Bogotá 6 de septiembre.El presidente de la Corte Suprema de Colombia, Jaime Arrubla, consideró comprobado que el espionaje ilegal contra magistrados durante el gobierno de Álvaro Uribe no fue “una situación aislada” en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, la agencia de inteligencia), por lo que demandó esclarecer “toda la cadena” de responsabilidades.
“Ni siquiera a un mentecato se le ocurre que pueda filtrar la Corte y salir impune”, dijo Arrubla a periodistas. “Lo importante es saber la cadena, quién le dio a la detective esas instrucciones”.
La ex detective del DAS Alba Florez, reconoció recientemente, en una audiencia con fiscales, que entre 2007 y 2009 le ordenaron “recolectar información privilegiada de la Corte”.
El caso de espionaje fue denunciado por la prensa en 2009; entonces la fiscalía general abrió una investigación y ha arrestado a varios ex funcionarios del DAS, los cuales declararon que el espionaje contra magistrados se hizo a solicitud de la Casa de Nariño, sede del gobierno.
Por otra parte, la Iglesia católica colombiana apoyó la decisión del gobierno para suspender cualquier iniciativa sobre diálogos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta que éstas muestren voluntad de paz; sin embargo, sus acciones en la última semana han generado 20 muertos
“Ni siquiera a un mentecato se le ocurre que pueda filtrar la Corte y salir impune”, dijo Arrubla a periodistas. “Lo importante es saber la cadena, quién le dio a la detective esas instrucciones”.
La ex detective del DAS Alba Florez, reconoció recientemente, en una audiencia con fiscales, que entre 2007 y 2009 le ordenaron “recolectar información privilegiada de la Corte”.
El caso de espionaje fue denunciado por la prensa en 2009; entonces la fiscalía general abrió una investigación y ha arrestado a varios ex funcionarios del DAS, los cuales declararon que el espionaje contra magistrados se hizo a solicitud de la Casa de Nariño, sede del gobierno.
Por otra parte, la Iglesia católica colombiana apoyó la decisión del gobierno para suspender cualquier iniciativa sobre diálogos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta que éstas muestren voluntad de paz; sin embargo, sus acciones en la última semana han generado 20 muertos
La Jornada, 7 de septiembre.
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