Caracas, 23 de diciembre. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó hoy en segunda y definitiva discusión la ley de universidades, encaminada a garantizar el acceso de todos los sectores a la educación superior, que es rechazada por la oposición de derecha porque constituiría un “atentado” contra la autonomía de esos centros de estudio.
El oficialismo hizo valer su dominio en el Parlamento para aprobar la iniciativa, cuyo texto reza que “la educación universitaria debe contribuir a la construcción del modelo productivo socialista”, con la participación de estudiantes y trabajadores universitarios, en la “producción de bienes materiales, transferencia tecnológica y prestación de servicios”.
La nueva ley establece que la autonomía será ejercida “en correspondencia con los planes de desarrollo nacional” y “mediante la democracia participativa” de estudiantes, profesores, empleados y obreros, que tendrán igualdad de condiciones para elegir autoridades, definir los programas de formación y fijar el presupuesto.
Sin embargo, este último punto fue fuertemente criticado por la oposición. El diputado Juan José Molina dijo que la ley “liquida la autonomía universitaria y la inviolabilidad del recinto universitario queda en entredicho”. Para el secretario general de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte, el gobierno quiere que en las casas de estudio sólo haya “un pensamiento único”.
El dirigente universitario Vicente Moronta dijo que la ley recibió el apoyo mayoritario de los universitarios en una consulta pública realizada hace poco más de un mes y la calificó de “reclamo histórico” del sector, mientras el diputado oficialista Alberto Castelar sostuvo que existe “total y absoluto respeto a la autonomía universitaria”, pero entendida ésta como“autonomía corresponsable”.
Unos 200 estudiantes y profesores se movilizaron este jueves contra la aprobación de la ley en las afueras del Parlamento, protegido por la policía, mientras que otro grupo universitario estuvo en el recinto en apoyo de la iniciativa.
En tanto, el gobierno venezolano completó la ocupación de 47 latifundios que abarcan unas 24 mil hectáreas en los estados de Zulia y Mérida, que forman parte de la subregión del lago de Maracaibo.
Unos 20 pequeños agricultores se sumaron a la política gubernamental para poner en marcha una estrategia integral de desarrollo.
Mientras, un tribunal de Caracas condenó al diputado opositor electo José Sánchez Montiel a 19 años de cárcel por complicidad en un homicidio, lo que impedirá su entrada al nuevo Parlamento que se instalará el 5 de enero.
La oposición criticó este juicio porque “se aceleró” luego de resultar electo, pues Sánchez desde hace tres años estaba en prisión.
La fiscalía dijo que fue condenado “por su vinculación con el homicidio del funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar Claudio Macías”, en 2007, cuando fungía como secretario de la opositora gobernación de Zulia.
El oficialismo hizo valer su dominio en el Parlamento para aprobar la iniciativa, cuyo texto reza que “la educación universitaria debe contribuir a la construcción del modelo productivo socialista”, con la participación de estudiantes y trabajadores universitarios, en la “producción de bienes materiales, transferencia tecnológica y prestación de servicios”.
La nueva ley establece que la autonomía será ejercida “en correspondencia con los planes de desarrollo nacional” y “mediante la democracia participativa” de estudiantes, profesores, empleados y obreros, que tendrán igualdad de condiciones para elegir autoridades, definir los programas de formación y fijar el presupuesto.
Sin embargo, este último punto fue fuertemente criticado por la oposición. El diputado Juan José Molina dijo que la ley “liquida la autonomía universitaria y la inviolabilidad del recinto universitario queda en entredicho”. Para el secretario general de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte, el gobierno quiere que en las casas de estudio sólo haya “un pensamiento único”.
El dirigente universitario Vicente Moronta dijo que la ley recibió el apoyo mayoritario de los universitarios en una consulta pública realizada hace poco más de un mes y la calificó de “reclamo histórico” del sector, mientras el diputado oficialista Alberto Castelar sostuvo que existe “total y absoluto respeto a la autonomía universitaria”, pero entendida ésta como“autonomía corresponsable”.
Unos 200 estudiantes y profesores se movilizaron este jueves contra la aprobación de la ley en las afueras del Parlamento, protegido por la policía, mientras que otro grupo universitario estuvo en el recinto en apoyo de la iniciativa.
En tanto, el gobierno venezolano completó la ocupación de 47 latifundios que abarcan unas 24 mil hectáreas en los estados de Zulia y Mérida, que forman parte de la subregión del lago de Maracaibo.
Unos 20 pequeños agricultores se sumaron a la política gubernamental para poner en marcha una estrategia integral de desarrollo.
Mientras, un tribunal de Caracas condenó al diputado opositor electo José Sánchez Montiel a 19 años de cárcel por complicidad en un homicidio, lo que impedirá su entrada al nuevo Parlamento que se instalará el 5 de enero.
La oposición criticó este juicio porque “se aceleró” luego de resultar electo, pues Sánchez desde hace tres años estaba en prisión.
La fiscalía dijo que fue condenado “por su vinculación con el homicidio del funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar Claudio Macías”, en 2007, cuando fungía como secretario de la opositora gobernación de Zulia.
La Jornada, 24 de diciembre.
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