El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Koichiro Matsuura, expresó su “más firme repulsa por los asesinatos perpetrados contra Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, locutoras de la radio trique La voz que rompe el silencio”, quienes el pasado 7 de abril fueron emboscadas cuando se dirigían a cubrir el Encuentro Estatal por la Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca, en la capital del estado.
“Matar periodistas es un crimen odioso que causa un grave perjuicio a la sociedad, pues socava el derecho democrático de los ciudadanos a debatir las cuestiones de interés común disponiendo de información suficiente, y adoptar decisiones políticas con conocimiento de causa”, dijo Koichiro Matsuura, según un despacho de la agencia AFP fechado en París, Francia.
En este contexto, el municipio autónomo de San Juan Copala, autoridades de Yosotatu, el Centro de Orientación y Asesoría de los Pueblos Indígenas, y la Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste de México, responsabilizaron de este crimen a “una banda de pistoleros ligada al Partido Unidad Popular (de registro local)”.
Exigieron una investigación clara e imparcial y el castigo a los autores materiales e intelectuales; además demandaron la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, de la Procuraduría General de la República, y de la visitaduría que investiga los atentados contra comunicadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste Mexicano, integrada por 16 estaciones de Oaxaca y del sur de Veracruz, señaló que este grave atentado “contraviene los principios de libertad de expresión y acceso a los medios de comunicación indígenas reconocidos en nuestra Constitución y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la recientemente publicada Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
En un comunicado expuso que el ataque a un comunicador es también contra la sociedad en general, pero además afrenta a un pueblo indígena con historia, atenta contra su lengua y sus tradiciones y evidencia la intolerancia de ciertos grupos de poder contra la autodeterminación ejercida desde los propios grupos indígenas.
Destacó que la responsabilidad del Estado mexicano en estos hechos debe contemplar una investigación seria, exhaustiva e imparcial y contener medidas concretas para garantizar la seguridad de los colaboradores de La Voz, quienes después del atentado han dejado de transmitir.
Urge, señaló, que las autoridades federales asuman su responsabilidad en este asunto e intervengan, en la medida de su marco legal, coordinadamente con las autoridades de Oaxaca, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra Periodistas y que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada no eluda su compromiso en este caso.
“Matar periodistas es un crimen odioso que causa un grave perjuicio a la sociedad, pues socava el derecho democrático de los ciudadanos a debatir las cuestiones de interés común disponiendo de información suficiente, y adoptar decisiones políticas con conocimiento de causa”, dijo Koichiro Matsuura, según un despacho de la agencia AFP fechado en París, Francia.
En este contexto, el municipio autónomo de San Juan Copala, autoridades de Yosotatu, el Centro de Orientación y Asesoría de los Pueblos Indígenas, y la Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste de México, responsabilizaron de este crimen a “una banda de pistoleros ligada al Partido Unidad Popular (de registro local)”.
Exigieron una investigación clara e imparcial y el castigo a los autores materiales e intelectuales; además demandaron la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, de la Procuraduría General de la República, y de la visitaduría que investiga los atentados contra comunicadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste Mexicano, integrada por 16 estaciones de Oaxaca y del sur de Veracruz, señaló que este grave atentado “contraviene los principios de libertad de expresión y acceso a los medios de comunicación indígenas reconocidos en nuestra Constitución y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la recientemente publicada Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
En un comunicado expuso que el ataque a un comunicador es también contra la sociedad en general, pero además afrenta a un pueblo indígena con historia, atenta contra su lengua y sus tradiciones y evidencia la intolerancia de ciertos grupos de poder contra la autodeterminación ejercida desde los propios grupos indígenas.
Destacó que la responsabilidad del Estado mexicano en estos hechos debe contemplar una investigación seria, exhaustiva e imparcial y contener medidas concretas para garantizar la seguridad de los colaboradores de La Voz, quienes después del atentado han dejado de transmitir.
Urge, señaló, que las autoridades federales asuman su responsabilidad en este asunto e intervengan, en la medida de su marco legal, coordinadamente con las autoridades de Oaxaca, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra Periodistas y que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada no eluda su compromiso en este caso.
Nota de AFP, Octavio Vélez y Emir Olivares, La Jornada, 12 de abril.
0 Responses to "Condena la Unesco el asesinato de dos locutoras de la radio trique"
Publicar un comentario