Los magistrados reconocieron que se registraron actos de violencia, robo de seis urnas y disparos al aire de arma de fuego en un centro de votación que concentró a 18 casillas, pero acotaron que se trató de hechos aislados, no generalizados en toda la contienda y, por lo tanto, no fueron claves ni determinantes para anular los resultados.
Por unanimidad el Tribunal Electoral aseguró que tampoco se acreditó injerencia del gobierno estatal en el proceso electoral a través de 50 audiencias públicas, como lo denunció la coalición Durango nos une, integrada por el PAN, PRD y Convergencia.
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