Caracas, 2 de septiembre. El gobierno de Venezuela rechazó hoy la responsabilidad en la muerte del terrateniente Franklin Brito, ocurrida el lunes pasado a causa de un paro respiratorio, después de una prolongada huelga de hambre.
La fiscalía general anunció de su lado que a petición de un ciudadano de nombre Carlos Aldana, la institución investigará si el fallecimiento del latifundista fue consecuencia de una “inducción al suicidio”, lo que está tipificado como un delito en el código penal de Venezuela.
Brito murió a pesar de que fue recientemente recluido por la fuerza en el hospital militar, donde se le dio asistencia médica desde diciembre del año pasado.
Propietario de 290 hectáreas, Brito realizó su primera de ocho huelgas de hambre hace cinco años, después de que el gobierno nacional tomó el control de sus predios localizados en el estado Bolívar, en el sur del país.
Las autoridades devolvieron a Brito los terrenos a finales de 2009, pero en diciembre pasado inició su última huelga de hambre con el argumento de que el Instituto Nacional de Tierras no le había entregado la carta en la que se anulaba la expropiación ni tampoco una indemnización.
En un comunicado, el gobierno del presidente Hugo Chávez afirmó que “el Estado venezolano en ninguna forma violó o conculcó los derechos civiles, sociales y económicos que, constitucionalmente, asistían al ciudadano Franklin Brito”.
La huelga de hambre “y la autoflagelación como mecanismos de presión para lograr la satisfacción de una demanda no tenían asidero en la realidad”, agregó.
El deceso de Brito ha sido presentado por los opositores como una evidencia del abuso de los derechos de propiedad de parte del gobierno de Chávez.
En respuesta, el gobierno venezolano afirmó en el comunicado que los opositores “se aprovechan de la tragedia de un ser humano y su familia para intentar ganar votos y desestabilizar a un gobierno legítimo y democrático”.
“Como aves carroñeras deseaban y esperaron su muerte”, apuntó el gobierno venezolano, que acusó a la oposición política de alentar “la decisión extrema del productor agrario con el único fin de lograr un muerto para sus sucias banderas”.
La fiscalía general anunció de su lado que a petición de un ciudadano de nombre Carlos Aldana, la institución investigará si el fallecimiento del latifundista fue consecuencia de una “inducción al suicidio”, lo que está tipificado como un delito en el código penal de Venezuela.
Brito murió a pesar de que fue recientemente recluido por la fuerza en el hospital militar, donde se le dio asistencia médica desde diciembre del año pasado.
Propietario de 290 hectáreas, Brito realizó su primera de ocho huelgas de hambre hace cinco años, después de que el gobierno nacional tomó el control de sus predios localizados en el estado Bolívar, en el sur del país.
Las autoridades devolvieron a Brito los terrenos a finales de 2009, pero en diciembre pasado inició su última huelga de hambre con el argumento de que el Instituto Nacional de Tierras no le había entregado la carta en la que se anulaba la expropiación ni tampoco una indemnización.
En un comunicado, el gobierno del presidente Hugo Chávez afirmó que “el Estado venezolano en ninguna forma violó o conculcó los derechos civiles, sociales y económicos que, constitucionalmente, asistían al ciudadano Franklin Brito”.
La huelga de hambre “y la autoflagelación como mecanismos de presión para lograr la satisfacción de una demanda no tenían asidero en la realidad”, agregó.
El deceso de Brito ha sido presentado por los opositores como una evidencia del abuso de los derechos de propiedad de parte del gobierno de Chávez.
En respuesta, el gobierno venezolano afirmó en el comunicado que los opositores “se aprovechan de la tragedia de un ser humano y su familia para intentar ganar votos y desestabilizar a un gobierno legítimo y democrático”.
“Como aves carroñeras deseaban y esperaron su muerte”, apuntó el gobierno venezolano, que acusó a la oposición política de alentar “la decisión extrema del productor agrario con el único fin de lograr un muerto para sus sucias banderas”.
La Jornada, 3 de septiembre.
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