Acusan impunidad militar en caso Inés y Valentina

La justicia no ha llegado para las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de violación sexual y tortura por parte del Ejército, denunció la organización Tlachinollan.

Indicó que a dos años de notificadas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en que acreditaron las violaciones a derechos humanos que padecieron ambas mujeres en el 2002, cuando tenían 25 y 17 años, respectivamente, no han sido acatados a cabalidad los fallos que implicaban reparación individual, colectiva, estructural y comunitaria.

"Pese a que las sentencias tienen un carácter definitivo e inapelable, el Estado mexicano no ha dado pasos efectivos suficientes para el cumplimiento de la totalidad de las medidas de reparación. Esto es particularmente notable respecto de los nulos avances en las investigación de las violaciones sexuales cometidas por los elementos del Ejército mexicano, atribuibles a la falta de cooperación de la Secretaría de la Defensa Nacional con la Procuraduría General de la República", afirmó Tlachinollan en un comunicado.

La organización cuestionó la falta de cooperación de la Sedena en la investigación de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres (Fevimtra), motivo por el cual, agregó, el organismo no ha consignado ante la justicia federal los expedientes del caso.

De la Secretaría de Gobernación, lamentó que no dé seguimiento a la concreción de medidas transexenales que garanticen la reparación del daño a víctimas de violaciones a sus derechos humanos, entre las que está la creación de un fideicomiso público, así como también medidas educativas, comunitarias y de salud.

"En lo tocante al Poder Judicial, es el momento oportuno para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicie la discusión del Expediente Varios 1396/2012, hoy en la ponencia del Ministro Ortiz Mayagoitia, relativo a la determinación de las obligaciones que para la judicatura emanan de las sentencias dictadas por el Tribunal Interamericano en los casos de ambas mujeres", agregó.

También consideran que al Poder Ejecutivo le falta reparar el daño, ante el inminente fin de sexenio, y que el Senado tiene pendiente reformar el Código de Justicia Militar, como ha sido ordenado en cuatro sentencias de la CIDH.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña lanzó una campaña llamada "Contra la impunidad militar: Verdad, justicia y reparación para Inés Fernández y Valentina Rosendo" que durante septiembre logró la firma de mil 300 personas de México y otros países, como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Suiza, España, Argentina, entre otros.

Además, de la organizaciones pertenecientes a Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura (ACAT), para pedir al Presidente Felipe Calderón la cooperación de la Sedena y la PGR, y que los culpables sean juzgados antes de que termine el sexenio.

"Para Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, es imprescindible señalar que en el segundo aniversario de la emisión de las sentencias y a más de diez años de la agresión militar, la impunidad permanece intocada. En ese sentido, pese al desgaste acumulado, ambas mujeres Me'phaa seguirán demandando justicia con la determinación y valentía que lo han hecho a lo largo de todos estos años", concluyó.

 
 
 
ASÍ LO DIJO
 
"Pese a que las sentencias tienen un carácter definitivo e inapelable, el Estado mexicano no ha dado pasos efectivos suficientes para el cumplimiento de la totalidad de las medidas de reparación".

Organización Tlachinollan

Reforma, 1º de octubre.