector de ciudadanos y autoridades que se oponen a la apertura de la industria petrolera al capital privado, sobre todo el trasnacional, “es el preludio de un acuerdo vergonzante, al que por desgracia se han incorporado compañeros del PRD, por el cual se aprobará la reforma energética de Felipe Calderón y sus cómplices del PRI”.
Para el legislador, la línea ya fue trazada por los empresarios que presionan al Ejecutivo federal y sobre la exigencia del gobierno de Estados Unidos: “Esa estrategia de avasallamiento no tendrá éxito; en el Congreso nosotros nos sebrepondremos al mayoriteo que tanto PAN como PRI nos querrán imponer, y en la calle los ciudadanos conscientes reaccionarán ante el peligro de concretarse el mayor atraco a los bienes naturales de la nación”.
Su compañero Emilio Ulloa Pérez la emprendió contra la dirigencia nacional del sol azteca, porque “los diputados tenemos una sola obligación que es asumir y respetar las decisiones que nos dicte la ciudadanía; nos debemos a eso y no a las actitudes pueriles de algunos de nuestros compañeros, entre ellos Ruth Zavaleta, quien antepone los intereses de su grupo y de la corriente Nueva Izquierda, por encima de su obligación con el pueblo”.
El presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados insistió en su crítica a la corriente Nueva Izquierda, y sobre todo al presidente interino del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo: “Que les quede claro, los diputados responsables con nuestros electores no vamos de ninguna manera a asumir las decisiones de la burocracia partidista. No sólo vamos a tomar las tribunas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, bloquearemos avenidas y carreteras, ¡y vamos a cerrar el acceso a San Lázaro y al edificio del Senado de la República! En eso contaremos con la participación del pueblo, el mismo al que desprecian los compañeros del partido enquistados temporalmente en el poder”.
Para José Manuel del Río, de Convergencia, cualquier intento de imponer una iniciativa, con el “peregrino argumento de que obedecerá al voto de las mayo-rías en el Congreso, generará una reacción social de características imprevisibles y peligrosas; creo que el gobierno de Felipe Calderón debe ponderar muy bien sus acciones, porque un error de cálculo político, que en el ámbito del Presidente de la República es imperdonable, nos conducirá a una espiral insospechada”.
También el petista Silvano Garay consideró que la administración federal incurriría en un dramático error si por la fuerza de los votos y del manejo discrecional de los recursos públicos para pagar sus campañas mediáticas, se decide a imponer una reforma a Pemex que no contemple los intereses de todos los mexicanos.
“El gobierno de Calderón no es dueño de la verdad ni goza del respaldo de la mayoría de los mexicanos; es más, apenas obtuvo 30 por ciento del respaldo popular y eso no le da autoridad moral, de la que carecerá siempre, para comprar al PRI en su afán de vender Petróleos Mexicanos al mejor postor, sobre todo a los españoles, a quienes le une una especial atracción y relación que va desde lo personal hasta lo económico. Ahí está su cuñado Juan Ignacio Zavala, contratado por el grupo Prisa, y su amigo Juan Camilo Mouriño, quien está vinculado con Repsol”.
En tanto, Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda, anunció que “el verdadero plazo límite” para aprobar la reforma energética será el 15 de octubre. El legislador priísta argumentó que tal hecho debe concretarse en esa fecha, porque para entonces deberá aprobarse la Ley de Ingresos.
La intervención de la Cámara de Diputados en el proceso de aprobación de la reforma energética está relacionada con la Ley Federal de Derechos de Pemex (régimen fiscal) y la autonomía financiera de la paraestatal, temas vinculados con la Ley de Ingresos del gobierno federal.
“La reforma energética tiene que estar antes de que se apruebe la Ley de Ingresos. El año pasado, el paquete económico llegó y después se hizo la reforma hacendaria, por lo cual luego tuvimos que modificar el paquete económico en función de la misma reforma.”
En medio de la negociación y los acuerdos entre PAN y PRI para sacar avante su iniciativa de reforma a Petróleos Mexicanos, legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) consideraron un costoso error pretender la aprobación de dichos cambios legales entre el partido gubernamental y el priísmo.
Humberto Zazueta, Emilio Ulloa, José Manuel del Río Virgen y Silvano Garay coincidieron, por separado, en que el Frente Amplio “no aceptará las decisiones de la burocracia partidista, en especial la del Partido de la Revolución Democrática. Nosotros acataremos la determinación del pueblo y si es necesario no tomaremos la tribuna de la Cámara, cerraremos, junto al pueblo, el Palacio Legislativo de San Lázaro y el Senado”.
Para el perredista Zazueta, la campaña mediática promovida contra el sector de ciudadanos y autoridades que se oponen a la apertura de la industria petrolera al capital privado, sobre todo el trasnacional, “es el preludio de un acuerdo vergonzante, al que por desgracia se han incorporado compañeros del PRD, por el cual se aprobará la reforma energética de Felipe Calderón y sus cómplices del PRI”.
Para el legislador, la línea ya fue trazada por los empresarios que presionan al Ejecutivo federal y sobre la exigencia del gobierno de Estados Unidos: “Esa estrategia de avasallamiento no tendrá éxito; en el Congreso nosotros nos sebrepondremos al mayoriteo que tanto PAN como PRI nos querrán imponer, y en la calle los ciudadanos conscientes reaccionarán ante el peligro de concretarse el mayor atraco a los bienes naturales de la nación”.
Su compañero Emilio Ulloa Pérez la emprendió contra la dirigencia nacional del sol azteca, porque “los diputados tenemos una sola obligación que es asumir y respetar las decisiones que nos dicte la ciudadanía; nos debemos a eso y no a las actitudes pueriles de algunos de nuestros compañeros, entre ellos Ruth Zavaleta, quien antepone los intereses de su grupo y de la corriente Nueva Izquierda, por encima de su obligación con el pueblo”.
El presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados insistió en su crítica a la corriente Nueva Izquierda, y sobre todo al presidente interino del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo: “Que les quede claro, los diputados responsables con nuestros electores no vamos de ninguna manera a asumir las decisiones de la burocracia partidista. No sólo vamos a tomar las tribunas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, bloquearemos avenidas y carreteras, ¡y vamos a cerrar el acceso a San Lázaro y al edificio del Senado de la República! En eso contaremos con la participación del pueblo, el mismo al que desprecian los compañeros del partido enquistados temporalmente en el poder”.
Para José Manuel del Río, de Convergencia, cualquier intento de imponer una iniciativa, con el “peregrino argumento de que obedecerá al voto de las mayo-rías en el Congreso, generará una reacción social de características imprevisibles y peligrosas; creo que el gobierno de Felipe Calderón debe ponderar muy bien sus acciones, porque un error de cálculo político, que en el ámbito del Presidente de la República es imperdonable, nos conducirá a una espiral insospechada”.
También el petista Silvano Garay consideró que la administración federal incurriría en un dramático error si por la fuerza de los votos y del manejo discrecional de los recursos públicos para pagar sus campañas mediáticas, se decide a imponer una reforma a Pemex que no contemple los intereses de todos los mexicanos.
“El gobierno de Calderón no es dueño de la verdad ni goza del respaldo de la mayoría de los mexicanos; es más, apenas obtuvo 30 por ciento del respaldo popular y eso no le da autoridad moral, de la que carecerá siempre, para comprar al PRI en su afán de vender Petróleos Mexicanos al mejor postor, sobre todo a los españoles, a quienes le une una especial atracción y relación que va desde lo personal hasta lo económico. Ahí está su cuñado Juan Ignacio Zavala, contratado por el grupo Prisa, y su amigo Juan Camilo Mouriño, quien está vinculado con Repsol”.
Roberto Garduño, La Jornada, 31 de julio.
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