El canciller de Honduras, Mario Canahuati, dijo que no se ha cumplido ninguno de los acuerdos ministeriales para la seguridad de los migrantes adoptados en octubre pasado por 17 países de la región, y se sumó a las críticas contra el gobierno de México por “la falta de acciones” para impedir que el crimen organizado siga perpetrando plagios masivos en su paso a Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que no es con recriminaciones o acusaciones como se resolverá este fenómeno, luego de que el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, también cuestionó el miércoles que el gobierno de México destine recursos para detener a inmigrantes y no a los grupos del narco que los secuestran.
En entrevistas con radiodifusoras de su país y mexicanas, Canahuati dijo que su gobierno, junto con los de Guatemala y Honduras, está profundamente preocupado por los 50 inmigrantes secuestrados el 16 de diciembre, en Chahuites, Oaxaca, pues han pasado los días sin que se sepa sobre su paradero y temen que se repita la tragedia de San Fernando, Tamaulipas, por lo que demandaron una exhaustiva investigación y que se localice a las víctimas.
El diplomático comentó que si bien el gobierno de México tiene “buenas intenciones” para impedir que estos plagios ocurran, no ha tomado las medidas necesarias: “No quiero hablar de complicidad (entre el crimen organizado y autoridades mexicanas), sino de falta de acciones”, lo que permite que narcotraficantes como Los Zetas y Las Maras “operen con éxito” y los plagios se hayan incrementado hasta llegar a 20 mil en un año.
Canahuati dijo: “Si ya se sabe que estos delitos se realizan en la vía férrea, uno esperaría que se montaran operativos en estos trayectos, se montaran oficinas de denuncia y atención a migrantes”.
El diplomático dijo que los acuerdos adoptados en octubre pasado, en la Reunión Ministerial sobre Delincuencia Organizada Transnacional y Seguridad de los Migrantes en México “ninguno se ha puesto en práctica (…) pareciera que a los foros llegamos a comprometernos, pero al final todo esto queda sólo en palabras”.
El miércoles pasado, Relaciones Exteriores dijo que “el gobierno de México reitera su disposición a seguir apoyando a los países centroamericanos en el cumplimiento de las acciones acordadas en esa oportunidad”.
Entre los acuerdos a los que se comprometieron, están: emprender acciones para promover y facilitar la denuncia de los delitos cometidos contra migrantes, a través de medidas como las líneas telefónicas especiales y seguras; fomentar políticas públicas dirigidas a crear mayor conciencia en materia de derechos humanos de los migrantes y proveer atención a quienes son víctimas de estos delitos.
También se estableció en ese entonces, aumentar la profesionalización de los cuerpos de control migratorio, entre otras acciones.
La noche de ayer, la Procuraduría General de la República tomaba la declaración a 13 ciudadanos centroamericanos sobre el presunto secuestro de sus connacionales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que no es con recriminaciones o acusaciones como se resolverá este fenómeno, luego de que el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, también cuestionó el miércoles que el gobierno de México destine recursos para detener a inmigrantes y no a los grupos del narco que los secuestran.
En entrevistas con radiodifusoras de su país y mexicanas, Canahuati dijo que su gobierno, junto con los de Guatemala y Honduras, está profundamente preocupado por los 50 inmigrantes secuestrados el 16 de diciembre, en Chahuites, Oaxaca, pues han pasado los días sin que se sepa sobre su paradero y temen que se repita la tragedia de San Fernando, Tamaulipas, por lo que demandaron una exhaustiva investigación y que se localice a las víctimas.
El diplomático comentó que si bien el gobierno de México tiene “buenas intenciones” para impedir que estos plagios ocurran, no ha tomado las medidas necesarias: “No quiero hablar de complicidad (entre el crimen organizado y autoridades mexicanas), sino de falta de acciones”, lo que permite que narcotraficantes como Los Zetas y Las Maras “operen con éxito” y los plagios se hayan incrementado hasta llegar a 20 mil en un año.
Canahuati dijo: “Si ya se sabe que estos delitos se realizan en la vía férrea, uno esperaría que se montaran operativos en estos trayectos, se montaran oficinas de denuncia y atención a migrantes”.
El diplomático dijo que los acuerdos adoptados en octubre pasado, en la Reunión Ministerial sobre Delincuencia Organizada Transnacional y Seguridad de los Migrantes en México “ninguno se ha puesto en práctica (…) pareciera que a los foros llegamos a comprometernos, pero al final todo esto queda sólo en palabras”.
El miércoles pasado, Relaciones Exteriores dijo que “el gobierno de México reitera su disposición a seguir apoyando a los países centroamericanos en el cumplimiento de las acciones acordadas en esa oportunidad”.
Entre los acuerdos a los que se comprometieron, están: emprender acciones para promover y facilitar la denuncia de los delitos cometidos contra migrantes, a través de medidas como las líneas telefónicas especiales y seguras; fomentar políticas públicas dirigidas a crear mayor conciencia en materia de derechos humanos de los migrantes y proveer atención a quienes son víctimas de estos delitos.
También se estableció en ese entonces, aumentar la profesionalización de los cuerpos de control migratorio, entre otras acciones.
La noche de ayer, la Procuraduría General de la República tomaba la declaración a 13 ciudadanos centroamericanos sobre el presunto secuestro de sus connacionales.
Silvia Otero, El Universal, 24 de diciembre.
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