No proceden demandas a periodistas: investigador

PUEBLA.- Las demandas interpuestas por el gobierno de Puebla contra dos periodistas son improcedentes e inconstitucionales, afirmó Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Durante su visita a esta ciudad, planeada específicamente para hablar sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en Puebla, dijo que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas tiene derecho a demandar a cualquiera que lo difame, pero de manera personal y con recursos propios.

“Los gobernantes son nuestros empleados, no pueden ocupar recursos públicos para demandar periodistas. El gobernador puede demandar si se daña su honra, pero como persona física y con sus recursos”, explicó el especialista.

Recalcó que no se puede delegar en un tercero —en este caso el director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles— la facultad de interponer denuncias por agravios al Ejecutivo o sus funcionarios.

Explicó que por ética periodística los informadores están obligados a probar sus aseveraciones, particularmente cuando señalan a una persona. Dijo que Moreno Valle no debe tener un nivel de tolerancia absoluta, pero sí respeto a la ley y al erario, el cual no debe destinar a asuntos personales como la defensa de su honra.

Recordó que desde las modificaciones al Código Civil y Penal de Puebla para despenalizar la difamación hay huecos legales, como la posibilidad de que el vocero de gobierno demande a reporteros en nombre del mandatario o funcionarios.

Dijo que Fabián Gómez y Adrián Ruiz, reporteros demandados el martes pasado, pueden promover un amparo, aunque previó que las demandas no progresarán ante la autoridad judicial.

A la conferencia de prensa asistió el vocero del gobierno de Puebla, Sergio Ramírez, acompañado de dos reporteros de Comunicación Social, pero no respondió preguntas.

Por su lado, el presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso local, Édgar Salomón Escorza, admitió que no existe la ley complementaria a la despenalización de la difamación —aprobada en febrero de 2011— y por tanto las demandas contra los periodistas no procederían.

Según el dictamen que aprobó la legislatura local para despenalizar la difamación y la calumnia, es necesario crear una ley complementaria que permita definir en qué casos una acción se considera daño moral.

Sin embargo, a más de un año de que se modificaron los códigos de Defensa Social y Civil para crear la figura de daño moral no se ha integrado la ley complementaria.

“Espero que en este periodo podamos tener ese reglamento. No sabemos si procedan. No es un tema que esté en el tema del legislativo, yo creo que ese tema está en el Poder Judicial. Si no está hecha, pues entonces no está establecido en la ley y pues no (procede)”, indicó Salomón.

El diputado priísta dijo que personalmente siempre se ha pronunciado por la libertad de expresión y el ejercicio periodístico abierto. “Me manifiesto a favor de la libertad de expresión, respeto y respaldo a los medios de comunicación, pero también soy un demócrata y un constitucionalista. En este sentido, me apego a lo que diga la constitución, es un tema judicial y ese orden será quien lo determine”, agregó.

Xóchitl Rangel corresponsal, El Universal, 26 de octubre.