CARACAS (Agencias).— El presidente venezolano, Hugo Chávez, negó ayer que la inseguridad se haya incrementado durante su gobierno “revolucionario”, de 11 años, aunque reconoció que el tema “es duro”.
“No es verdad que Venezuela sea uno de los países más inseguros del mundo, ni es verdad que aquí hay más violencia que hace 11 años”, afirmó Chávez durante un acto oficial, que fue transmitido en cadena nacional obligatoria de radio y televisión.
Un estudio oficial, filtrado a la prensa local en agosto pasado, dio cuenta de que en 2009 se cometieron en Venezuela 19 mil 133 asesinatos, lo que ubica la tasa de homicidios del país en 75 por cada 100 mil habitantes, superior a la de 49 por cada 100 mil habitantes que se registró en 2006.
El tema de la inseguridad centra la campaña electoral opositora de las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre, que son consideradas como cruciales porque representan la puerta de entrada de la oposición al Parlamento, después de que se retiró de los comicios de 2005.
“Lo que sí es verdad es que el tema de la delincuencia es un tema duro”, reconoció el mandatario, quien reiteró que su gobierno ha atacado el problema, y lo seguirá haciendo, pero de una manera “integral”, y no “liquidando gente (delincuentes) en la calle”. Chávez volvió a criticar a sus adversarios políticos por comparar la violencia que azota al país sudamericano con la situación de Irak.
“En qué cabeza cabe comparar la dimensión de la violencia desatada en Irak, producto de una invasión genocida, con el problema estructural de la inseguridad” en Venezuela, que, dijo el mandatario, su gobierno “heredó” y enfrenta “con la mayor firmeza y rigor desde una visión preventiva y no represiva”.
Rechaza racionamiento
El presidente también negó que su gobierno “revolucionario” pretenda implementar una tarjeta de racionamiento al estilo cubano, con el próximo lanzamiento de una llamada “cédula del buen vivir”, que servirá para financiar lo que llamó “consumo necesario”.
Chávez se quejó de que la oposición venezolana inmediatamente criticó el proyecto de la “cédula del buen vivir” y lo equiparó con las restricciones a las compras que se aplican en Cuba, según él mismo explicó. El mandatario insistió en que la “cédula del buen vivir” servirá para financiar el “consumo justo”, un concepto en el que incluyó “viajes, distracciones, alimentos, bienes del hogar, vehículos y luna de miel”, entre otros.
Investigarán a familia Brito
Chávez insistió ayer en que respetó los derechos del productor agrícola Franklin Brito, quien murió tras una prolongada huelga de hambre en protesta por una supuesta expropiación de sus tierras que el gobierno niega.
La Fiscalía General dijo que investigará una denuncia sobre una supuesta inducción al suicidio en este caso. La fiscal Luisa Ortega Díaz confirmó que su despacho recibió una solicitud para que investigue si ocurrió una inducción al suicidio por parte de la familia de Brito. Ortega dijo que la denuncia fue presentada el miércoles por el ciudadano Carlos Aldana y explicó que, de confirmarse la acusación, la pena podría ser de hasta 10 años en prisión. La fiscal dijo que su despacho tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud.
“No es verdad que Venezuela sea uno de los países más inseguros del mundo, ni es verdad que aquí hay más violencia que hace 11 años”, afirmó Chávez durante un acto oficial, que fue transmitido en cadena nacional obligatoria de radio y televisión.
Un estudio oficial, filtrado a la prensa local en agosto pasado, dio cuenta de que en 2009 se cometieron en Venezuela 19 mil 133 asesinatos, lo que ubica la tasa de homicidios del país en 75 por cada 100 mil habitantes, superior a la de 49 por cada 100 mil habitantes que se registró en 2006.
El tema de la inseguridad centra la campaña electoral opositora de las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre, que son consideradas como cruciales porque representan la puerta de entrada de la oposición al Parlamento, después de que se retiró de los comicios de 2005.
“Lo que sí es verdad es que el tema de la delincuencia es un tema duro”, reconoció el mandatario, quien reiteró que su gobierno ha atacado el problema, y lo seguirá haciendo, pero de una manera “integral”, y no “liquidando gente (delincuentes) en la calle”. Chávez volvió a criticar a sus adversarios políticos por comparar la violencia que azota al país sudamericano con la situación de Irak.
“En qué cabeza cabe comparar la dimensión de la violencia desatada en Irak, producto de una invasión genocida, con el problema estructural de la inseguridad” en Venezuela, que, dijo el mandatario, su gobierno “heredó” y enfrenta “con la mayor firmeza y rigor desde una visión preventiva y no represiva”.
Rechaza racionamiento
El presidente también negó que su gobierno “revolucionario” pretenda implementar una tarjeta de racionamiento al estilo cubano, con el próximo lanzamiento de una llamada “cédula del buen vivir”, que servirá para financiar lo que llamó “consumo necesario”.
Chávez se quejó de que la oposición venezolana inmediatamente criticó el proyecto de la “cédula del buen vivir” y lo equiparó con las restricciones a las compras que se aplican en Cuba, según él mismo explicó. El mandatario insistió en que la “cédula del buen vivir” servirá para financiar el “consumo justo”, un concepto en el que incluyó “viajes, distracciones, alimentos, bienes del hogar, vehículos y luna de miel”, entre otros.
Investigarán a familia Brito
Chávez insistió ayer en que respetó los derechos del productor agrícola Franklin Brito, quien murió tras una prolongada huelga de hambre en protesta por una supuesta expropiación de sus tierras que el gobierno niega.
La Fiscalía General dijo que investigará una denuncia sobre una supuesta inducción al suicidio en este caso. La fiscal Luisa Ortega Díaz confirmó que su despacho recibió una solicitud para que investigue si ocurrió una inducción al suicidio por parte de la familia de Brito. Ortega dijo que la denuncia fue presentada el miércoles por el ciudadano Carlos Aldana y explicó que, de confirmarse la acusación, la pena podría ser de hasta 10 años en prisión. La fiscal dijo que su despacho tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud.
El Universal, 3 de septiembre.
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