Los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, y de Gobernación (SG), Francisco Blake, afirmaron que se agilizarán los trabajos de coordinación y las diligencias con el fin de esclarecer el presunto secuestro de más de 40 migrantes centroamericanos, que habría ocurrido en Chahuites, Oaxaca, el 16 de diciembre pasado.
El tono de colaboración que muestra el gobierno de México por conducto de esas dos dependencias contrasta con los reportes internos de la administración federal, en los cuales se insiste en que no hay elementos para señalar que el crimen organizado plagió a los indocumentados, como denunciaron las cancillerías de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Fuentes gubernamentales destacaron que en sus declaraciones administrativas, los testigos han caído en contradicciones e inconsistencias al describir las armas y cómo vestían los presuntos plagiarios. Además ninguno ha identificado el lugar de los hechos ni ha manifestado posibilidad alguna de reconocer a los probables responsables.
Según las fuentes oficiales, los migrantes coincidieron en que tomaron el tren en la localidad de Arriaga el 16 de diciembre; que una hora después se toparon con un operativo de migración y que corrieron para evadir a las autoridades. Pero no son precisos ni claros al señalar el número de personas que volvió a subir al tren una vez que concluyó el aseguramiento.
Los centroamericanos manifestaron que media hora después de que volvieron a abordar el transporte se subieron varios hombres con machetes y armas de fuego, pero hay inconsistencias y contradicciones al describirlos. Dijeron que les robaron algunas pertenencias, escucharon gritos, insultos y algunos aseguraron haber oído disparos al aire, mientras otros no.
Al día siguiente de los hechos, en el albergue Hermanos en el Camino aseguraron que el sacerdote Alejandro Solalinde les dijo que, debido a que sufrieron robos, el Instituto Nacional de Migración (INM) les debía otorgar un permiso para trabajar en México.
La versión de estas fuentes contrasta con la posición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones sociales, que exigieron al gobierno mexicano reconocer el secuestro, investigar el hecho y sancionar a los responsables.
En ese contexto, la cancillería y la SG anunciaron la agilización de las pesquisas del caso. Lo hicieron tras el encontronazo que tuvo lugar entre la SRE y el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, y de que las cancillerías de Honduras y Guatemala se sumaran al reclamo salvadoreño para que se atienda el asunto.
En conferencia de prensa, Martínez criticó el miércoles por la mañana que el gobierno de México destine recursos para detener a los migrantes y no a los grupos del narcotráfico, lo que generó que la SRE se dijera sorprendida por el tono del funcionario salvadoreño.
En un comunicado emitido a la medianoche del mismo miércoles, rechazó cualquier aseveración que ponga en duda la determinación con que el gobierno de México ha asumido la lucha en contra del crimen organizado, y agregó que estos temas sólo podrán abordarse eficazmente en la corresponsabilidad y la cooperación, y no mediante recriminaciones o acusaciones.
Dieciocho horas después del enfrentamiento, la SRE informó en un comunicado conjunto con la SG que la canciller Patricia Espinosa se comunicó con su homólogo salvadoreño, quien reconoció que sus declaraciones pudieron haber ocasionado interpretaciones erróneas, y subrayó que su gobierno no tiene ninguna duda de los esfuerzos que México hace en el combate a la delincuencia.
En la conversación telefónica, Espinosa y Martínez acordaron fortalecer la comunicación y la coordinación para atender la investigación del presunto secuestro y cualquier otro asunto. Aunado a lo anterior, ordenaron a sus equipos que mantengan contacto permanente con el fin de facilitar cualquier gestión.
El secretario de Gobernación se comunicará con sus homólogos de Honduras, Guatemala y El Salvador para dar seguimiento puntual del tema y solicitar que se agilice el envío de toda la información que tengan.
Coordinación con Oaxaca
Se informó que Blake Mora dio instrucciones a las dependencias del gobierno federal para que, en estrecha coordinación con las autoridades locales de Oaxaca, intensifiquen las investigaciones en el lugar de los hechos.
También mantiene contacto con el gobernador oaxaqueño, Gabino Cué, y con la CNDH con el fin de valorar toda la información relativa al asunto y actuar en consecuencia. Blake ordenó al comisionado del INM, Salvador Beltrán, que atienda este caso de manera prioritaria.
Esta última dependencia informó por la noche que algunos centroamericanos presentarían declaración ante la Fiscalía Especializada en Tráfico de Indocumentados de la PGR. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición ello no había ocurrido, según información de la procuraduría.
El tono de colaboración que muestra el gobierno de México por conducto de esas dos dependencias contrasta con los reportes internos de la administración federal, en los cuales se insiste en que no hay elementos para señalar que el crimen organizado plagió a los indocumentados, como denunciaron las cancillerías de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Fuentes gubernamentales destacaron que en sus declaraciones administrativas, los testigos han caído en contradicciones e inconsistencias al describir las armas y cómo vestían los presuntos plagiarios. Además ninguno ha identificado el lugar de los hechos ni ha manifestado posibilidad alguna de reconocer a los probables responsables.
Según las fuentes oficiales, los migrantes coincidieron en que tomaron el tren en la localidad de Arriaga el 16 de diciembre; que una hora después se toparon con un operativo de migración y que corrieron para evadir a las autoridades. Pero no son precisos ni claros al señalar el número de personas que volvió a subir al tren una vez que concluyó el aseguramiento.
Los centroamericanos manifestaron que media hora después de que volvieron a abordar el transporte se subieron varios hombres con machetes y armas de fuego, pero hay inconsistencias y contradicciones al describirlos. Dijeron que les robaron algunas pertenencias, escucharon gritos, insultos y algunos aseguraron haber oído disparos al aire, mientras otros no.
Al día siguiente de los hechos, en el albergue Hermanos en el Camino aseguraron que el sacerdote Alejandro Solalinde les dijo que, debido a que sufrieron robos, el Instituto Nacional de Migración (INM) les debía otorgar un permiso para trabajar en México.
La versión de estas fuentes contrasta con la posición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones sociales, que exigieron al gobierno mexicano reconocer el secuestro, investigar el hecho y sancionar a los responsables.
En ese contexto, la cancillería y la SG anunciaron la agilización de las pesquisas del caso. Lo hicieron tras el encontronazo que tuvo lugar entre la SRE y el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, y de que las cancillerías de Honduras y Guatemala se sumaran al reclamo salvadoreño para que se atienda el asunto.
En conferencia de prensa, Martínez criticó el miércoles por la mañana que el gobierno de México destine recursos para detener a los migrantes y no a los grupos del narcotráfico, lo que generó que la SRE se dijera sorprendida por el tono del funcionario salvadoreño.
En un comunicado emitido a la medianoche del mismo miércoles, rechazó cualquier aseveración que ponga en duda la determinación con que el gobierno de México ha asumido la lucha en contra del crimen organizado, y agregó que estos temas sólo podrán abordarse eficazmente en la corresponsabilidad y la cooperación, y no mediante recriminaciones o acusaciones.
Dieciocho horas después del enfrentamiento, la SRE informó en un comunicado conjunto con la SG que la canciller Patricia Espinosa se comunicó con su homólogo salvadoreño, quien reconoció que sus declaraciones pudieron haber ocasionado interpretaciones erróneas, y subrayó que su gobierno no tiene ninguna duda de los esfuerzos que México hace en el combate a la delincuencia.
En la conversación telefónica, Espinosa y Martínez acordaron fortalecer la comunicación y la coordinación para atender la investigación del presunto secuestro y cualquier otro asunto. Aunado a lo anterior, ordenaron a sus equipos que mantengan contacto permanente con el fin de facilitar cualquier gestión.
El secretario de Gobernación se comunicará con sus homólogos de Honduras, Guatemala y El Salvador para dar seguimiento puntual del tema y solicitar que se agilice el envío de toda la información que tengan.
Coordinación con Oaxaca
Se informó que Blake Mora dio instrucciones a las dependencias del gobierno federal para que, en estrecha coordinación con las autoridades locales de Oaxaca, intensifiquen las investigaciones en el lugar de los hechos.
También mantiene contacto con el gobernador oaxaqueño, Gabino Cué, y con la CNDH con el fin de valorar toda la información relativa al asunto y actuar en consecuencia. Blake ordenó al comisionado del INM, Salvador Beltrán, que atienda este caso de manera prioritaria.
Esta última dependencia informó por la noche que algunos centroamericanos presentarían declaración ante la Fiscalía Especializada en Tráfico de Indocumentados de la PGR. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición ello no había ocurrido, según información de la procuraduría.
Georgina Saldierna y Fabiola Martínez, La Jornada, 24 de diciembre.
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