En 1997 reportaron a ONU 116 casos de tortura; en 2011, CNDH recibió 1,669 quejas de ese tipo y por tratos crueles

Golpes indiscriminados, asfixia con bolsas de plástico, sumergir la cabeza de la víctima en agua, el “tehuacanazo”,descargas eléctricas o violaciones sexuales; pero las cifras de tortura y tratos crueles en México van en aumento.

Casos como el de Ayotzinapa; el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas violadas y torturadas por militares en 2002; Bonfilio Rubio Villegas, indígena ejecutado extrajudicialmente por soldados en junio de 2009; e Israel Arzate Meléndez, torturado por militares para firmar una confesión e implicarlo en el asesinato de 13 jóvenes en enero de 2010, en Villas de Salvárcar, son algunos de los casos que presentarán organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro Prodh, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, al Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU, el cual mañana iniciará la revisión del quinto y sexto informe que entregó el Estado mexicano.

En 1997, meses después que el Estado entregó su tercer informe al CAT, a Sir Nigel Rodley, Relator especial de las Naciones Unidas, le fue entregada información sobre 116 casos de tortura.

A quince años, el panorama es desolador. De 1999 a julio de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 184 quejas por tortura y 6 mil 604 por trato cruel, inhumano y degradante; el año 2011 fue en el que se recibieron más casos, 42 por tortura y mil 627 por tratos crueles.

En el caso de la organización Tlachinollan, en su documento expresa su preocupación por la situación en la que se encuentra el estado de Guerrero, una de las entidades más rezagadas en materia de derechos humanos.

De acuerdo con el artículo 15 del CAT, “todo Estado parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración”.

Sin embargo, la organización acusó que casos como el de los normalistas de Ayotzinapa, ponen en evidencia que en México la tortura no se investiga de manera efectiva.

El 12 de diciembre de 2011, normalistas de manifestaron en la autopista México-Acapulco, para desalojarlos las autoridades locales y federales utilizaron armas de fuego, tres personas perdieron la vida, dos por proyectil de arma de fuego y uno más por quemaduras al intentar sofocar el fuego en una gasolinera.

Elementos de diferentes corporaciones policiales detuvieron arbitrariamente a 42 personas, 24 de las cuales fueron sometidas a golpes de palos y toletes, una persona (Gerardo Torres Pérez) fue torturado y golpeado con lujo de violencia, además de haber sido acusado indebidamente de haber disparado un arma de grueso calibre.

En su informe, la CNDH señaló que hubo violaciones graves a los derechos humanos por parte de los 239 servidores públicos, se observó el uso indebido de armas de fuego y que las autoridades no actuaron con eficiencia

“Se observaron graves violaciones a los derechos a la vida, a la seguridad e integridad, a la libertad, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la legalidad”, indicó la CNDH en su recomendación.

En ese sentido, se pide en el documento enviado al CAT, que el Estado mexicano presente información pormenorizada y desagregada sobre la situación de tortura por cada entidad e impulsar la reforma al Código de Justicia Penal para incluir la tipificación del delito de tortura.

En el otro informe, el Centro Prodh solicita al CAT que pida al Estado poner fin al uso de tortura para fabricar culpables y que en el caso de Israel Arzate se impida que sea procesado por algo que no cometió, además de que se sancione a los verdaderos responsables de la matanza de Villas de Salvárcar.

Dennis A. García, La Crónica, 29 de octubre.