La reforma constitucional en materia de derechos humanos, “una de las más relevantes en la historia del país”, está de regreso en el Senado y la intención es que se apruebe en cuanto comience el periodo de sesiones de febrero, aunque uno de los cambios que se hicieron a la legislación en la Cámara de Diputados ha causado controversia.
Se trata de la modificación que da mayor poder al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que hasta ahora había sido un órgano sólo de consulta.
La reforma estuvo detenida ocho meses en San Lázaro, fundamentalmente por la oposición a que pase a la CNDH la facultad que tiene ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación de investigar violaciones graves de garantías fundamentales. Casi al final periodo que concluyó el 15 de diciembre pasado la Cámara de Diputados finalmente aprobó esa minuta, pero condicionó la nueva potestad de la CNDH.
Ésta podrá investigar violaciones graves de derechos humanos, pero tendrá que ser autorizada por su consejo consultivo. “Por ello el nombramiento de los consejeros adquiere mayor relevancia”, comentó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro Joaquín Coldwell.
Liga con la ultraderecha
Se le hizo notar que en el Senado está detenido en ese órgano legislativo el nombramiento de dos integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, porque el Partido Acción Nacional pretende imponer a José Antonio Ortega Sánchez, a quien se vincula con organizaciones de corte ultraderechista.
“Es importante que el Senado cuide los nombramientos y también que las organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de derechos humanos, estén muy pendientes del proceso”, respondió.
Hizo notar que la reforma constitucional obliga a que se emita otra Ley Orgánica de la CNDH, en la que se deberá precisar el procedimiento por el que el Consejo Consultivo deberá autorizar las investigaciones sobre violaciones graves de derechos humanos.
Los diputados argumentaron que en la Suprema Corte ésta era una facultad colegiada y que al pasar a la CNDH no podría ser decisión de una sola persona, sino que también tendría que ser colegiada. Indicaron que, por mayoría calificada, el Consejo Consultivo de la comisión deberá autorizar el inicio de una investigación referida a un hecho grave de violación de derechos humanos y participar además en la misma.
El legislador priísta comentó que este cambio puede ser modificado en el Senado, aunque entonces la reforma tendría que regresar otra vez a la Cámara de Diputados. Es algo, dijo, que los senadores deberán valorar, ya que retrasaría el proceso del Constituyente Permanente.
Además, resaltó, otros cambios que plantearon los diputados enriquecen la minuta. “A mi juicio, el más significativo es que en el artículo primero introdujeron el principio pro homine para la interpretación de los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales. Ya en sí la minuta que les enviamos constituye una ampliación considerable de los derechos fundamentales de los mexicanos, y con la introducción de este principio se hace mucho más amplio este sentido garantista.”
Otro avance radica en el sentido de “prohibir la discriminación por motivos sexuales. Y en el caso del artículo 29 vuelven a establecer algo que habíamos eliminado: que la Comisión Permanente puede declarar suspensión de garantías cuando el Congreso no está en periodo de sesiones”.
Por todo ello, en el Senado, “muy probablemente lo que va a prevalecer es darle ya salida a esta reforma y mandarla en febrero a los congresos de los estados, porque aporta mucho”.
Es, detalló, “una reforma extraordinaria, que amplía los derechos de los mexicanos a los tratados internacionales; establece un piso de garantías que no podrán ser tocadas ni restringidas en ningún caso, aun cuando se declarara un estado de emergencia; modifica artículos que han sido intocables y hasta míticos en la Constitución, como el 33 para conceder a los extranjeros el derecho de ser escuchados antes de su expulsión”.
Asimismo –insistió– se le conceden facultades relevantes a la CNDH, incluso potestades que la Corte no le había reconocido, como poder impugnar leyes e interponer controversias constitucionales contra tratados internacionales. Se le da competencia para conocer violaciones en materia laboral, campo donde hay muchísimas violaciones.
“Otra virtud de la reforma es que da dientes a la CNDH, para mayor eficacia en sus investigaciones y también para que se cumplan sus recomendaciones. Ninguna autoridad le podrá ahora negar información que requiera, tendrá incluso acceso a información reservada.
“Es la gran reforma de la última década, la más garantista junto con la reciente en materia de amparo”, concluyó.
Se trata de la modificación que da mayor poder al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que hasta ahora había sido un órgano sólo de consulta.
La reforma estuvo detenida ocho meses en San Lázaro, fundamentalmente por la oposición a que pase a la CNDH la facultad que tiene ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación de investigar violaciones graves de garantías fundamentales. Casi al final periodo que concluyó el 15 de diciembre pasado la Cámara de Diputados finalmente aprobó esa minuta, pero condicionó la nueva potestad de la CNDH.
Ésta podrá investigar violaciones graves de derechos humanos, pero tendrá que ser autorizada por su consejo consultivo. “Por ello el nombramiento de los consejeros adquiere mayor relevancia”, comentó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro Joaquín Coldwell.
Liga con la ultraderecha
Se le hizo notar que en el Senado está detenido en ese órgano legislativo el nombramiento de dos integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, porque el Partido Acción Nacional pretende imponer a José Antonio Ortega Sánchez, a quien se vincula con organizaciones de corte ultraderechista.
“Es importante que el Senado cuide los nombramientos y también que las organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de derechos humanos, estén muy pendientes del proceso”, respondió.
Hizo notar que la reforma constitucional obliga a que se emita otra Ley Orgánica de la CNDH, en la que se deberá precisar el procedimiento por el que el Consejo Consultivo deberá autorizar las investigaciones sobre violaciones graves de derechos humanos.
Los diputados argumentaron que en la Suprema Corte ésta era una facultad colegiada y que al pasar a la CNDH no podría ser decisión de una sola persona, sino que también tendría que ser colegiada. Indicaron que, por mayoría calificada, el Consejo Consultivo de la comisión deberá autorizar el inicio de una investigación referida a un hecho grave de violación de derechos humanos y participar además en la misma.
El legislador priísta comentó que este cambio puede ser modificado en el Senado, aunque entonces la reforma tendría que regresar otra vez a la Cámara de Diputados. Es algo, dijo, que los senadores deberán valorar, ya que retrasaría el proceso del Constituyente Permanente.
Además, resaltó, otros cambios que plantearon los diputados enriquecen la minuta. “A mi juicio, el más significativo es que en el artículo primero introdujeron el principio pro homine para la interpretación de los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales. Ya en sí la minuta que les enviamos constituye una ampliación considerable de los derechos fundamentales de los mexicanos, y con la introducción de este principio se hace mucho más amplio este sentido garantista.”
Otro avance radica en el sentido de “prohibir la discriminación por motivos sexuales. Y en el caso del artículo 29 vuelven a establecer algo que habíamos eliminado: que la Comisión Permanente puede declarar suspensión de garantías cuando el Congreso no está en periodo de sesiones”.
Por todo ello, en el Senado, “muy probablemente lo que va a prevalecer es darle ya salida a esta reforma y mandarla en febrero a los congresos de los estados, porque aporta mucho”.
Es, detalló, “una reforma extraordinaria, que amplía los derechos de los mexicanos a los tratados internacionales; establece un piso de garantías que no podrán ser tocadas ni restringidas en ningún caso, aun cuando se declarara un estado de emergencia; modifica artículos que han sido intocables y hasta míticos en la Constitución, como el 33 para conceder a los extranjeros el derecho de ser escuchados antes de su expulsión”.
Asimismo –insistió– se le conceden facultades relevantes a la CNDH, incluso potestades que la Corte no le había reconocido, como poder impugnar leyes e interponer controversias constitucionales contra tratados internacionales. Se le da competencia para conocer violaciones en materia laboral, campo donde hay muchísimas violaciones.
“Otra virtud de la reforma es que da dientes a la CNDH, para mayor eficacia en sus investigaciones y también para que se cumplan sus recomendaciones. Ninguna autoridad le podrá ahora negar información que requiera, tendrá incluso acceso a información reservada.
“Es la gran reforma de la última década, la más garantista junto con la reciente en materia de amparo”, concluyó.
Andrea Becerril, La Jornada, 27 de diciembre.
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