La Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa por el presunto secuestro de 50 migrantes en Oaxaca, a manos de Los Zetas, informaron funcionarios de esa dependencia, quienes señalaron que sí hay elementos para presumir la existencia de ese delito.
Indicaron que tras la declaración ministerial que rindieron 12 indocumentados —la madrugada y mañana de este viernes, en calidad de testigos—, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada determinó iniciar una averiguación por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Por su parte, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera Herrera, mencionó que dependerá del agente del Ministerio Público federal si llama a declarar al padre Alejandro Solalinde, responsable del albergue Hermanos del Camino, ubicado en Oaxaca, quien denunció el plagio.
Los migrantes que declararon ayer fueron trasladados de la estación migratoria Las Agujas, en Iztapalapa, a la SIEDO, donde fueron interrogados. Posteriormente, fueron regresados a esa base del Instituto Nacional de Migración.
En tanto, funcionarios de esa dependencia pricisaron que son 18 y no 13 los migrantes que cuentan con protección especial en Las Agujas, de los cuales seis no quisieron declarar. Comentaron que entre los extranjeros que sí rindieron declaración destacan seis guatemaltecos y dos salvadoreños.
La averiguación previa se inició 72 horas después del roce diplomático entre México con las cancillerías de Guatemala, Honduras y El Salvador.
El martes pasado, El Salvador demandó una investigación por el secuestro de los migrantes que viajaban en tren en la comunidad de Chahuites, Oaxaca, y exigió la protección de Solalinde.
Sin embargo, las autoridades mexicanas dijeron no tener conocimiento de ese suceso, lo que propició que el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, criticara que nuestro país destinara mayores recursos para detener indocumentados y no para atacar al narco.
Protesta de Amnistía
Amnistía Internacional y organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno de México garantizar la seguridad de los migrantes que se encuentran en el albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, y la del padre Alejandro Solalinde, sus colaboradores y personal adscrito a las representaciones consulares centroamericanas de la zona, ante las amenazas de muerte recibidas.
En apoyo al trabajo que realiza el cura, Amnistía Internacional inició una campaña para que se garantice su seguridad y repudió los ataques contra migrantes.
En su página web, el organismo internacional subió un oficio que debe ser enviado al secretario de Gobernación, Francisco Blake, en el que se señala: “Le escribo para expresar mi preocupación ante el acoso y la intimidación que el padre Alejandro Solalinde Guerra, defensor de derechos humanos, lleva varios años sufriendo por parte de funcionarios del estado y residentes en la zona.
“Nadie ha rendido cuentas por estos hechos y el padre Solalinde no ha recibido la protección necesaria para llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias.”
El sacerdote dirige un albergue que ofrece un lugar seguro a los migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos y se exponen a sufrir abusos de bandas delictivas y funcionarios del estado.
México • Rubén Mosso, El Universal, 25 de diciembre.
Indicaron que tras la declaración ministerial que rindieron 12 indocumentados —la madrugada y mañana de este viernes, en calidad de testigos—, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada determinó iniciar una averiguación por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Por su parte, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera Herrera, mencionó que dependerá del agente del Ministerio Público federal si llama a declarar al padre Alejandro Solalinde, responsable del albergue Hermanos del Camino, ubicado en Oaxaca, quien denunció el plagio.
Los migrantes que declararon ayer fueron trasladados de la estación migratoria Las Agujas, en Iztapalapa, a la SIEDO, donde fueron interrogados. Posteriormente, fueron regresados a esa base del Instituto Nacional de Migración.
En tanto, funcionarios de esa dependencia pricisaron que son 18 y no 13 los migrantes que cuentan con protección especial en Las Agujas, de los cuales seis no quisieron declarar. Comentaron que entre los extranjeros que sí rindieron declaración destacan seis guatemaltecos y dos salvadoreños.
La averiguación previa se inició 72 horas después del roce diplomático entre México con las cancillerías de Guatemala, Honduras y El Salvador.
El martes pasado, El Salvador demandó una investigación por el secuestro de los migrantes que viajaban en tren en la comunidad de Chahuites, Oaxaca, y exigió la protección de Solalinde.
Sin embargo, las autoridades mexicanas dijeron no tener conocimiento de ese suceso, lo que propició que el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, criticara que nuestro país destinara mayores recursos para detener indocumentados y no para atacar al narco.
Protesta de Amnistía
Amnistía Internacional y organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno de México garantizar la seguridad de los migrantes que se encuentran en el albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, y la del padre Alejandro Solalinde, sus colaboradores y personal adscrito a las representaciones consulares centroamericanas de la zona, ante las amenazas de muerte recibidas.
En apoyo al trabajo que realiza el cura, Amnistía Internacional inició una campaña para que se garantice su seguridad y repudió los ataques contra migrantes.
En su página web, el organismo internacional subió un oficio que debe ser enviado al secretario de Gobernación, Francisco Blake, en el que se señala: “Le escribo para expresar mi preocupación ante el acoso y la intimidación que el padre Alejandro Solalinde Guerra, defensor de derechos humanos, lleva varios años sufriendo por parte de funcionarios del estado y residentes en la zona.
“Nadie ha rendido cuentas por estos hechos y el padre Solalinde no ha recibido la protección necesaria para llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias.”
El sacerdote dirige un albergue que ofrece un lugar seguro a los migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos y se exponen a sufrir abusos de bandas delictivas y funcionarios del estado.
México • Rubén Mosso, El Universal, 25 de diciembre.
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