Según Los Angeles Times, cuando los legisladores republicanos tomen el control de la Cámara Baja y refuercen su presencia en el Senado, los esfuerzos de toda una década para mejorar el sistema migratorio y legalizar a cerca de 11 millones de indocumentados quedarán detenidos. Cuando asuma el liderazgo del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja, el republicano Peter King planea proponer una legislación para revertir lo que considera una “obvia falta de urgencia” de la administración Obama para asegurar la frontera.
Entre otras iniciativas, indicó Los Angeles Times, King pretende que el Departamento de Seguridad Nacional extienda el programa que usa la ayuda de las policías locales para arrestar a presuntos migrantes ilegales. El legislador quiere “perseguir agresivamente a las empresas privadas” que contraten a indocumentados, y considera que cualquier propuesta que implique legalizar a los indocumentados no tiene sentido sin una frontera segura.
Por su parte, el representante Lamar Smith, quien presidirá el Comité Judicial del Senado (que supervisa los arrestos y deportaciones), planea sostener una serie de audiencias sobre el reforzamiento de la vigilancia en los lugares de trabajo. Quiere prolongar el programa E-Verify, que expira en 2012 y mediante el cual se verifica el estatus migratorio de los trabajadores.
Smith pretende atacar la estrategia de Obama y su equipo ya está preparando audiencias para alentar más redadas en los lugares de trabajo e investigar las acusaciones de que los funcionarios de Inmigración y Reforzamiento de Aduanas manipulan las cifras para inflar las estadísticas de deportaciones.
De igual manera, se prevé que los legisladores republicanos lancen una iniciativa para revisar la 14 enmienda, a fin de no conceder la ciudadanía a los hijos de indocumentados; también analizarán medidas para reducir el monto de partidas federales a ciudades que no realicen acciones suficientes para identificar a los indocumentados.
Se espera que debatan expandir el programa voluntario “comunidades seguras”, suscrito por ciudades para identificar a migrantes que tengan antecedentes criminales —haciendo excepción de los estudiantes, que no son considerados objetivos prioritarios.
En Texas se han interpuesto más de 15 iniciativas antiinmigrantes a ser consideradas en enero próximo. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, hasta noviembre siete legislaturas estatales (Carolina del Sur, Pennsylvania, Minnesota, Rhode Island, Michigan, Texas e Illinois), habían introducido iniciativas como la iniciativa antiinmigrante de Arizona SB1070.
Este año los republicanos ya mostraron abiertamente lo que pueden hacer contra los migrantes: justo con la SB1070 y el bloqueo a la Dream Act.
“Es lamentable que, con esta decisión el Senado haya despreciado la importancia legalizar a miles de jóvenes que representan el futuro de Estados Unidos, mientras que apuestan por políticas que van contra los inmigrantes en todo el país”, lamentó el presidente de la Cámara Hispana de Comercio, Javier Palomarez. (Con información de agencias).
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